Derechos Humanos
Injustas condenas a dos luchadores del 2017
Desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, el Juez Javier Ríos dictó sentencia contra Daniel Ruiz y César Arakaki, militantes del PSTU y del PO en un juicio injusto. Los condenó a 3 años y 4 meses a Arakaki y 3 años de cumplimiento efectivo a Ruiz, por considerarlos coautores de lesiones en ocasión de agresión, atentado e intimidación publica y atentado contra la autoridad agravado por presunta utilización de armas. Fueron acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional votada ese mismo día por el Congreso. Las movilizaciones de diciembre de 2017 dieron respuesta a una injusta ley contra las jubilaciones y un proyecto de reforma laboral que quiso implementar el gobierno de Macri, frenado este último por un pueblo que no permitió tal atropello. De igual manera en ese momento y actualmente el FMI presiona para que los gobiernos de turno profundicen las medidas de ajuste contra nuestro pueblo.
En noviembre de 2019 fueron imputados 5 de lxs manifestantes que en diciembre de 2017 participaron del rechazo y repudio a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Macri, cuando de miles de trabajadores y desocupadxs coparon las calles de Congreso. La jornada del 18 de diciembre de 2017 comenzó con represión cerca del Congreso y afectó a manifestantes y legisladores que allí se encontraban. En respuesta a la represión hubo una lluvia de piedras a la policía. Varixs manifestantes resultaron mal heridxs y varios perdieron la visión porque la policía apuntaba a los ojos para disparar con balas de goma o gas lacrimógeno.
Algunas organizaciones hicieron un acto de apoyo y acompañamiento a Ruiz, quien estuvo detenido durante un año en la cárcel de Marcos Paz. Fue frente a las puertas de Comodoro Py antes de la sentencia, exigiendo absolución de los condenados y también de Sebastián Romero, otro de los manifestantes detenidos, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.
La condena a Ruiz y Arakaki es injusta ya que no hay pruebas suficientes para tal resolución. Una vez más quieren criminalizar la protesta y mostrar al pueblo lo que son capaces de hacer si hay un reclamo legítimo de los de abajo.
El Partido de la Liberación estuvo en aquellas luchas de 2017 y apoya la absolución de los compañeros que hoy están siendo condenados a prisión, al igual que la libertad de Milagro Sala, Facundo Molares, Jones Huala y todos los presos políticos. No a la criminalización de las protestas. Fuera el FMI de Argentina.
Lo ocurrido con Arakaki y Ruiz es una nueva prueba de que hay que cambiar de raíz el Poder Judicial, con una reforma largamente prometida por el Frente de Todos y nunca concretada.
TERE DEL VALLE