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El modelo de ajuste cierra con represión

            Hace un año el Congreso aprobaba el acuerdo alcanzado por Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, mientras en las calles miles de activistas y luchadores manifestaban su oposición. El gobierno del Frente de Todxs pretendió hacer pasar por bueno dicho acuerdo, votado también por el macrismo, argumentando que no implicaba “ni reforma laboral ni previsional” y negaba que fueran a aplicarse políticas de ajuste. Tremenda mentira, teniendo en cuenta la historia del FMI en Argentina y el mundo.

            Estamos ante un co-gobierno del FMI con el Frente de Todxs, ya que aquel organismo financiero fija las metas a las que se somete la política económica, ahora con Sergio Massa. Y se revisan cada tres meses el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad de Kristalina Georgieva. De esta forma, Argentina resigna su soberanía económica, a más de haber legitimado una deuda fraudulenta, contraída por el gobierno de Macri a espaldas del Congreso y el pueblo. El acuerdo con el FMI agravó los problemas que ya presentaba la economía, como la inflación. La reducción del déficit fiscal se descarga implacable sobre los sectores populares, con salarios y jubilaciones que pierden poder adquisitivo, baja de planes sociales, aumentos de tarifas, precarización laboral, cierre de servicios hospitalarios y de programas sociales, etc.

            La inflación de febrero fue mayor que la de enero, que a su vez había sido más alta que la de diciembre. La promesa de Massa de bajarla al 3% para abril no se la cree ni él mismo. Su promocionada política de “Precios Justos” ha sido otro fracaso, al no apuntar al núcleo del problema inflacionario, que son los monopolios formadores de precios.

            Los aumentos de precios de alimentos se desbocaron en las últimas semanas  agravando a límites casi imposibles la realidad de las familias trabajadoras; un gran porcentaje de ellas no alcanza a cubrir siquiera la canasta alimentaria. Con especial incidencia en las infancias y los adultos mayores: cada día más compatriotas se saltean comidas, en un país que exporta granos, carnes y alimentos.

            La resistencia a este plan de ajuste viene creciendo, destacándose las luchas del sector docente, que se encuentra en conflicto en varias provincias como Córdoba y Mendoza, con paros por aumento de salarios. También los trabajadores de la Salud, de bajas remuneraciones y alta precarización laboral, están reclamando mejoras.

            Esas luchas están creciendo a pesar de la actitud complaciente de la mayoría de las conducciones sindicales, que frente a la gravedad de la situación no se han planteado no ya un plan de lucha, sino siquiera un petitorio reclamando al gobierno que frene la escalada inflacionaria en los alimentos y disponga por decreto un aumento general de salarios y jubilaciones.

            Como la crisis va en escalada y se vislumbra un futuro conflictivo, en un año electoral, desde la oposición de derecha se agita el fantasma de una “explosión social”. No sería para promover una rebelión popular que ponga en crisis el modelo de explotación y sometimiento al FMI, sino para plantear una salida represiva, tal como lo expresó José Luis Espert al amenazar con “cárcel o bala” al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

            Esa salida represiva no es patrimonio exclusivo de Juntos por el Cambio o la ultra derecha de Milei y Espert. En Salta y Córdoba, gobernadas por el peronismo, se están debatiendo proyectos para la “regulación” de la protesta social, en realidad, para prohibirla y criminalizarla. En la provincia gobernada por Schiaretti, se ha elevado a juicio oral una causa por “amenazas” contra integrantes de la asamblea ambiental que se opone a la Autovía de Punilla. Ya el año pasado hubo represión en la movilización frente al Congreso, cuando se aprobó el acuerdo con el FMI. En Chaco y Salta han habido operativos represivos contra comunidades originarias, así como en octubre de 2022 se realizó un cruento desalojo en la Lafken Winkul Mapu, a cargo del Comando Unificado de fuerzas federales con las rionegrinas. De esa represión, permanecen detenidas cuatro hermanas mapuche, junto con sus pichikeyes (hijes). También se reprimió y se detuvo activistas sociales en Mendoza.

            El debate sobre el uso de las pistolas Taser marcó el triunfo de las tesis represivas (ver nota aparte). Antes el FdT se negaba a otorgar permiso al jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, para comprar esas armas. Hoy el ministerio de Seguridad, de Aníbal Fernández, compró para la Policía Federal y autorizó también a la de CABA. Adquirió 100 de esas pistolas consideradas por las Naciones Unidas como  “un método de tortura”.

            Ante esta ofensiva represiva, sea por la acción directa de la policía, sea mediante causas judiciales, etc, es necesaria la resistencia de los trabajadores. Para ello, hay que introducir las consignas democráticas en las luchas por salario, para defender el derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Nacional.

            En el mes de la Memoria, a poco del 24 de Marzo, desde las Agrupaciones de Base Clasistas levantamos las banderas por las que lucharon los compañeros y compañeras desaparecidxs, y decimos: ¡NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO! ¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LOS LUCHADORES!

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