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El gobierno cada vez más cerca de firmar con el Fondo

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            Con la entregadora CGT como auditorio, el ministro de Economía Martín Guzmán remarcó la intención del gobierno de llegar a un acuerdo “rápido” con el Fondo Monetario Internacional por la cuantiosa deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

            El ministro repitió ante el triunvirato cegetista los mismos conceptos que el presidente y los principales funcionarios sostienen sobre las negociaciones: que se quiere pagar la deuda y que el acuerdo al que se llegue será “sin ajustes”.

            El principal problema de ese discurso es que sostiene un imposible: si se le paga al Fondo, aún en las mejores condiciones imaginables, el Estado deberá orientar -más temprano o más tarde- decenas de miles de millones de dólares para enviar al organismo. Si -como esperan las autoridades argentinas- el Fondo aceptara extender los plazos de pago, lo hará estableciendo fuertes condiciones de política económica y cobrando intereses hasta que empiece el pago del capital adeudado.

            Aunque se maquille de buenas intenciones, aunque se ornamente el acuerdo con retórica crítica a la especulación financiera, etc, lo que viene será una profundización del ajuste. Y no se trata de una posición dogmática, como mostraremos a continuación.

            En primer lugar, la aceptación de la deuda implica consentir -como en tantas otras oportunidades en relación con la deuda externa- una verdadera estafa cuyas consecuencias recaerán sobre la gran mayoría de la población. El macrismo recibió u$d 44.000 millones, fondos que no quedaron en el país ni redundaron en ninguna mejora para la economía, la infraestructura, ni las condiciones de vida cotidiana de lxs argentinxs. Mientras ingresaban esos “Derechos Especiales de Giro” (en rigor, no fueron dólares enviados por el Fondo), un puñado de multimillonarios locales, junto a monopolios autóctonos y foráneos, compraban una gran cantidad de divisas para retirarlos del mercado doméstico. Se trata de la famosa “fuga de capitales”, también llamada “Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero”, una expresión que específica que no contempla las operatorias de los bancos. Resumiendo, Macri tomó deuda y  permitió que sectores poderosos fugaran dólares; ahora los Fernández buscan la manera en que los paguemos todos, quizás -a lo sumo- tratando de que las consecuencias sean algo menos luctuosas.

            En segundo lugar, la eventual postergación de los pagos no será gratuita. Y su costo recaerá sobre las mayorías. El Fondo sólo aceptará extender plazos si se arriba a un “programa de facilidades extendidas”: no será una mera postergación de plazos, sino un nuevo préstamo que cubra la deuda actual y genere otra que se empiece a pagar más adelante. La modalidad de “facilidades extendidas” (que el FMI llama “Servicio Ampliado del Fondo”) se plasma con la instalación de “programas integrales que contemplan las políticas necesarias para corregir desequilibrios estructurales durante un período prolongado”. Esto no es interpretación de Liberación, ni de militantes de izquierda, ni siquiera de figuras del trotskismo autóctono: lo expresa la web del FMI.

            Detrás de expresiones como “desequilibrios estructurales” está la visión del organismo que prioriza el superávit fiscal primario (es decir, que ingrese al Estado nacional más de lo que gasta para disponer de recursos que permitan pagar). Eso podría lograrse mediante mayores ingresos del Estado (con impuestos a los más ricos, gravámenes a la especulación, control del comercio exterior, actuación directa del Estado en la producción y en las exportaciones) o .. achicando las inversiones en salud, educación, infraestructura, políticas públicas por la igualdad o contra la violencia de género, y un largo etcétera.

            El primer camino es inviable para el gobierno actual, ya que a duras penas logró imponer un “aporte extraordinario” a los multimillonarios por única vez  y baja alícuota. Y no fue capaz de mantener la estatización de Vicentín (que al menos le hubiera servido para intervenir en el comercio exterior y en la comercialización de granos). En cambio, el gobierno echará mano en aumento de las tarifas, afectando a la clase baja y media, y las PyMEs. Por lo tanto, lo que se viene será más ajuste y tarifazos.

            Peor aún: el Fondo puede requerir que el gobierno tome otras medidas que -según sus técnicos- podrían facilitar la obtención de dólares para pagar. Un informe producido por el organismo el 14 de octubre pasado señalaba cuáles son las reformas que consideran debería adoptar la Argentina (y los demás países del G20). El organismo apunta principalmente a una reforma tributaria y a modificaciones en el mercado laboral, algo que en la perspectiva de los técnicos del Fondo significa “flexibilización laboral”, ya sea mediante leyes o con acuerdos sectoriales con la dirigencia sindical burocrática. En este último camino avanzaron tanto el anterior gobierno como el actual, primero con el petrolero Guillermo Pereyra por la actividad en Vaca Muerta y luego con SMATA para la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

            La deuda contraída por el macrismo con el FMI es absolutamente impagable, ya que deberían destinarse unos u$d 19.000 millones cada vez en los próximos dos años, una cifra que representa bastante más del 4% del PBI anual. La decisión del gobierno de pagarla sólo puede traer ajustes, reformas antiderechos e imposiciones a favor de los exportadores y en contra de la mayoría de la población. Y eso va a provocar enérgicas reacciones populares, en una combativa resistencia de variadas formas.

JORGE RAMÍREZ

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