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¿Cómo sigue la negociación con el Fondo Monetario?

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            El G-20 es un foro internacional en el que participan 19 países más la Unión Europea. También suelen asistir invitados. Su función (al menos en los papeles) es la de brindar un marco de discusión sobre políticas orientadas a la estabilidad financiera.

            En la Cumbre realizada recientemente en Roma, el presidente Alberto Fernández aprovechó plantear diversos puntos de vista relativos al sistema financiero internacional, al que cuestionó por priorizar la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos. A pesar de las críticas vertidas, el mandatario se cuidó de no quedar demasiado a la izquierda, explicitando que no iba a ese encuentro a “renegar del capitalismo”.

            La asistencia de AF a la Cumbre formó parte de una gira en la que también participaron el ministro de Economía Martín Guzmán, el Jefe de Gabinete Manzur y otros funcionarios, y que incluyó reuniones con autoridades del Fondo Monetario y la asistencia al COP26 sobre el Cambio Climático. Para el destino inmediato de nuestro país, la clave fue la repercusión en las negociaciones con el FMI por la deuda de u$D 44.000 millones contraída por el gobierno de Macri y que el Frente de Todos ha decidido “honrar”.

            Habiendo decidido que pagar al FMI es prioritario, el gobierno apunta a lograr una postergación de los pagos que le de aire para mejorar la economía antes de dar lugar a la gigantesca sangría que implica la devolución del préstamo más grande de la historia del Fondo.

            Para mejorar un poco el escenario, la gestión que encabezan les Fernández apuntó a 3 objetivos: la conformación de un Fondo de “Resiliencia y Sostenibilidad”, formado por los sobrantes de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo había resuelto distribuir entre sus miembros como un programa para mitigar las consecuencias económicas y financieras de la pandemia. Ese fondo ayudaría a que los deudores del organismo que encabeza Georgieva tengan mejores condiciones para afrontar sus acreencias (cabe recordar que los DEG otorgados a Argentina se destinaron a pagarle intereses y primera cuota de capital al propio Fondo, ni un centavo a las necesidades ocasionadas o profundizadas por la pandemia).

            En segundo lugar, el equipo de Fernández apuntó a bajar los “sobrecargos” que el Fondo cobra a los países que recibieron préstamos superiores a la cuota que abonan al organismo (obviamente, es el caso de Argentina) y que demoran sus pagos. Esto le cuesta a lxs argentinxs unos u$d 1.000 millones al año.

            Y en tercer lugar busca acordar con el Fondo una cláusula que le permita mejorar las condiciones de pago en caso de que haya mejoras globales en las políticas del organismo respecto del cobro de las deudas. Sólo de esa forma Argentina se podría ver beneficiada con el Fondo de Resiliencia mencionado antes, ya que el mismo recién se constituiría en 2023.

            El gobierno buscó algunas mejoras en la forma de pago con el Fondo, sin tocar en absoluto el reconocimiento de la deuda. Además, aún si consigue todo lo que se propone, sólo tendrá incidencia en un porcentaje muy pequeño del total adeudado. La máxima aspiración del gobierno sigue siendo estirar los plazos de pago por varios años. Para eso, el organismo internacional sólo tiene previsto el mecanismo de Acuerdo de Facilidades Extendidas, lo que posibilita estirar las fechas… a cambio de seguir las famosas  “modificaciones estructurales” de siempre.

¿Qué pretende Ud. de mí?

            ¿Qué quiere el Fondo Monetario que haga la Argentina para viabilizar un acuerdo de Facilidades extendidas?. En el documento publicado por el organismo el 14 de octubre último bajo el pomposo nombre de “Informe sobre un crecimiento sólido, sostenido e inclusivo”, los técnicos plantean recomendaciones para las economía integrantes del G-20. Para nuestro país señala como “de alta prioridad”  la regulación de acceso a los mercados, la reforma tributaria y “políticas activas para el mercado laboral”. Este último eufemismo suele referir a formas de flexibilización laboral, es decir, reducción de derechos laborales. El Fondo coincide con Milei, Macri, Vidal y algunos personajes del FdT en que menos derechos para lxs trabajadorxs implicará más contratos… aunque no haya ejemplos en la historia de que esas cosas vayan juntas.

            El Fondo da una prioridad algo menor a la necesidad de “facilitar/liberalizar los mercados”.  Y, finalmente, promueve “facilitar la protección del empleo” (no de lxs empleadxs) y reducir las cargas impositivas laborales (aportes). En la lista incluye un punto progresista al pedir que se incrementen los recursos destinados al cuidado de menores, a fin de facilitar el acceso al trabajo de quienes actualmente se encargan de esa tarea en el hogar (casi en sus totalidad, mujeres).

            Más allá de la redacción ambigua y más cuidada, los planteos del Fondo son los mismos de siempre.

            Hace unos días el presidente de la Cámara de Diputados (y viejo amigo de la embajada norteamericana, cabe recordar) Sergio Massa, reconoció que el acuerdo con el Fondo exigirá “equilibrio fiscal”. Dado que el gobierno ha decidido reducir impuestos a monopolios agroexportadores, automotrices, gasíferas, petroleras y mineras, tal equilibrio sólo puede provenir del ajuste sobre salarios, políticas públicas e intervención del Estado en necesidades de la población como los subsidios a la luz.

            El “mejor acuerdo posible” con el Fondo significará más ajuste y penuria para las mayorías… mientras se paga la fiesta de los que se beneficiaron con el préstamo obtenido por el macrismo. Por eso hay que luchar hasta el final por la auditoría de la deuda externa y la suspensión de pagos. La única deuda es con el pueblo.

JORGE RAMÍREZ

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