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El proyecto de Salario Básico Universal (SBU) sigue frenado

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La propuesta del Salario Básico Universal (SBU) se basa en razones estructurales en las economías de renta baja que lleva formas de inserción laboral precarias para grandes porciones de la población y coyunturales, como las producidas por el impacto de la pandemia. La recuperación de la actividad económica que según los datos oficiales llevó a que en el primer trimestre de 2022 la tasa de desocupación descienda a 7 por ciento, no se sobrepone a la inflación que ha comido los ingresos de la población trabajadora. El salario de las y los trabajadoras/es no registrados de abril de 2022 acumula una caída de 32 por ciento respecto a diciembre 2015. En efecto, una porción relevante de la población ocupada es pobre: en el cuarto trimestre de 2021, 41 por ciento de las y los trabajadoras/es de la economía popular eran pobres, y si se excluye a este segmento, la pobreza alcanza a uno de cada cuatro trabajadores/as.

Actualmente en el Congreso existe un proyecto presentado por los diputados del Frente Patria Grande, apoyado por Juan Grabois y propone un monto que cubra la canasta básica individual por adulto equivalente, hoy de 14.400 pesos. Pero esta semana la senadora cristinista Juliana Di Tullio mantuvo una ronda de consultas elaborando otro proyecto, destinado a familias de cuatro miembros con ingresos que no alcancen a cubrir la canasta alimentaria.

Las propuestas, sin embargo, no están exentas de detractores. Entre las objeciones de fondo más recurrentes aparecen aquellas que pueden resumirse en la sentencia “antes que subsidiar la pobreza se debe crear empleo de calidad”. En primer lugar, el SBU no iría contra la creación de empleo registrado. Estos planteos también llevan a invisibilización de trabajos de cuidados, tareas del hogar y actividades socio comunitarias en los barrios, usualmente realizadas por mujeres. En segundo lugar, se plantea que el SBU no crea riqueza cuando, por el contrario, la distribución del ingreso mediante transferencias de ingreso genera una inyección de demanda que impulsa la producción y el empleo. No se trata entonces de generar riqueza para luego redistribuirla, sino que la propia redistribución genera riqueza. La implementación de políticas de empleo no contradice ni obstaculiza las políticas de transferencias de ingreso, que pueden incluir diferentes tipos de contraprestaciones, adaptadas a las situaciones de las personas beneficiarias. La creación de empleo de calidad es, por supuesto, un objetivo irrenunciable, que depende de encauzar un sendero de desarrollo económico de largo plazo. Esto es compatible con la garantía de un ingreso mínimo de subsistencia que contribuya a eliminar la indigencia hoy, sin más demoras.

En este contexto crece el reclamo de los sectores más vulnerables. El reclamo tomó fuerza tras la movilización a Plaza de Mayo de las organizaciones sociales por el Día de San Cayetano bajo la consigna “tierra, techo, trabajo y Salario Universal”. La medida está demorada en el Ministerio de Desarrollo Social tras la experiencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se entregó por los efectos de la pandemia hace casi un año.

Según los cálculos que hizo el Frente Patria Grande, la población objetivo sería de 7,5 millones de personas, un número en línea con la cantidad de beneficiarios de Refuerzo de ingresos otorgado este año. El proyecto de Di Tullio es mucho más limitado en cuanto al número de beneficiarios.

El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto de SBU podría ascender al 1,8 por ciento del PIB. Sin embargo, al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7 por ciento del PIB, o 304.877 millones de pesos.

Pese a las demoras y de la divergencia en los proyectos, las organizaciones sociales planean mantener el tema en agenda, mientras Sergio Massa baja línea de austeridad en cada despacho de la Casa Rosada y recibe felicitaciones a su desempeño desde el FMI.

PABLO AGUIRRE

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