LEY DE BASES

Misma porquería de ajuste, privatizaciones y reforma antilaboral

            La media sanción en Diputados de la llamada Ley Bases, refleja que el ajuste se dirige contra el pueblo trabajador y no contra la “casta”, como había prometido en campaña Javier Milei. Los monopolios están de fiesta: son los ganadores si este engendro se aprobara en el Senado.

            Si bien es una versión más reducida de la Ley Ómnibus que fracasó en febrero en  la Cámara Baja, es igual de impiadosa para con los sectores populares. En una cruel paradoja, la media sanción fue aprobada en la víspera del Día del/la Trabajador/a, como un amargo “presente” del gobierno de La Libertad Avanza y sus empresarios amigos. Para ello contaron con los votos de sus aliados “dialoguistas” (léase “entreguistas”) del PRO, radicales y peronistas del bloque de Miguel Angel Pichetto, más los ex Unión por la Patria que responden al gobernador tucumano Jaldo. Para el Senado, ya están dando el sí también los senadores de UxP de Catamarca.

            Fue la primera victoria parlamentaria -parcial – del gobierno facho libertario, luego del cachetazo propinado por la comunidad universitaria que marchó el 23 de abril en defensa de la Educación Pública. Fue una multitudinaria movilización contra la Motosierra que quiere aplicar Milei al presupuesto educativo.

            De esa gran movida se bajó rápidamente la UBA, que acordó por separado con el gobierno nacional, para que le girara los fondos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 300 por ciento. Es una migaja, pues no contempla los salarios del personal docente, no docente ni autoridades, pero sirvió para que esa Universidad se cortara sola y dividiera la lucha. El resto de las casas de estudio siguen reclamando…

AJUSTE AL ESTADO

            La ley incluye la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Y otorga facultades legislativas al presidente para proceder a la reforma del Estado, copiando a su admirado Carlos Menem, que en sus dos períodos presidenciales procedió al desguace y entrega del patrimonio nacional, provocando centenares de miles de despidos. Para “reducir su dimensionamiento” se permite que el presidente pueda proceder a la reorganización, modificación o transformación de organismos estatales, incluido su disolución total o parcial.

            Gracias a la resistencia que generó el DNU y la “ley ómnibus”, de esa motosierra se salvarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el Enacom, la CONAE y la CNEA, el Incucai, la UIF, el INTA, entre otros organismos que cumplen importantísimas funciones en el Estado.

            Se autoriza la privatización de Aerolíneas Argentinas y parte de Ferrocarriles, un golpe para la integración federal de un país extenso como Argentina. La privatización de AySA, que abastece de agua potable al AMBA, también atenta contra la provisión de un servicio esencial que será entregado a manos privadas con propósito de lucro.

            Todos estos negocios tienen destinatario. La entrega del Correo Argentino está pensada a la medida de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, que quiere quedarse con la logística de esa centenaria empresa, con 1.400 sucursales y unidades postales. Los inmuebles de Radio Nacional y la Televisión Pública están en la mira de Eduardo Elsztain, el súper rico amigo de Milei, dueño de IRSA y del Banco Hipotecario.

“MODERNIZACIÓN” LABORAL

            Se trata otra vez de imponer la reforma antilaboral, para cercenar las normas protectorias del Derecho del Trabajo, que fueron pensadas para favorecer a la parte más débil de la relación laboral: el/la trabajador/a. Ello atenta contra el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en lugar de generar empleo, como en la década menemista, provocará mayor desempleo y precarización laboral en un país que ya está en recesión.

            Extiende el período de prueba a 6, 8 y hasta 12 meses, con lo cual las patronales podrán seguir explotando mano de obra barata y sin derechos. Elimina las multas por el empleo no registrado, lo cual no redundará en una mayor registración laboral sino en más informalidad, ya que no habrá sanciones por tener empleados “en negro”. Abre la puerta para sustituir las indemnizaciones por despido, por un fondo de cese laboral, a semejanza de lo que ya tiene la construcción, facilitando los despidos por la sola voluntad del empleador.

JUBILADOS, SIN MORATORIA

            En materia previsional, suprime la moratoria que permite jubilarse a trabajadores y trabajadoras que no completan los 30 años de aportes. Esto es un grave perjuicio sobre todo para las mujeres, ya que ahora deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima (Ver nota aparte). 

            La casta empresaria sigue de fiesta, tal como les dijo el ministro Luis Caputo a los dueños de la Argentina. Los jubilados fueron los principales perjudicados en estos cinco meses de gobierno de LLA, ya que el superávit del que se jacta Milei se logró con el ajuste en sus haberes.

EMPRESARIOS FELICES

            A través de un generoso plan de regularización de activos (blanqueo) se permite que quienes fugaron divisas puedan traerlas a tasa cero si blanquean hasta 100.000 dólares. También se permite la multiplicación de blanqueadores de dinero que no es de origen propio, con lo cual ese beneficio puede ser utilizado con testaferros sin costo alguno, aún por encima de aquel monto.

            Otro motivo de felicidad para la casta empresaria, es el cambio en el régimen del impuesto a los Bienes Personales, con la baja de la alícuota y el aumento de la base imponible, medida que beneficia a las personas con más patrimonio.

            Mientras se beneficia a los más ricos con estas modificaciones tributarias, a los trabajadores se les restituye el impuesto al salario (Ganancias) que en un primer momento alcanzará a 1,2 millón de trabajadores pero que en los próximos meses puede alcanzar a muchos más.

            Esta ley no debería ser aprobada por el Senado, y para impedirlo es necesario ganar las calles y rodear el Congreso Nacional el día de su tratamiento. Hay que exigir a las centrales obreras que decreten un Paro Nacional, previo debate en plenarios en los lugares de trabajo, territorios, universidades, asambleas vecinales, etc.

            Hay que lograr una amplia movilización de todo el pueblo, incluidas las clases medias y Pymes, pues todas serán perjudicadas con esta ley elaborada por y para los poderosos. Si se aprueba será un grave retroceso en derechos laborales y previsionales de los que gozamos por imperio de la Constitución Nacional.

            Tal como reza el art. 29 de la Carta Magna, quienes eso permitan, como ya hicieron 146 diputados y diputadas, serán considerados “infames traidores a la patria”. 

IRINA SANTESTEBAN