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¡Viva la rebelión popular en Perú!

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            El 7 de diciembre del 2022, el presidente de Perú, Pedro Castillo, elegido democráticamente en 2021, anunció que iba a ordenar el cierre del Congreso. La medida fracasó y fue destituido. El Congreso votó su destitución y nombró a la vicepresidenta, Dina Boluarte como su sucesora. Desde los años ‘80, Perú vive ciclos de inestabilidad política y económica. Hiperinflación, recesión, y políticas neoliberales que tuvieron su máxima expresión durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) que llevó adelante una política de desguace del Estado, anti obrera y anti popular. Sus ideas fueron plasmadas en la Constitución aprobada en 1993, que sigue vigente.

            De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en el segundo trimestre de 2022, el 38,3% de la población del país no llegaba a cubrir la canasta básica alimentaria, a pesar de que el PBI real creció entre enero y setiembre de ese año, un 2,9 %. Y en algunos distritos del departamento de Cusco, casi 97,8% de la población, es pobre. Ese sector de la población peruana, principalmente de la zona andina, es el que le dio el triunfo a Castillo, aunque con un escaso margen. La oposición, expresada en el Congreso y con la “ayuda” de los medios de comunicación hegemónicos, pusieron trabas desde el comienzo de su mandato, imponiendo ministros y vetando las medidas económicas que pretendía impulsar, para beneficiar a los sectores más vulnerables,

            Las protestas contra el golpe cívico-militar comenzaron en la zona andina y fueron iniciadas por indígenas aymaras y quechuas, campesinos y trabajadores informales. Decenas de carreteras bloqueadas, sobre todo en la sierra sur fueron el escenario para los reclamos: la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente para sancionar una nueva Constitución, fueron los primeros. Luego se añadió el pedido del adelanto de las elecciones para octubre del año en curso. En un sondeo realizado el 29 de enero, por el Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los encuestados manifestó su desaprobación con el Congreso y el 74 expresó que Boluarte debe renunciar. Eso explica cómo las protestas fueron creciendo y abarcan todo el país.             La Central de Trabajadores convocó a paros, los estudiantes tomaron universidades y miles de hombres y mujeres se sumaron a la lucha. La represión ordenada por Boluarte comenzó con la Policía Nacional y luego se sumó el Ejército. A poco más de dos meses de protestas hay más de 60 muertos, 48 asesinados por la policía y el ejército (sin que haya nadie denunciado por esos crímenes), más de 1000 heridos muchos de los cuales no han sido atendidos en los hospitales y otros dejaron  los centros de salud por temor de ser detenidos.

            El 14 de febrero, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de nuestro país, integrada por organizaciones de DDHH y sociales y 2 diputados nacionales, denunció como crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas contra la población, por su carácter “sistemático y generalizado”. La Comisión concluye que por esos crímenes, el Estado peruano debe ser investigado. Aunque la Comisión pidió entrevistas con la presidenta Dina Boluarte, con el ministro de Justicia, José Tello y con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no fue recibida. Tampoco les autorizaron una entrevista con el detenido presidente Castillo.

            La Comisión destaca en su informe la alta dosis de racismo contra la población andina y cómo los medios de comunicación justifican y alientan la represión. Hay una articulación de los poderes del Estado para evitar que la gente denuncie y pida justicia, mientras se siembra el miedo para que no se expresen.

            Además de los actores internos que fogonearon el golpe hay que señalar que existe un plan geo-estratégico del imperialismo que pretende recolonizar a los países de América Latina. La presencia de altos mandos militares peruanos implicados en el golpe, todos entrenados en su país por las fuerzas especiales del Comando Sur, en sus bases militares de EE UU y en sus Centros de Operaciones Especiales en territorio peruano que suman un número igual a los que existen en Colombia.  Además, la embajadora de EEUU visitó a Boluarte y le expresó el respaldo de su país. Las y los peruanos que se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Lima, denunciaron que fue ella quien impulsó a la presidenta a sacar las tropas para frenar las protestas. Como en otros países de la Patria Grande gritaron muy fuerte: Fuera yanquis de América Latina, Basta de injerencia en la libre determinación de los pueblos.

            Además de sus recursos naturales, Perú tiene un valor estratégico para EEUU y la OTAN, por sus fronteras con varios países pero especialmente por el Pacífico Sur, utilizado como centro operativo para abastecer sus navíos.

            La heroica lucha y resistencia del pueblo peruano debe ser rodeada de la solidaridad del pueblo argentino. Nos une la gesta sanmartiniana que lo liberó de los españoles, su apoyo a Argentina en la guerra de Malvinas y una cultura compartida por nuestros pueblos originarios. La ONU y la OEA  guardan un criminal silencio sobre el golpe de Estado en Perú, la reciente VII Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, tampoco lo condenó. Serán nuestros pueblos los que levantarán banderas de unidad para derrotar al imperialismo y a los cipayos que nos someten.

ELENA RIVERO

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