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Unidad y lucha contra el ajuste y la reforma laboral

            Crece la publicidad por el festival de elecciones provinciales, municipales y las las PASO. Y también aumentan los conflictos sociales y laborales, en defensa del salario, por condiciones de trabajo, por aumento de las jubilaciones, pensiones y planes sociales, en rechazo a la inflación que siempre le gana a los ingresos populares, contra el extractivismo y el accionar depredador de las empresas, contra la reforma inconstitucional de Gerardo Morales en Jujuy, etc. Las masas salen a las calles pese a la represión que intenta frenarlas con balas, palos policiales y persecución judicial. El pueblo no se resigna al discurso posibilista oficial ni al más ajustador de la oposición de derecha-derecha.

            Desde LIBERACIÓN venimos proponiendo la Unidad de todos los que hoy están luchando contra el ajuste del co-gobierno del FMI y el Frente de Todxs (renombrado Unión por la Patria, cuando de patriótica no tiene nada). Y también para resistir la probable instauración de un próximo gobierno aún más derechoso, que viene prometiendo sin tapujos “mano dura”.

            Los movimientos sociales reclaman trabajo, alimentos para comedores y merenderos, herramientas para las cooperativas y altas en planes sociales, que hoy tienen un monto exiguo de 44.000 pesos, cuando la línea de indigencia para una familia son 97.000 pesos. Esos planes benefician a poco más de un millón de personas, lo cual es insuficiente porque los pobres son 18.5 millones. La Canasta Básica Total, que marca el límite de la pobreza, era en junio de 217.000 pesos; ni siquiera llegan gran parte de quienes tienen trabajo registrado, menos aún más del tercio de la masa laboral en la informalidad.

            Así se explica el crecimiento de los conflictos, encabezados por docentes y personal de salud, estatales, transporte, etc. Pero falta un plan de lucha del movimiento obrero organizado, que antaño salió a las calles ante situaciones menos graves que las actuales. La responsabilidad mayor corre por cuenta de las cúpulas, con la excepción de la CTA Autónoma, que ha convocado a jornadas de lucha, con una incidencia menor. La CGT y la CTA de los Trabajadores guardan obediencia al gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa. Así se explica que no hayan convocado a un solo paro durante estos casi cuatro años, ni siquiera contra el Acuerdo con el FMI y el ajuste para cumplir sus metas.

            La perspectiva que se cierne sobre la clase trabajadora no podría ser más negativa: con mayor o menor virulencia, cuatro de los candidatos presidenciales prometen ajuste y quitas de derechos laborales.

            Por ello es imperdonable el apoyo explícito de esas centrales al oficialista y amigo de la embajada de EEUU. Desde su asunción en agosto realizó innumerables peregrinaciones mendicantes a Washington. Su promesa de llevar la inflación al 3 por ciento en abril, se la llevó el viento; hoy la estimación anual es del 114 por ciento.

            JxC propone directamente la eliminación de derechos laborales, reconocidos en leyes y la Constitución Nacional. Según denuncia el laboralista Héctor Recalde, la propuesta es la extensión del período de prueba a seis meses, el pago de las indemnizaciones en cuotas, facilitar la evasión patronal y criminalizar el derecho a huelga. Esto último ya rige en la Salta de Gustavo Sáenz, del Frente Renovador de Massa, y en la Jujuy de Morales, precandidato a vicepresidente de Larreta.

            El llamado “período de prueba” fue incorporado durante el menemismo, que instaló la flexibilización laboral con la sempiterna excusa empresarial de “promover el empleo”. Falso. En los hechos, ese lapso de tres meses atenta contra la protección del trabajadxr, principio rector del Derecho Laboral, pues durante el mismo no tienen vigencia las normas aplicables al contrato por tiempo indeterminado. Al extenderlo a seis meses, se beneficiará a las patronales para la contratación sucesiva de trabajadores y despedirlos durante ese período, evitando así el pago de la indemnización por despido sin causa.

            Bullrich y Larreta prometen terminar con la “industria del juicio”. También es falso. Como bien lo demuestra Recalde en “La Contrarrevolución Patronal” (El Cohete a la Luna, 09/07/2023) no hay tal aumento de demandas laborales. Tomando entre 1990 y 2019, surge que en ese primer año se iniciaron 53.921 demandas, mientras que en 2019 fueron 59.474. Una diferencia de 6.000 demandas más, cuando la masa de ocupados en los aglomerados urbanos agregó 4.954.079 personas. Otra falsedad que los candidatos de la derecha, con la inestimable ayuda de sus voceros periodísticos, logran instalar incluso entre sectores populares.

            Durante el paro del transporte urbano de pasajeros que tuvo lugar en AMBA y otras provincias el 7 de julio, Bullrich prometió que esa situación “se terminaba” con ella, anunciando mano dura contra la protesta social. En eso coincide con Morales, que ya lo lleva adelante en Jujuy, pese a lo cual las protestas no han cedido, aunque los medios nacionales no se hacen eco, incluidos los públicos.

            Ni siquiera la dictadura, con el más feroz terrorismo de Estado, pudo impedir la lucha de los trabajadores. Estos le hicieron el primer paro en 1979 y continuaron con el plan de lucha hasta que los militares tuvieron que retirarse, luego de la derrota en la guerra de Malvinas y la resistencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

            Para derrotar el actual ajuste y el que se viene, es necesaria la Unidad de la clase trabajadora con las organizaciones sociales y comunidades originarias, que hacen la punta en la movilización callejera por salarios, contra el FMI, el extractivismo y por el derecho a la tierra.

            Desde las bases, apoyando las luchas, hay que pasar por encima de la dirigencia burocrática y traidora, que transa con las patronales y los gobiernos ajustadores. La salida es por izquierda, con los sectores combativos y antiimperialistas.

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