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Sindical

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CONFLICTIVIDAD EN ASCENSO. Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, en el bimestre marzo-abril se incrementó 39 por ciento la conflictividad laboral respecto del mismo período de 2022. Ello en parte por la apertura de las negociaciones paritarias, pero el factor decisivo es la inflación galopante que reduce el poder adquisitivo de los salarios, generando la reacción de los trabajadores, que luchan contra ese ataque a sus ingresos.

USHUAIA. DESPIDOS EN NEWSAN. La empresa más grande de electrodomésticos del país atraviesa un conflicto con sus trabajadores, provocada por despidos injustificados. Aunque la patronal informó al Ministerio de Trabajo que los despidos eran por ausentismo laboral, los empleados denunciaron que se trata de empleados con 13 años de antigüedad y sin ausentismo. Y que esos despidos son en represalia por haber participado en las últimas protestas en reclamo de una recomposición salarial. Además acusaron a la empresa por haber impedido el ingreso a la fábrica de Facundo Florentín, cuando se encontraba vigente la conciliación obligatoria, y luego de esa acción antisindical, avanzaron contra 200 trabajadores más. De esta forma, la empresa incumplió el acuerdo firmado con la UOM en el Ministerio de Trabajo, donde además de un aumento salarial, se comprometió a dar marcha atrás con los despidos. Florentín denunció que ya había sufrido presiones de la empresa en el año 2020, cuando intervino en una asamblea y lo trasladaron a otra planta.

SIGUE EL CONFLICTO EN EL SUBTE. El 3 de julio se cumplió un nuevo paro en el Subte de la ciudad de Buenos Aires. Es la continuidad del plan de lucha por la reducción de la jornada laboral y un “Subte libre de asbesto”. Esta es una sustancia tóxica, cancerígena, que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios de ese medio de transporte.

Los trabajadores del Subte exigen dos francos semanales (hoy tienen uno), una jornada laboral de 30 horas (actualmente es de 36 horas) para reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reponer el personal faltante.

La empresa concesionaria Metrovías-Emova y el gobierno de CABA, del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, se niegan a reconocer este justo reclamo y por ello se prolonga el conflicto. Emova afirma que es “imposible” reducir la jornada de trabajo sin afectar la operatividad de la red de subte. Y alegan que realizaron 2.500 mediciones sobre la calidad del aire en todas las áreas del subte, que arrojan resultados “considerados adecuados para la salud”.

Según el dirigente de Agtsyp, Beto Pianelli, la empresa sabe que se han extraído 90 toneladas de asbesto, que se tira al río, contaminando. Y que falta sacar más de 200 toneladas, revelando la mentira empresarial y del gobierno de CABA, que niegan las consecuencias negativas para la salud de trabajadores como de los millones de personas que utilizan el subte.

PARO DE TRANSPORTE. El viernes 7 se realizó el paro de transporte urbano de UTA, en reclamo del pago en tiempo y forma de los salarios y el aguinaldo, que las empresas no cumplieron. La medida afectó a millones de trabajadores en el AMBA, La Plata y las provincias de de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán. 

Desde el gobierno nacional se acusó a las empresas por no haber procedido al pago de los salarios, a pesar de haber recibido los subsidios pertinentes. Según la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se trató de una “extorsión” y un “lock-out patronal”, y dictó un decreto para que los trabajadores afectados por la medida no pierdan el presentismo.

El precandidato presidencial oficialista Sergio Massa, denunció a los empresarios dueños de las empresas Metropol y Dota, que son las que operan la mayoría de las líneas de colectivos en el AMBA. Pero esa concentración empresaria del transporte ha sido favorecida con la política de subsidios dirigida por el mismo gobierno.

Dota es el conglomerado de empresas más grande del AMBA, transporta la mayor cantidad de pasajeros y recibe subsidios mensuales por 10.000 millones de pesos. El otro grupo, Metropol, fue investigado por la AFIP en 2020, y se detectó una deuda de impuestos de más de 223 millones de pesos.

Según Massa, los subsidios al transporte le cuestan al Estado nacional 500.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, las amenazas de multas no parecen afectar a esos empresarios, que siguen haciendo negocios con los recursos que generosamente les otorga el Estado.

SALTA. OTRO DESPIDO EN COCA COLA. Como ya informamos en LIBERACIÓN, la Coca Cola de Salta enfrenta hace tiempo una serie de conflictos laborales, por aumento salarial y contra los despidos. En abril, el gobierno de Gustavo Sáenz reprimió a los trabajadores, que habían ocupado la planta. Ahora se trata de una represalia por aquel conflicto, y por ello fue despedido el referente sindical Gustavo Abán, quien denunció persecución sindical ante las elecciones de delegados en SUTIAGA. Según Abán, su despido tiene como objetivo evitar que se fortalezca la organización opositora de los trabajadores en la planta de Coca-Cola. Por eso persiguen a quienes no comulgan con la actual conducción sindical.

JORNADA PIQUETERA. El 4 de julio se realizó una jornada nacional de lucha, de las organizaciones de Unidad Piquetera, ante el ajuste del gobierno nacional en las partidas sociales. Hubo cortes y movilizaciones en todo el país, y el epicentro fue un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. “No al Hambre de Massa y Tolosa”, decían.

Las organizaciones de UP denunciaron que no se les entregan alimentos ni las herramientas que necesitan las cooperativas para los proyectos productivos, mientras se dirige la ayuda social a los movimientos alineados políticamente con el PJ.

El acampe y la concentración se extendió hasta la noche, hasta que fueron recibidos por autoridades del MDS, luego de la cual los referentes anunciaron que se había logrado el compromiso de suministrar los alimentos de los meses pasados y un cronograma de entregas para julio. A su vez se programó una reunión para la semana siguiente para acordar la entrega de herramientas y se confirmó el bono de 22 mil pesos, un “medio aguinaldo” para los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

AGRUPACIONES DE BASE CLASISTAS

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