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La CGT, incluido el moyanismo, ¿cómplices del ajuste?

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            Las penurias que está pasando la mayoría del pueblo son harto conocidas: salarios que en promedio se sitúan por debajo de la línea de pobreza (73.917 pesos); la jubilación mínima, que perciben 4,5 millones de jubilados, se ubica en los 29.061 pesos, inferior al nivel de indigencia; de los 11 millones de desocupados y subocupados, sólo un millón  son beneficiarios de planes sociales, que equivalen a la mitad del salario mínimo. La desocupación y subocupación hacen estragos en miles de hogares, donde el 60 por ciento de las infancias son pobres.

            Esta es la base de las constantes movilizaciones que se vienen produciendo en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, protagonizadas por trabajadores y  movimientos sociales. Los cortes y marchas son cosa de todos los días, con un notable aumento en esta época del año, donde la proximidad de las fiestas potencia los justos reclamos de los que menos tienen.

            La CGT, que debería estar a la cabeza de la lucha por los derechos laborales, es la gran ausente, con una dirigencia que oscila entre un silencio cómplice frente a los enormes problemas de la población, y un apoyo explícito al gobierno nacional. El mismo gobierno que se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional, para el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa heredada del gobierno de Macri.

            La conducción cegetista elegida en el Congreso Confederal del pasado 11 de noviembre (ver Liberación Nº 385), integrada por el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, si bien tiene algunos matices en relación al gobierno de Alberto Fernández, en la práctica se comportan de la misma manera. Mientras Acuña se pronunció por el apoyo a la gestión del Frente de Todos, en la persona del presidente, Pablo Moyano dijo que la CGT no debería ser “apéndice” de ningún gobierno. Pero ha prevalecido la opinión de Acuña, proveniente del sector de Barrionuevo. En medio de una gravísima crisis económica, social y sanitaria, la CGT no se pronuncia ni acciona para exigir políticas que beneficien a sus bases trabajadoras.

            La visita del ministro de Economía Martín Guzmán a la sede de Azopardo a principios de diciembre, donde se reunió con los tres secretarios generales y otros dirigentes, fue otra muestra del alineamiento con el gobierno nacional. La reunión con el funcionario que encabeza las negociaciones con el FMI fue una señal muy clara de apoyo a esas tratativas. Guzmán mintió cuando aseguró que el acuerdo “no va a tener en su contenido ningún ajuste para los trabajadores”.

            Lo primero que pide el FMI es justamente el achique del “gasto público” (que se traduce en menos servicios que presta el Estado, como salud, educación, políticas de protección social, etc.), reforma laboral y reducción de haberes previsionales. La clase trabajadora tiene memoria y a 20 años del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, esta conformidad de la burocracia sindical con el pago de la estafa que significa la deuda, traerá nefastas consecuencias para el pueblo trabajador. Habrá una fuerte resistencia.

            En la Plaza de Mayo el 11 de diciembre hubo decenas de miles de personas que expresaron el rechazo rotundo al FMI y a la Deuda Externa. Entre la asistencia, hubo agrupaciones sindicales, listas y comisiones internas combativas, así como movimientos sociales. Con esos sectores y otros que están dando pelea contra los despidos y el ajuste, hay que plantearse una amplia unidad obrera y popular, para derrotar a la conducción traidora de la CGT, que no da respuesta a sus bases.

            No será fácil esa pelea al interior del movimiento obrero, cuando las organizaciones sindicales todavía están en manos de la burocracia, que impide y combate a las expresiones combativas, mientras pacta con las patronales. Pero hay reservas en la clase trabajadora: aún huérfana de dirección, por la traición de sus dirigentes, sigue dando pelea contra los atropellos del empresariado, empeñado en una reforma laboral. En particular, los monopolios pretenden derogar la prohibición de despidos y la doble indemnización para el despido sin causa, uno de los frenos que todavía subsisten para que las patronales dispongan del personal a su antojo.

            La carestía de la vida y una inflación que supera el 50% es otro de los males que afectan gravemente a la clase trabajadora y los sectores populares. No parece moverle un pelo a la dirigencia cegetista. Los controles de precios no han demostrado eficacia y los alimentos siguen aumentando de manera escandalosa, agravando la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales. Como contrapartida, las ganancias de los monopolios alimenticios, ligados a los sectores exportadores, exhiben cada vez mayores ganancias. Ésa es una de las contradicciones que debe abordar el movimiento obrero hoy: el empobrecimiento de amplias capas de la población y el enriquecimiento escandaloso de las minorías del privilegio.

            Para darle un contenido antimonopolista y antiimperialista a las luchas que hoy están protagonizando trabajadores y movimientos sociales, hace falta un programa mínimo que parta de exigir aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales; control de precios con clausura de empresas que no cumplan, bajo control de trabajadores y consumidores; nacionalización del comercio exterior para que las exportadoras no se lleven los dólares de la producción argentina, que además las fugan a paraísos fiscales; prohibición de despidos con expropiación de las empresas que incumplan esta medida, bajo control de sus trabajadores; congelamiento de tarifas; etc.

            Desde las Agrupaciones de Base Clasistas (ABC) propiciamos esta Unidad con los sectores más combativos del movimiento obrero y de los movimientos sociales, para salir a las calles a decirle NO al FMI y al pago de la Deuda fraudulenta e ilegítima.

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