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Hace falta una profunda Reforma Judicial

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FUERA LA CORTE

            El 1 de febrero hubo movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades, para exigir la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el juicio político, que requiere mayoría especial en el Senado. También se reclamó por la incumplida promesa presidencial de una Reforma Judicial, necesaria para democratizar al menos democrático de los tres poderes del Estado.

            Luego de la renuncia de Elena Highton, ese Tribunal quedó con cuatro miembros: Horacio Rosatti (presidente), Daniel Rosenkrantz (vice), Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Los dos primeros fueron designados por decreto del ex presidente Mauricio Macri, violando la Constitución Nacional, aunque luego esos nombramientos irregulares fueron convalidados por el Senado, con el voto de parte de la bancada del PJ, comandada por Miguel Pichetto.

            Hasta 2014, la CSJN estaba integrada por siete miembros: Lorenzetti, Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Elena Highton. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner promovió la sanción de la ley 26.183, que fijó el número de sus integrantes en cinco, con la idea de llegar a ese número cuando se fueran jubilando.

            Argibay y Petracchi fallecieron en 2104, dejando al Tribunal con los cinco miembros que estableció esa norma. Ante la renuncia de Zaffaroni, en enero de 2015, al cumplir los 75 años, tal como marca la ley, la Corte quedó con 4. Cristina Fernández no pudo cubrir esa vacante porque la oposición en el Senado (encabezada por Gerardo Morales) obstaculizó ese nombramiento con un compromiso firmado por 28 senadores y senadoras (entre ellas la luego vicepresidenta Gabriela Michetti). El argumento era que ese cargo debía cubrirlo el nuevo gobierno que asumiría el 10 de diciembre de 2015. Estaban muy seguros del triunfo de Mauricio Macri. La Corte funcionó ese año con 4 miembros hasta la “oportuna” renuncia de Fayt al día siguiente de la asunción de Macri, habilitándolo para cubrir las dos vacantes.

            El resto es historia conocida. Macri nombró por decreto a Rosenkrantz y Rosatti, violando la Constitución Nacional que establece la obligatoriedad del acuerdo del Senado, con dos tercios de sus integrantes, es decir 48 miembros. Cambiemos no tenía ese número, y por eso, anticipando lo que sería una práctica habitual de su gobierno, violó la Carta Magna. Luego de la aprobación gracias a Pichetto y Cía, los dos nuevos integrantes, sin ponerse colorados, aceptaron ser designados pese a esa irregularidad de origen.

            El mismo día de la renuncia de Fayt, Morales, ya asumido como gobernador de Jujuy, hizo aprobar una ley para aumentar el número de integrantes del Tribunal Superior de esa provincia, de 5 a 9, y designó en las 4 vacantes a allegados a su gobierno, entre ellas a dos legisladores que votaron la reforma. ¿Independencia? Bien, gracias. Ese nuevo Tribunal de Justicia jujeño ha convalidado, entre otras cosas, la arbitraria detención desde hace seis años, de Milagro Sala.

            Y en la Corte Suprema esa falta de independencia es notoria. Rosenkrantz, por ejemplo, proviene de un estudio jurídico cuyos clientes son los  monopolios económicos y mediáticos. Declaró que ya no se excusaría en las causas que involucran al grupo Clarín, cliente de su bufete.

            El reciente fallo que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, dictada por el Congreso hace 15 años, forma parte de lo que el juez Juan María Ramos Padilla, uno de los impulsores del 1F, califica como “golpe de Estado blando” del Poder Judicial. Para declarar su inconstitucionalidad, la Corte se tomó su tiempo: ¡seis años!

            Como lo señala el ex juez federal de Córdoba, Miguel Rodríguez Villafañe, la falta de democracia que impera en los Tribunales se nota hasta en los términos que se utilizan: “palacios de Justicia”, “cortes”, “su señoría”. Son resabios monárquicos que es necesario desterrar.

            La actual situación es también responsabilidad de la falta de voluntad política del gobierno de Alberto Fernández, para terminar con los “sótanos de la democracia” como prometió en marzo de 2020.

            Por ello harán falta más movilizaciones y más masivas para forzar a un cambio rotundo en el Poder Judicial y una profunda Reforma Judicial, comenzando por la propia cabeza, la Corte Suprema. Para ello, se plantea una consulta popular, que incluya una Reforma Constitucional, para la reducción del número de votos necesarios en el Senado para la designación y/o destitución de los jueces.

            Tal como está hoy conformado el Congreso, y visto el apoyo de la derecha de Juntos por el Cambio a la Corte Suprema y los jueces más conservadores, es muy difícil que esas propuestas puedan plasmarse. Por ello es importante continuar con estas movilizaciones, como comienzo de una ofensiva popular para lograr lo que sí sucedió en 2002, cuando luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el pueblo rodeó los Tribunales y obligó a varios de los miembros de la Corte “de la mayoría automática” menemista, a renunciar, posibilitando la designación de nuevos integrantes.

            La consulta popular también es un mecanismo que debe exigirse, estando previsto  en la Constitución Nacional como en la ley 25.432; y no sólo para que el pueblo se exprese sobre el Poder Judicial, sino para otros temas importantes, como el pago o no de la deuda externa.

IRINA SANTESTEBAN

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