CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Piden elevar a juicio la causa contra Giuliani y otros dirigentes

            El fiscal de Instrucción del Distrito IV Turno 1, Ernesto de Aragón, dispuso la elevación a juicio de la causa contra cinco dirigentes piqueteros por los cortes de calles de la protesta realizada a comienzos del mes de abril en la ciudad de Córdoba. El Fiscal citó como principales testigos a los policías que intervinieron en el operativo callejero el día de la Marcha contra el Hambre.

            Los imputados pertenecen al Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur, y al gremio ATE Córdoba. Entre ellos se encuentra Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba. Ante estas acusaciones ATE prepara un recurso de apelación en contra de la decisión judicial del fiscal.

            En este contexto, mantuvimos una conversación con Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de CTA Autónoma en la provincia de Córdoba.

¿Por qué crees que el Fiscal De Aragon dispuso la elevación a juicio de la causa?

A 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, resulta irónico que de Aragón actúe como un fiscal de la dictadura. Su decisión de elevar la causa a juicio, basada en los eventos del 5 de abril durante la “Marcha contra el Hambre”, parece ser un pretexto sin fundamento que nos remonta a esos oscuros años. Esta medida plantea la cuestión acerca de si la protesta es un derecho o un delito. En este contexto, consideramos que la causa, que se elevó rápidamente a juicio, carece de fundamentos sólidos, ya que los testigos utilizados por el fiscal son miembros de la propia policía que participaron en la represión de las movilizaciones.

Además, se suma un hecho inédito en democracia: cuando nos imputaron y pintaron los dedos a mitad de abril, nos quitaron los teléfonos celulares y luego nos enteramos que ingresaron en los aparatos para hacer inteligencia sin ninguna orden judicial.

¿Cuál fue la posición de la justicia de Córdoba a partir de la “Marcha contra el Hambre”?

Cabe aclarar que a mediados de marzo la Cámara de Comercio de Córdoba, que le marca la cancha a Schiaretti y son parte de la Fundación Mediterránea, presentaron un amparo para detener las movilizaciones en el centro de la ciudad alegando una supuesta caída en las ventas de los comercios.

A pesar de su inconstitucionalidad, el juez Fernández López accedió rápidamente a esta solicitud y la hizo efectiva el 1 de abril.

Este fallo judicial otorgó a la Fiscalía y a la Policía provincial la autoridad para detener e imputar a quienes bloquearan las calles durante las movilizaciones. El 5 de abril se llevó a cabo la “Marcha contra el Hambre”, como parte de una jornada nacional de protesta, donde movilizamos a 11.000 personas en las calles de Córdoba.

A pesar de haberse realizado en acuerdo con la Policía, el 9 de abril nos llega la imputación por dos causas: obstrucción del transporte público, a pesar de que se permitió el paso de vehículos con urgencia, y desobediencia a la autoridad policial, una acusación completamente falsa, dado que el corte de calles fue acordado con ellos.

¿Y cuál cree que es la posición del gobierno?

En lugar de convocar al diálogo y desarrollar políticas públicas para abordar la crisis del hambre, la falta de empleo y los bajos salarios, el gobierno opta por una actitud criminalizadora y simplista.

Piensan que protestar por un derecho es un delito, lo que da como resultado que todo aquel que proteste debe ser enjuiciado y metido preso. En vez de utilizar el Estado para disputar la riqueza y solucionar los problemas de la gente, usan el aparato judicial y represivo para amedrentarnos.

Todos sabemos que lo que se avecina es más ajuste. El mensaje que intentan transmitir es que responderán a la conflictividad social a través de la judicialización de las protestas y tratando a los luchadores sociales como criminales.

¿Han recibido la solidaridad de otras organizaciones?

Hemos recibido numerosas muestras de solidaridad. Saludamos la gran cantidad de adhesiones, comunicados de prensa y mensajes de apoyo de organizaciones hermanas del pueblo

Tenemos la perspectiva de aportar a un espacio Multisectorial, una coordinadora que empiece a sistematizar este tipo de acciones y sea capaz de generar un cuerpo sólido para lo que se viene. Tenemos que dejar en claro que con todo este trabajo conjunto no nos van a disciplinar.

¿Cuáles son las próximas medidas que tomarán al respecto?

Para los próximos años, anticipamos un aumento en la conflictividad social. Personalmente, tengo cuatro años más en mi mandato como secretario general de ATE Córdoba y esta situación me afecta ya que cualquier causa adicional en mi contra podría resultar en mi encarcelamiento.

En el corto plazo, presentaremos un recurso judicial para revocar el juicio debido a su inconstitucionalidad. Esta iniciativa se llevará a cabo con una convocatoria y radio abierta. Comprendemos que este problema va más allá de lo judicial; es un problema político y de fuerza.

A pesar de lo actuado por el gobierno y ante el panorama social el dirigente cerró: “Aun así, seguiremos en las calles y si nos pretenden encerrar por luchar deben saber que no les alcanzarán las cárceles”.

PABLO AGUIRRE