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Unidad obrero-piquetera, pasando por arriba a la burocracia sindical

            Iniciado el año de elecciones presidenciales, los problemas de los sectores populares y la clase trabajadora, siguen agravándose.

            La promesa del ministro de Economía Sergio Massa, de reducir los índices de inflación para llegar a un 3% en abril, duraron muy poco. Los porcentajes de noviembre y diciembre (4,9% y 5,1%, respectivamente), repuntaron en enero con un 6%, con fuertes aumentos en algunos productos esenciales de la canasta alimentaria. Fue un muy mal comienzo del año para el gobierno del Frente de Todos, que fijó la inflación en el Presupuesto 2023, de un 60%.

            El programa Precios Justos tiene una incidencia del 3,5% dentro de todos los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ello demuestra la inutilidad de las medidas que toma el gobierno para combatir la inflación, que se come los ingresos de los sectores populares, mientras los monopolios alimenticios engordan sus ganancias.

            Las paritarias de los sectores más favorecidos del trabajo, lograron superar o empardar la espiral inflacionaria, pero en general, los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, vienen perdiendo por goleada frente a la carrera de los precios.

            El presidente Alberto Fernández, en cada discurso pondera (y macanea bastante) acerca del aumento de la actividad económica, pero ese incremento, real en algunos sectores, ha beneficiado a las grandes empresas, y no así a los y las laburantes, que han visto cómo el poder adquisitivo de sus ingresos sigue en caída.

            El salario, que había perdido un 20% durante el cuatrienio macrista, siguió perdiendo en los tres años que lleva la gestión peronista, superando ya el 30%. Así, el ingreso promedio de los trabajadores y trabajadoras, está por debajo del valor de la Canasta Básica Total, que en diciembre llegó a 152.515 pesos. La CBT aumentó en 2022 un 103,8%, casi 10 puntos por encima del índice de inflación de ese año, que fue del 94,8%.

            La baja de 160.000 plantes Potenciar Trabajo, dispuesta por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, deja al desnudo el ajuste que se viene aplicando bajo las órdenes del FMI. Siguiendo esos dictados, el gobierno de AF se ensaña con quienes perciben un ingreso de 32.713 pesos, pero no tiene vergüenza en endeudar al Tesoro nacional por 616.500 millones de pesos, para otorgar mayores ganancias a los exportadores con el “dólar soja” 1 y 2.

            Contra estas políticas, hay resistencia y lucha por abajo. El movimiento de desocupados fue el que más se movilizó durante el año pasado, y este año comenzó también peleando, con una marcha de la Unidad Piquetera el 9 de febrero y un acampe el 15, contra la baja de los planes PT. Tolosa Paz ni los recibió.

            El movimiento obrero ha estado muy por detrás, aunque hubo luchas obreras como la del SUTNA (Neumático), estatales, docentes, sector Salud, lecheros, gráficos, entre otros. En muchos casos, esas luchas se dieron por fuera de las conducciones burocráticas, con asambleas de base y por presión de los cuerpos de delegadxs, logrando mejoras salariales.

            La CGT estuvo ausente de las calles durante toda la gestión del actual gobierno, se dedicó más a reunirse con funcionarios y empresarios, que a atender las justas demandas de las bases. Ahora, en un año electoral, se los ve más activos, pero no para luchar por el salario o contra la precarización laboral, sino para negociar un lugar en las listas de candidatos. El camionero Pablo Moyano se reunió con el presidente el 13 de febrero, para hablar de la Mesa Política del PJ convocada por AF para la coyuntura electoral. 

            Los sectores combativos y clasistas, como nuestras Agrupaciones de Base Clasistas (ABC), tenemos que trabajar más en las bases obreras y en los territorios, denunciando la responsabilidad del ajuste feroz que se está sufriendo. Y hay que hablar claro: son responsables el actual gobierno y la oposición del Juntos por el Cambio; el primero por haber convalidado la fraudulenta deuda externa con la firma del acuerdo con el FMI en marzo de 2022, e instalado un co-gobierno con ese Fondo. Y JxC por haber contraído el préstamo más grande en la historia del FMI, que no sirvió para ninguna obra ni para beneficio del pueblo, sino para que se fugaran miles de millones de dólares.

            En ese trabajo, proponemos un programa de reivindicaciones sentidas por las bases, desarrollando una intensa agitación y propaganda. Hay que volver a estudiar los Programas Históricos del Movimiento Obrero, como los de La Falda, Huerta Grande, 1 de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos, del Sitrac-Sitram, de la CGT de Ubaldini, de la TC 29 de Mayo y de las ABC.

            Hay que proponer: Aumento General de salarios, jubilaciones y planes sociales; trabajo genuino, contra la precarización laboral, ningún despido más. Plan de viviendas populares y alquileres accesibles, garantizados por el Estado. Control de precios estricto con participación de organizaciones gremiales, de desocupados y de consumidores, fuertes multas y expropiación a los monopolios alimenticios. Empresa nacional de alimentos, en base a la producción de las cooperativas agrarias, avícolas, lecheras, harineras, etc. Nacionalización de las empresas de energía para terminar con los tarifazos, fuera Edesur y Edenor, responsables de los cortes de luz en el AMBA. Nacionalización del comercio exterior y del río Paraná; nacionalización de los depósitos bancarios, créditos para la pequeña y mediana empresa. Libertad a los presos políticos. Estas son algunas de las medidas urgentes que se necesitan para que haya una solución popular a la crisis. Nada bueno vendrá del cogobierno del FMI ni del “shock” de medidas antipopulares que anuncia sin ruborizarse la dirigencia macrista y radical.

            La unidad obrero-piquetera es imprescindible, junto con muchos sectores populares.

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