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Rosenkrantz, fiel representante de las corporaciones empresarias

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La disertación sobre “Derecho, Justicia y Populismo” que dio el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en la Universidad de Chile, revela su pensamiento claramente contrario a los derechos de las mayorías populares.

Según Horacio Verbitsky (“El Cohete a la Luna”, 05/06/2022), no hay registros documentales que acrediten con certeza que la frase elegida por Rosenkrantz -“donde hay una necesidad, nace un derecho” -, haya sido pronunciada por Eva Perón. No obstante, ha sido la consigna del peronismo sobre la cual se edificó la doctrina de la justicia social. Y es obvio que la conferencia pronunciada por el supremo iba dirigida a polemizar no sólo con esa fuerza política, sino contra todos quienes luchan por una sociedad con una justa distribución de la riqueza.

Para el juez, detrás de cada necesidad no habría un derecho, sino un “costo”, con lo que confiesa su adhesión al ideario del libre mercado, según el cual cada persona es libre hasta para morirse de hambre, o para vender sus órganos (Javier Milei dixit).

Según Rosenkrantz, no existe el mundo en el cual se puedan satisfacer “todas” las necesidades. Y la conclusión a la que llega es que no puede nacer un derecho de cada necesidad, y menos se podría hablar de una política de Estado destinada a crear esos derechos, porque “alguien” tendría que contraer obligaciones o afrontar los “costos” de tales derechos.

El problema que no ve el juez de la Corte, por su posición de clase oligárquica, es que no se trata de cualquier necesidad ni cualquier derecho. Obviamente, para quienes tienen a esa máxima como un objetivo por el cual vale la pena luchar, sean o no peronistas, son las necesidades de las personas que carecen de esos derechos, de índole económica, social o cultural.

Se trata del derecho a alimentarse, a educarse, a tener servicios de salud, vivienda, un trabajo digno, un salario que alcance para vivir a una familia, una jubilación que asegure una vejez con bienestar y dignidad, etc. Están plasmados en la Constitución Nacional, cuya vigencia la Corte Suprema de la que Rosenkrantz es vicepresidente, debería salvaguardar y hacer respetar. Están reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y con reconocimiento constitucional en nuestro país.

¿Qué clase de juez integra nuestro máximo tribunal, que pone en tela de juicio esos derechos?

La Constitución también garantiza otros derechos, como el de propiedad, por ejemplo, de la que nadie puede ser privado sin una ley del Congreso. A los pueblos originarios se les reconoce la propiedad de los territorios que ocupan ancestralmente, antes que llegara la conquista a este continente. Pero cuando se les ceden inmuebles del Ejército Argentino ubicados en la Patagonia, se alzan protestas de vecinos y vecinas “huincas” (ocurrió en Bariloche). No protestaron cuando el magnate inglés Joe Lewis ocupó territorios, privando a los argentinos y argentinas de visitar el Lago Argentino. ¿Será que Lewis tiene una necesidad más digna de ser atendida que el pueblo mapuche?

NECESIDADES

Rosenkrantz denostó la “fe populista” que sostiene esa idea que a cada necesidad correspondería un derecho. Y justificó su reproche en los “costos” que implicaría atender esos supuestos derechos. En lugar de un juez parecía un pope empresario defendiendo su propiedad: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

En Argentina se producen alimentos en cantidades más que suficientes para atender la necesidad, básica, de la alimentación. Sin embargo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el 2010 la Argentina tenía un 6% de nivel de inseguridad alimentaria, porcentaje que aumentó al 8,7% en 2020 y al 8,3% en 2021. ¿Se trata de una “proclama populista” como la llamó el juez, o de un derecho fundamental, reconocido en nuestra Carta Magna y en el derecho internacional?

JUEZ EMPRESARIO

Como si estuviera hablando en un foro empresarial, la UIA (Unión Industrial Argentina) o AEA (Asociación Empresaria Argentina), Rosenkrantz afirmó que “detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que, si hay un derecho, otros (individual o colectivamente) tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Sus palabras provocaron rechazo de diversos sectores, incluso del propio gobierno. No hay que asombrarse, ya que este juez, además de ingresar a la Corte Suprema de manera irregular en 2015, por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri (luego convalidado en el Senado, gracias a los votos que le otorgó el peronismo liderado allí por Miguel Pichetto), integró durante muchos años un estudio de abogados cuyos clientes son grandes corporaciones empresarias.

Fue también quien votó la ley del “2×1” en el caso “Muiña”, que pretendía otorgar ese beneficio a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad. Fue en 2017 y gracias a una enorme movilización popular ese fallo fue anulado, luego que el Congreso dictara una ley por unanimidad.

Las declaraciones de Rosenkrantz son una nueva razón para exigir su renuncia pues no puede ser de la Corte Suprema quien niega, con chocante franqueza, la existencia de derechos.

IRINA SANTESTEBAN

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