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Estamos del lado de Daniel Ortega y Nicaragua

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     El 7 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales en Nicaragua. Participó el 65, 23 % del electorado y la fórmula Ortega-Murillo se impuso con el 75,6 % de los votos.

    Daniel Ortega, actual presidente, representa al Frente Sandinista de Liberación Nacional, conductor de la lucha revolucionaria que puso fin a la dinastía de los Somoza que por más de 40 años. El 17 de julio de 1979, que se recuerda en Nicaragua como el Día de la Alegría, Anastasio Somoza, abandonó el país.  Dos días después, las primeras columnas del FSLN, entraban a Managua. Ortega tendrá otros cinco años de mandato y un Parlamento con mayoría absoluta que garantizarían el incremento de las políticas públicas inclusivas y el mantenimiento de la independencia y la soberanía del país. 167 observadores internacionales y 67 periodistas certificaron la absoluta regularidad de la votación que se desarrolló en absoluta tranquilidad y con total transparencia.

   Según un informe del Banco Mundial, del 6 de octubre de 2021, desde 2015 hasta el inicio de la recesión en 2018, las reformas orientadas al mercado y la sólida gestión macroeconómica aumentaron la inversión extranjera y contribuyeron a una sólida expansión de la actividad económica. Entre 2000 y 2017 hubo un crecimiento promedio de 3,9% gracias a una demanda internacional impulsada por las remesas y por la Inversión Extranjera Directa. La pandemia motivó en 2020 una contracción del Producto Bruto Interno del 8,8 %, pero se reactivó con fuerza en la primera mitad de este año. Sin embargo, los impactos de la COVID-19 en el bienestar de la población perjudicó al 44% de los hogares que reportaron ingresos más bajos. La tasa de pobreza ronda el 14%.

   Ortega rechazó las presiones internas e internacionales para que se adelantaran las elecciones y también las denuncias sobre la detención de “candidatos presidenciales”. Denunció las presiones de liberales y conservadores y del antisandinismo  en el ámbito interno. Y a Estados Unidos, que operó internacionalmente  instalando la idea de fraude y presionando a sus aliados, Unión Europea y algunos gobiernos de la región, para que acompañaran las denuncias.

   La OEA, en su Asamblea General del 12/11, declaró ilegítimas las elecciones en Nicaragua. El proyecto de resolución fue impulsado por 8 países: Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda. La resolución pide al Consejo Permanente de la OEA que haga “una evaluación colectiva inmediata” a más tardar el 30 de noviembre, y tome las acciones apropiadas. No pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana en virtud de la cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultado. Pero podría desembocar en esa condena en función de las conclusiones de la “evaluación colectiva”. El documento afirma que las elecciones presidenciales que le dieron la reelección a Ortega no fueron libres, justas ni transparentes, no tienen legitimidad democrática y que se ha ignorado las recomendaciones de la OEA.

    No es casual esta posición de la OEA. El presidente de EE UU Joe Biden calificó como “pantomima” la votación. Y para que no queden dudas de sus intenciones, el 10 de noviembre firmó una legislación que suma una herramienta más para endurecer las sanciones contra el gobierno sandinista. La ley para “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” fue aprobada con el voto de demócratas y republicanos. Esto evidencia, una vez más, que no hay “grietas” en Yanquilandia cuando se trata de disciplinar a otros gobiernos detrás de los intereses del imperio. La ley “Renacer” establece que serán sujetos a sancionar  económicamente las personas y empresas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el restablecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno. y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, Ejército Nacional y del Consejo Supremo Electoral así como a miembros del partido y funcionarios del FSLN y sus familiares. Amplía también la supervisión de los préstamos asistenciales que otorgan las instituciones internacionales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo  y FMI. También ordena monitorear el destino de los préstamos legitimando sólo a los destinados “a las necesidades humanas básicas” .

   La ley exige también que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno de Rusia (que reconoció oficialmente el resultado de las elecciones) en Nicaragua, cooperación militar entre Rusia y Nicaragua, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos, las telecomunicaciones  y navegación por satélite, así como las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los EE UU y su seguridad,

   Esta situación evidencia la injerencia del imperialismo yanqui en los asuntos soberanos de la región y la complicidad y acompañamiento de la OEA.

   Un día antes de la realización de la Asamblea General, el canciller argentino Santiago Cafiero, junto al canciller de Bolivia, instaron a la OEA a no interferir en los asuntos internos de sus miembros, alegando el derecho de cada país a elegir su sistema de gobierno sin injerencias externas ni amenazas. “Debemos recuperar en la OEA, la capacidad de consensuar soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados” afirmó Cafiero. Dos días después, Argentina apoyó la vergonzosa resolución de la OEA en contra de Nicaragua.

ELENA RIVERO

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