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Beatriz Perosio

Defender los Derechos Humanos y todas las conquistas sociales

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El avance contra los Derechos Humanos a partir de la asunción de Javier Milei como presidente comenzó apenas recibió el bastón de mando. Las promesas pasaron a ser realidades.

El nuevo presidente modificó la Ley de Ministerios mediante un DNU y muchas de las carteras pasaron a ser secretarías bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Otra de las modificaciones fue el cambio del nombre del Ministerio de Justicia eliminando la denominación “y Derechos Humanos”. Este acto de sacar las palabras tiene una fuerza que sobrepasa lo simbólico. En este juego de re significación de las instituciones, los derechos humanos estarán fuera; no entran en las políticas a implementar. Mariano Cúneo Libarona será la cabeza de esta cartera.

En los discursos de campaña de la fórmula electa ya se explicitaba la negación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; a los Juicios de Lesa Humanidad; a la lucha de Madres, Abuelas, HIJOS. Y no sólo el negacionismo al Genocidio y el Terrorismo de Estado sino, lisa y llanamente, la reivindicación de la muerte y desaparición de personas en la década del `70.

Aún no sabemos con precisión qué pasará con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero no hay buenos augurios. La Secretaria de Derechos Humanos deberá definir el futuro de las más de 200 querellas abiertas en los Juicios de Lesa Humanidad que están bajo su órbita. Por lo pronto, ya se otorgó la libertad condicional a 2 represores condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, Horacio Losito y Julio Barreiro. El primero de ellos fue partícipe de la Masacre de Margarita Belén, Chaco, donde fueron asesinados 15 presos políticos. Esta medida judicial fue festejada por los sectores que reivindican el accionar genocida de la dictadura, muy cercanos a la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

El puesto de Secretario de Derechos Humanos de la Nación antes ocupado por Horacio Pietragalla, ahora será desempeñado por Alberto Baños. Este fue nombrado juez en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem. El ex magistrado, tuvo a su cargo casos renombrados: el robo de las manos del Gral. Juan Domingo Perón en su reapertura en 1994; el caso del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por la patota relacionada con el dirigente de Unión Ferroviaria, José Pedraza (quien fue condenado como autor intelectual). Y más cerca en el tiempo la desaparición del policía de la ciudad, Arshak Karhanyan, que a la fecha continua desaparecido y su causa no tuvo ningún avance en los cuatro años en los que Baños estuvo a cargo, negándose incluso a separar del cargo de policía al principal sospechoso de la causa.

Es pública la simpatía del ahora Secretario de Derechos Humanos hacia las fuerzas de seguridad. También es conocida su estrecha relación con el Ministro de Justicia, Cúneo Libarona. Aún no hay confirmaciones sobre el futuro de los trabajadores contratados en el Área de Derechos Humanos, pero se entiende que responderá a las políticas de achique de los estatales.

Sobre derechos y necesidades

“Hay que terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho” vociferaba el actual presidente en sus actos de campaña. A menos de 72 horas de asumido el nuevo gobierno, los ingresos de lxs trabajadores fueron reducidos por la devaluación del 118 por ciento. El programa económico presentado por el ministro del área, Luis Caputo, proyecta un futuro para el pueblo de muchas necesidades y pocos derechos, cumpliendo con el eslogan de campaña (ver nota aparte).

Derechos básicos, como el de la alimentación, el trabajo y la vivienda digna, entre otros, se verán recortados para las grandes mayorías del pueblo. El ajustazo prometido para la “casta” va dirigido contra la ciudadanía de a pie. El recorte o suspensión de la obra pública traerá consigo despidos masivos y la desocupación de amplios sectores de lxs trabajadorxs.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en los primeros días de diciembre la pobreza por ingresos alcanzó al 44,7 y la indigencia al 9,6 por ciento de la población urbana en el tercer trimestre de 2023. Casi el 45% de lxs argentinxs se encuentra bajo la línea de pobreza, número que será sobrepasado en breve gracias a las políticas de ajuste anunciadas por el gobierno.

Los derechos básicos no estarán garantizados por el Estado, pintando en la brevedad un panorama social catastrófico.

El ajuste viene siempre con la represión.

No hay forma de que un pueblo aguante plácidamente las políticas de hambre como las que quiere imponer el gobierno de La Libertad Avanza y el PRO. Bien entendidos en el tema, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el 14 de diciembre un protocolo antipiquetes. Este instrumento criminaliza la protesta social, que seguirá presente en las calles argentinas.

El “protocolo para el mantenimiento del orden público” prevé la participación de las fuerzas federales y el servicio penitenciario, en la represión. También plantea la identificación de quienes organicen y participen en las manifestaciones, creando un registro de las organizaciones que participen. Anunció sanciones para quienes lleven niños a los piquetes, entre otras perlas que lesionan gravemente el derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión.

Para defender estos derechos el camino será la lucha, más allá de las amenazas del fascismo. Es momento de salir a la calle, ejerciendo justamente uno de sos derechos que el gobierno quiere cercenar: el de la protesta, para defendernos del ajuste en shock.

MARÍA ALANIZ

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