Un modelo agroexportador, financiero, extractivista y minero

            El acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno establece una serie de condicionamientos a la economía que implicarán ajustes para la mayoría de la población al tiempo que se favorece a sectores exportadores y especuladores. Estas son consecuencias ineludibles de los límites al déficit fiscal y a la emisión monetaria aceptados por el gobierno, así como la necesidad de obtener dólares para pagar la deuda. Además, al impulsar una suba en las tasas de interés, la especulación tendrá nuevos alicientes.

            Es cierto que estas medidas se enrolan en las tradicionales recetas del Fondo. Pero no es menos cierto que el gobierno de los Fernández ya viene tomando medidas en la dirección señalada por el organismo internacional, aunque de menor magnitud a la que exige el nuevo “entendimiento”.

            El objetivo de juntar dólares favoreciendo a los exportadores pone como sujetos preferentes de la gestión que encabeza Alberto Fernández a los sectores más concentrados de la economía precisando un modelo basado en la producción primaria, la megaminería y el fracking.

            Según datos del INDEC (“Intercambio Comercial Argentino”, diciembre 2021) el año pasado los productos primarios (materias primas no procesadas) y las manufacturas de origen industrial representaron el 67,7% de las exportaciones. Los primeros incluyen productos agrícolas, forestales, pesqueros y mineros, representando el 28% del total comercializado al exterior.

            Esos datos ilustran el perfil del comercio internacional argentino: poco valor agregado local y alto componente de productos que se extraen directamente de la naturaleza. Un modelo de ese tipo se denomina “extractivista”.

            La decisión de reconocer y pagar la deuda contraída por el gobierno de Macri, y con ello la avenencia a los programas del organismo acreedor, tenderá a acentuar esas características, aunque el gobierno ya había dado señales de que sus prioridades iban en el mismo sentido.

            Para el sector agroexportador, el gobierno del FDT impulsa la ley del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Se trata de una serie de beneficios fiscales para las compañías agrícolas que exporten, beneficiando un sector altamente concentrado y trasnacionalizado. En ese rubro dominan las grandes cerealeras como Cargill, ADM, AGD, Dreyfuss, COFCO, etc. La iniciativa tiene el visto bueno de la mayoría de la oligárquica “Mesa de Enlace”.

            Medidas de este tipo van a favorecer a estos monopolios al tiempo que empujarán hacia arriba los precios de alimentos en el mercado interno, más aún con la devaluación que vendría de la mano de la “reducción de la brecha cambiaria” ( la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo).

            El economista Horacio Rovelli (en su artículo “Concentración y Extranjerización”, publicado en El Cohete a la Luna), denuncia que el modelo agropecuario vigente “está centrado en el monopolio del acceso a las tierras más fértiles y basado en el desarrollo de agro negocios y pools de siembra,  con fuerte dependencia de tecnología importada y control de las exportaciones por parte de monopolios extranjeros”. Las prioridades de la gestión Fernández van en el sentido de profundizar ese modelo, más aún con las condiciones acordadas con el FMI.

            En el caso de la minería, y a contramano de las masivas movilizaciones contra la extracción altamente contaminante que conllevan las megamineras, el gobierno promueve la reducción de retenciones y el incremento de la producción. Los lineamientos están expuestos en el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, que apunta a triplicar las exportaciones con la incorporación de proyectos de extracción de cobre, oro, plata y litio.

            El proyecto enuncia objetivos de “sostenibilidad ambiental” con el supuesto cumplimiento de “los más elevados estándares ambientales”. Sin embargo, esas afirmaciones quedan en tela de juicio a la luz de las consideraciones de la reciente medida cautelar otorgada por el juez federal Santiago Martín contra el decreto que habilitaba la exploración petrolera en la costa bonaerense. El magistrado hizo lugar a la presentación de diversas organizaciones considerando la falta de publicidad de los efectos ambientales que acarrearía la actividad y la ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica que analizara el impacto de las exploraciones en su conjunto. Este es sólo un botón de muestra de la laxitud de los controles estatales a la hora de proteger al ambiente de las consecuencias de las actividades extractivas.

            En producción hidrocarburífera, el gobierno propone beneficios a las petroleras como el reintegro del IVA, la reducción en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de los bienes que adquieran las empresas, etc.  Además, permitirá la libre disponibilidad de la mitad de las divisas, por lo que el impacto en el ingreso de dólares será mucho menor al que refleje la cuenta corriente. Tecpetrol-Techint, Panamerican Energy, Vista Oil y otros monopolios, de parabienes.

            El acuerdo anunciado con el Fondo -y del que aún se desconoce la “letra chica”- también incluye ventajas para los sectores financieros y especulativos. Por un lado, hay un compromiso de subir las tasas de interés; por otro, la limitación de la acción del Banco Central acordada con el organismo implicará que el Estado deba financiar su déficit contrayendo deuda… en beneficio, nuevamente, del sector financiero.

            El PL mantiene en alto un proyecto de país diferente, agrario-industrial-tecnológico e independiente, sin los visos semicoloniales del actual.

JORGE RAMÍREZ