TORTURAS EN MALVINAS:

Otra causa que duerme en la Corte Suprema

En la guerra de Malvinas hubo combatientes heroicos, desde oficiales hasta conscriptos. El soldado Oscar Ismael Poltronieri, de 20 años, cubrió él solo, con una ametralladora, la retirada de su pelotón en la batalla del monte Dos Hermanas, permitiendo que sus compañeros se replegaran a zonas seguras. Es el único conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina: la “Cruz al Heroico Valor en Combate”. Su valiente accionar contradice a quienes sostienen la teoría de que eran “niños” que fueron mandados a pelear una lucha para la que no estaban preparados.

Aunque es cierto que la mayoría de las tropas no tenían el entrenamiento suficiente ni el armamento necesario para ganar esa guerra, con los años y de la propia versión de oficiales británicos, se sabe que hubo combates donde el lado argentino opuso una gran resistencia al invasor.

 También hubo oficiales que maltrataron y vejaron a los soldados. Esas Fuerzas Armadas, seis años antes habían dado un golpe militar y mantenían a la población bajo un régimen de terrorismo de Estado.

En 2006 se presentó una denuncia de un ex soldado de Malvinas, ante la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Público Fiscal. Luego se sumaron otras, como la presentada en 2007 por el abogado Pablo Vassel, en ese entonces subsecretario de DDHH de Corrientes. Fue por violaciones a los derechos humanos cometidos en el Regimiento de Infantería N° 3 de esa provincia, a un grupo de ex combatientes.

 Los hechos denunciados eran golpes y palizas, estaqueamientos a bajas temperaturas, incluso bajo bombardeo enemigo (así perdieron la vida dos soldados), enterramientos hasta el cuello, obligar a los soldados a meterse desnudos en el mar helado, entre otras vejaciones. Todas ellas eran represalias ante los reclamos que hacían los combatientes por la falta de alimento y abrigo.

En 2015, la Corte Suprema dejó firme la prescripción en la causa por la denuncia realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, luego que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario contra la sentencia que le negaba a esos delitos el carácter de “lesa humanidad”.

Hasta ese año, las pruebas que había en esas causas remitían a testimonios de las víctimas, pero luego de la desclasificación de archivos militares relativos a Malvinas, ordenada por la presidenta Cristina Fernández y su ministra de Defensa, Nilda Garré, se accedió a información rigurosa, que respaldaron esos testimonios.

 El fiscal federal de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Marcelo Rapoport, y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos, promovieron en 2017 la acción para que se investiguen esos delitos, cometidos en el Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la Brigada de Infantería III, instalado en la Isla Gran Malvina. Se trata de 22 hechos, con 26 oficiales y suboficiales denunciados.

Hasta el momento sólo se tomaron cuatro declaraciones indagatorias por la jueza federal Mariel Borruto, contra Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino, quienes fueron procesados por los delitos de tormentos y amenazas. Además la magistrada calificó a los hechos ventilados como delitos de lesa humanidad.

Pero en mayo de 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió por mayoría hacer lugar al recurso de la defensa de los imputados. Y le negó ese carácter de lesa humanidad a los crímenes por los que se acusa a los cuatro procesados. En consecuencia, declaró que estaban prescriptos. Ya antes esa misma Sala había fallado en contra de las denuncias realizadas por los soldados víctimas de torturas, en 2015, pese a que un juez federal y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, habían rechazado la defensa de prescripción interpuesta por los acusados.

 Ahora, la causa sigue empantanada en los laberintos de la Injusticia. El fallo de Casación fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes ante la Corte Suprema. Hasta que no se resuelva si los crímenes son delitos de lesa humanidad (imprescriptibles), la investigación se encuentra paralizada. Por ello, han sido suspendidas las indagatorias al resto de los imputados. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los ex combatientes para que se haga justicia?

El dictador Juan Carlos Onganía, quien diera el golpe de Estado de la llamada “Revolución Argentina”, el 28 de junio de 1966, dijo que “no tenía plazos, sino objetivos”. El Cordobazo barrió con él. Aunque hoy no estamos en dictadura, para la Corte Suprema tampoco parece haber plazos, si nos atenemos a los tiempos que se toman sus integrantes para dictar sentencias. En la causa por las torturas a los ex combatientes, ya tuvieron un fallo vergonzoso en 2015, convalidando la prescripción de esos delitos. Ahora repiten esa vergüenza, cajoneando una resolución que lleva un año esperando sentencia.

Un nuevo motivo que ilustra la justicia del reclamo de “Fuera la Corte” y “Reforma judicial democrática a fondo”.

 IRINA SANTESTEBAN