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RECLAMOS POR MALVINAS

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Menos declaraciones y más medidas contra empresas británicas

            El 2 de abril se conmemoró el 41 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, en homenaje a los/as Veteranos/as y Caídos en esa contienda bélica.

            La recuperación de esas Islas no fue ningún arrebato patriótico de la dictadura militar que gobernaba Argentina. Fue un intento de frenar la creciente lucha popular que estaba cercando a ese gobierno genocida. Su derrota fue la consecuencia directa del accionar de esos militares muy duchos para secuestrar y asesinar militantes populares, pero cobardes ante sus otrora aliados, el Reino Unido y EEUU. Hubo soldados y oficiales que lucharon con heroísmo, pero la conducción de esa guerra en manos de esos militares, no podía conducir al triunfo.

            Luego de la derrota infligida por las tropas británicas el 14 de junio de 1982, hubo un “manto de neblina” sobre los 73 días de recuperación de aquel territorio, que se trasuntó en indiferencia hacia los ex-combatientes. Las negociaciones del gobierno de Raúl Alfonsín en Naciones Unidas, fueron un fracaso, hasta que en 1989 se adoptó la fórmula del “paraguas de soberanía”, por la cual se reanudaban las relaciones diplomáticas con Londres, pero se dejaba de lado el reclamo por la soberanía. Luego vinieron los Acuerdos de Madrid 1 y 2, bajo el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo: Argentina cedió la negociación por la soberanía y permitió la explotación de los recursos marítimos al Reino Unido. 

            Estos acuerdos desconocían la Resolución 2065 de 1965 de Naciones Unidas, que reconoció la disputa por soberanía. Hay innumerables resoluciones de la ONU que definen a Malvinas como uno de los 19 enclaves coloniales que se mantienen en el Siglo XXI. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se abandonó la fórmula del “paraguas” y se volvió al reclamo de soberanía, cuestión que Kirchner llevó en 2004 al entonces primer ministro británico, Tony Blair. Sin embargo, ni laboristas ni conservadores cedieron.

            Mauricio Macri fue el primer presidente que no mencionó a Malvinas en su discurso de asunción. Y en 2016 se firmó el acuerdo Foradori-Duncan, que establecía “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

            De esta forma, la usurpación británica siguió con la ocupación militar y explotación de los abundantes recursos ictícolas y petroleros en esa zona.

            El presidente Alberto Fernández, con la lentitud y tibieza que caracteriza sus medidas, anunció a través del canciller Santiago Cafiero, en marzo de este año, la finalización del acuerdo Foradori-Duncan, al cual calificó como “uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas”. Más vale tarde que nunca.

            Tanto la fórmula del “paraguas” sostenida por Menem, como la negociación basada en el “fortalecimiento de las relaciones económicas” del macrismo, fueron perjudiciales para la continuidad del reclamo argentino contra la usurpación que cumple 190 años.

            Pero tampoco hubo éxitos con otras posiciones diplomáticas más firmes. Inglaterra ha ido avanzando en materia militar y económica, y mantuvo una base de la OTAN en Malvinas, Mount Pleasant, con 1.300 efectivos y armas de todo tipo.

            Hacen falta otras medidas y estrategias, para recuperar ese territorio que pertenece a Argentina histórica y geográficamente. Sin llegar al extremo de una guerra, existen políticas más efectivas que podrían obligar a Londres a negociar.

            Su argumento es que los isleños (kelpers) manifestaron en un plebiscito en 2013 que quieren pertenecer a la comunidad británica. Pero esa consulta fue desconocida por el gobierno argentino, ya que forma parte de la política colonialista del usurpador.

            Ninguno de los gobiernos democráticos posteriores a la guerra de Malvinas intentó siquiera una tímida afectación de intereses económicos británicos. Por ello, carecen de efectividad las declaraciones de cada 2 de abril, en alusión a soberanía. Hasta la oposición de derecha de Juntos por el Cambio se pronunció de manera oportunista, en un sentido pro-malvinense. La más caradura, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había sugerido en 2020 entregar las Malvinas en garantía a Pfizer, cuando pidió que se le comprara a ese laboratorio yanqui las vacunas contra el Covid 19.

            El 10 de enero pasado, en su cuenta de Twitter, la Embajada británica en Argentina publicó: “El Reino Unido comparte fuertes vínculos comerciales con la Argentina, donde operan más de 100 empresas británicas”. Y daba cuenta de una reunión del ministro de Política Comercial Greg Hands con el embajador argentino en el Gran Bretaña, Javier Figueroa. A confesión de parte…

            Entre los gobernadores, sobresale el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales, como entreguista de nuestra soberanía. En la página del gobierno de Jujuy, en julio pasado, se publicó una reunión entre el ministro de Producción de la provincia, Exequiel Lello Ivacevich, con la embajadora del Reino Unido, Christine Hayes. La entrevista fue para la generación de “mayores oportunidades de exportación y atraer inversores británicos a la provincia”, y para mayores vínculos con empresas británicas en una agenda del litio y el cannabis medicinal.

            Lello destacó la reunión como “muy positiva”, porque se hizo eje en las energías renovables, litio y exportaciones de frutas finas y alubias. Hay un proyecto de energía termosolar que está desarrollando la provincia junto al Invap, como una “gran oportunidad de inversión” para la British Petroleum.

            Además de BP, en materia energética en Argentina opera Shell, de capitales británicos y holandeses, que además puso a un ex CEO como ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, responsable de los tarifazos en 2016.

            Por ello, de nada sirven las declaraciones de tinte patriótica pronunciadas el pasado 2 de abril, si las relaciones comerciales con el país usurpador de Malvinas siguen tan campantes.

            Algunas de las empresas británicas en nuestro país son: Cadbury (chocolates y alimentos), Unilever (alimentos e higiene), AstraZeneca (laboratorio farmacéutico), Bridgestone (Neumáticos), en conflicto con el sindicato (SUTNA) por el despido injustificado de personal. En bancos, operan HSBC y otros.

            Ninguna de estas empresas ni otras que pertenecen a la Cámara de Comercio Argentino – británica, como OCA, han sido siquiera molestadas, cuando pertenecen a capitales de un país que no le reconoce al nuestro negociar la soberanía en las Islas.            Sin llegar a un conflicto armado, se podrían impulsar medidas como la expropiación o el cobro de impuestos, y de esta manera forzar al gobierno del Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones.

            A 41 años de la guerra de Malvinas y a 190 años de su usurpación por parte del gobierno de Su Majestad, es hora de pasar de las palabras a los hechos.

IRINA SANTESTEBAN

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