Reaparecen FARC por traición estatal al proceso de paz

El 29 de agosto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia encabezadas por Iván Márquez informaban que había retornado a la lucha armada. “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (zona de nacimiento de las FARC en mayo de 1964) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, decían en video.

Márquez aludía no sólo a la opresión habitual de las clases dominantes, el régimen del latifundio y la explotación de las multinacionales y mineras, los carteles del narcotráfico y el sistema de corrupción. Se refería al abandono del gobierno de Iván Duque de los acuerdos de paz firmados en la capital cubana en septiembre de 2016 y en Colombia en noviembre de ese año.

Esos acuerdos vienen pisoteados por el Estado. Márquez acusó: “ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ellas por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua. Tanto el fondo de tierras, como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos y el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, han quedado perdidas en el laberinto del olvido”. Duque es rápido para financiar los gastos de sus tropas, aliadas de la OTAN, pero lentísimo para poner fondos para la reinserción de los desmovilizados.

Aquellos entregaron las armas y fueron a 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Allí siguen al aguardo de fondos y herramientas para ganarse la vida. Y en vez de llegar esos compromisos, recibieron plomo. Las organizaciones humanitarias dicen que más de 150 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma de los tratados de paz. Y a ello se agregan 500 líderes y lideresas sociales, indigenistas y defensores de derechos humanos, también asesinados. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) fueron 627.

Esos crímenes se suman a las 260.000 muertes en el conflicto armado con activa participación de EE UU mediante el “plan Colombia” y el uso siete bases militares estadounidenses, en el medio siglo transcurrido desde la primera Marquetalia (levantamiento de campesinos en 1964 acaudillado por Manuel Marulanda Vélez, fundador de las FARC).

El tratado de paz fue sumado a la Constitución, pero el gobierno de Duque amenaza seguir el libreto de su mentor y genocida Álvaro Uribe, quien propone extirparlo. Y en los hechos viene modificando lo firmado en un sentido antiguerrilla, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), agravando las acusaciones y causas contra los líderes desmovilizados.

El gobierno saboteó las Circunscripciones Electorales Especiales de Paz concebidas para que las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto, tuvieran voz en el Congreso, añadieron las FARC.

LA GRAN MENTIRA

Las acusaciones judiciales contra Márquez y Santrich no sólo se refieren a acciones propias del enfrentamiento armado, que sucedieron y son discutibles; por caso el secuestro de empresarios para recaudar fondos o las retenciones de legisladores para reclamar la libertad de presos políticos y que derivaron en enfrentamientos con los militares, con muertes y heridos de ambas partes. Además de eso, el gobierno viene manipulando la justicia para condenar a los líderes de las FARC en causas por narcotráfico, según el patrón de medida impuesto por EE UU. Desde la Casa Blanca y el Palacio de Nariño siempre se acusó a la insurgencia de “terroristas” y “narcotraficantes”. Con esas mentiras querían justificar la intervención estadounidense en la región y el genocidio, porque además de ese cuarto de millón de muertos y desaparecidos hubo millones de desplazados y refugiados (en Venezuela viven 5 millones de colombianos que huyeron de la guerra).

Con ese argumento falso de narcotráfico en 2004 fue extraditado a EE UU Simón Trinidad, condenado a 60 años de prisión. Lo mismo quisieron hacer con Jesús Santrich, que por eso no asumió como legislador y reapareció con Márquez. Lo acusaban falsamente de planificar el envío de 10.000 kilos de cocaína a EE UU.

Márquez no asumió como senador y encabeza este nuevo intento de guerrilla por la supervivencia de los militantes y la liberación nacional, tendiendo puentes con la otra guerrilla sobreviviente, el ELN de Gabino Rodríguez. Se puede discutir si este regreso a la vía armada es lo más correcto o no, pero no negar que los argumentos invocados por los insurgentes son concretos. Los riesgos de ser asesinados deben ser muy fuertes para que Márquez, de 64 años, deje su banca de senador para ir a la zona del río Inírida, la selva amazónica y el Orinoco, con los riesgos y sacrificios que supone. El primer día de rebeldía un bombardeo a traición de las FFAA mató a 14 personas en San Vicente del Caguán.

El presidente, su ministro de Defensa Guillermo Botero y el jefe de las Fuerzas Militares, general Luis F. Navarro, aseguraron que los rebeldes están en Venezuela. “Son un grupo criminal, auspiciado por la dictadura de Maduro” acusaron. Una forma elegante de sacarse el problema de encima y echarle la culpa a Venezuela, para justificar más agresiones. Ahora los cargos son tres: terroristas, narcotraficantes y agentes de Venezuela.

Nada que ver. La reaparición de las FARC y la continuidad del ELN, son productos tan colombianos como el café. Demuestran que una parte de ese pueblo sigue las enseñanzas patrióticas de Simón Bolívar, Marulanda Vélez y Camilo Torres. El dato nuevo es que ahora están en sintonía para una mayor unidad insurgente.

FUENTE: LA ARENA