En Córdoba, Schiaretti ajusta y reprime

El 6 de setiembre, los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba marcharon hacia el edificio central, en el plan de lucha que vienen realizando desde hace un año y medio, en contra del quite de conquistas laborales de su convenio colectivo, y el intento del gobernador Juan Schiaretti de privatizar la empresa.

Los esperaba la policía provincial, que desató una salvaje represión, con gases y balas de goma disparadas a la altura de la cabeza de los manifestantes, hiriendo a varios, entre ellos al secretario general, Gabriel Suárez. Luego detuvieron a una docena de trabajadores, incluido el delegado Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente de Luz y Fuerza. Héctor ha sido perseguido por las autoridades de la EPEC cuando intentaron desplazarlo de la Gerencia de Servicios Informáticos y lo tuvieron que reponer por una medida judicial. Ese viernes se dispuso la libertad de los detenidos.

La situación en Córdoba no es diferente a la del resto del país, aunque Schiaretti insista con el “cordobesismo” como si estuviéramos en un paraíso. Los índices sociales son peores aún que los del resto del país: hay más pobres y el desempleo está golpeando duro, en particular en las automotrices; Fiat por ejemplo, está trabajando dos días a la semana. La recesión golpea también el comercio, con centenares de negocios que cierran. En salud pública, los trabajadores denuncian el colapso de los servicios hospitalarios (ver nota aparte). En cuanto a la emergencia alimentaria, en Córdoba, de los 542.834 niños, niñas y adolescentes inscriptos este año en los tres niveles de las escuelas de gestión pública, el 47 por ciento asistió en agosto al Paicor, el programa alimentario escolar.

Con semejante panorama sería de esperar que las centrales obreras estuvieran en pie de lucha. Sin embargo, pareciera que el movimiento obrero cordobés sigue a los dirigentes de la CGT nacional, que consideran que “no es momento para hacer paro”.       Según la consultora Diagnóstico Político, agosto ha sido el mes con más piquetes y movilizaciones en lo que va del año, con 524 acciones; mientras que en los últimos 2 años y medio, el promedio diario fue de 14,7 piquetes.

En Córdoba los conflictos crecen: en los hospitales públicos, por aumento salarial, contra la privatización de los servicios hospitalarios y por más presupuesto en Salud. Los Judiciales están luchando por aumento salarial y efectivización de los contratados; y en el Polo de la Mujer, sus trabajadoras piden pase a planta permanente y nombramiento de más personal en un área tan sensible. Los trabajadores de Minetti, una gran empresa local productora de harina y azúcar, habían ocupado pacíficamente el establecimiento por falta de pago de haberes y aguinaldo en julio, luego levantaron la medida ante la firma de un acuerdo con la patronal. La empresa volvió a incumplir con lo firmado, por ello están advirtiendo que volverán a la lucha.

Las Agrupaciones de Base Clasistas (ABC) estamos convencidas que hay condiciones más que suficientes para un Paro Provincial. Por ello, hacemos un llamado a todos los agrupamientos sindicales, del sector público y privado, para que nos reunamos en asambleas de base, democráticas, y convocar desde abajo y empezando por los sectores más movilizados, para un plan de lucha contra el ajuste que en la provincia aplica Schiaretti, en sintonía con Macri. A la vez, exigimos el cese de la represión contra los que se movilizan por sus justos reclamos, como pasó con los compañerxs de Luz y Fuerza.

DETENCIÓN DE SAILLÉN

El secretario general del Surrbac (Sindicato de Recolectores de Basura), Julio Mauricio Saillén, fue detenido en una causa que tramita en la Justicia Federal, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Él y el secretario adjunto del gremio, Pascual Catrambone están presos luego del allanamiento a sus viviendas, en los que se les secuestraron camionetas, joyas, dinero en efectivo, además de haberse informado de un plazo fijo por 700.000 dólares, luego desmentido por el abogado de los sindicalistas.

Saillén ha sido uno de los dirigentes más activos en la resistencia contra Macri; en cada movilización de las centrales obreras, la columna del Surrbac era de las más numerosas. Su hijo Franco, legislador y candidato a diputado nacional, también está imputado, pero no detenido. El fiscal de la causa, Senestrari, negó “intencionalidad política” en las detenciones, lo mismo que el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández.

La CTA de los Trabajadores y Luz y Fuerza se solidarizaron con Saillén y repudiaron su detención como campaña de demonización sindical.

Las ABC rechazamos la persecución a los que luchan, y por ello repudiamos la detención de Tosco y compañeros de Luz y Fuerza. Esperamos que Saillén y Catrambone puedan demostrar en la Justicia que están siendo acusados falsamente. También con franqueza decimos que nuestro modelo de dirigente sindical no es ése, sino el de los que dieron su vida en la defensa de los derechos de sus compañeros, viviendo sencillamente y dejando a sus hijos pocos bienes materiales, como Agustín Tosco, René Salamanca, Atilio López y Víctor Hugo Paciaroni.