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Massa profundiza el ajuste con el FMI

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El 12 de septiembre, Kristalina Georgieva -titular del Fondo Monetario Internacional- hizo público su felicitación a Sergio Massa por “su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa” acordado con el organismo por el anterior ministro Martín Guzmán para reestructurar la deuda brutal tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

La economista nacida en Bulgaria destacó la decisión del gobierno argentino de cumplir con la reducción del déficit fiscal primario, la “reorientación” de los subsidios a la energía, la suba de tasas de interés y el cepo a la política monetaria, entre otras medidas del menú tradicional del organismo.

El ministro Massa viajó a Estados Unidos el 6 de septiembre último para buscar apoyos a su agenda de ajuste y fortalecimiento de reservas orientadas a cumplir con los pagos al Fondo.

Las medidas que el tigrense amigo de la embajada estadounidense tomó antes del viaje dejaron en claro los lineamientos que regirán su gestión: recortes presupuestarios y ayuda a sectores concentrados para que aumenten las exportaciones y liquiden divisas en el país. No para mejorar las condiciones de vida de lxs argentinxs sino para generar recursos para “honrar” el endeudamiento.

El 20 de agosto pasado, mediante una Decisión Administrativa firmada junto al Jefe de Gabinete Juan Manzur, Massa recortó los presupuestos de Educación, Salud, Vivienda y Obras, entre otros.

A la cartera que encabeza el ex rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, le amputó $50.000 millones originalmente destinados al vapuleado programa “Conectar Igualdad”, al mantenimiento de Jardines de Infantes y transferencias a provincias para la adquisición de equipamiento educativo.

Al ministerio de Salud le restó $10.000 millones cuyo destino original era la “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”. Esto muestra a las claras que al gobierno le importa más cumplir con el ajuste convenido que enfrentar los coletazos de la pandemia del COVID-19 y actuar frente a un escenario donde el Dengue, la Chikungunya, el Hantavirus y otras enfermedades endémicas siguen afectando gravemente a sectores de menores recursos en distintos puntos del país.

Al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat le sustrajo $50.000 millones, que estaban presupuestados para el Pro.Cre.Ar, un programa que desde 2012 permitió a miles de argentinxs construir y refaccionar sus casas.

Estos recortes se basaron en la subejecución presupuestaria que llevaron adelante sus antecesores Guzmán y Batakis, aunque fue Massa quien la consagró en el boletín oficial.

Al momento de asumir, el ministro de Economía había adelantado que llevaría adelante y profundizaría el tarifazo energético diseñado por Guzmán, ampliando el universo de ciudadanxs que tendrán que afrontar fuertes aumentos. La medida golpea también a las pequeñas empresas, que soportarán un incremento del 120% en las tarifas de electricidad, según estimaciones de CAME.

En la misma vorágine ajustadora, el gobierno había dispuesto la incompatibilidad entre percibir el Progresar (ayuda para estudiantes de todos los niveles) y planes sociales como el Potenciar Trabajo. La decisión iba en línea con la estigmatización de las organizaciones sociales y afectaba a 40.000 personas a las que condenaba a elegir entre estudiar y trabajar. Luego de numerosas protestas, finalmente se volvió atrás con este guadañazo, al mejor estilo del “si pasa, pasa” que exhibió el gobierno anterior, macrista, con varias medidas antipopulares.

​Para el extractivismo sí hay plata

El plan económico no sólo restringe recursos que deberían satisfacer necesidades de la mayoría, sino que “reorienta” sus prioridades hacia los sectores más concentrados. Con la intención expresa de aumentar las reservas, otorga subsidios a sectores exportadores. Como medida contra la inflación, aumenta las tasas de interés, beneficiando a la especulación y al sector financiero. Para “atraer inversiones”, se ponen en juego recursos naturales, se desestima la protección ambiental y los derechos de comunidades indígenas.

El “dólar soja” es un claro ejemplo de adónde destina fondos el gobierno. Para que los exportadores sojeros liquiden los dólares que obtienen del comercio exterior, el Banco Central les reconocerá $200 por cada verde, cuando su valor oficial -al momento de escribir esto- es de $149,52. Para pagar esa diferencia del 33,7%, el BCRA emitió en apenas una semana casi $290.000 millones. Esos pesos podrían incidir en la inflación si se “gastan”, por lo que se emitieron papeles de deuda para que esa plata vaya a especular… con tasas que pagará el mismo Banco.

En resumen: para que queden dólares en las reservas, el gobierno emite y se endeuda aún más, destinando fondos que retacea a las necesidades sociales.

El ajuste nunca viene solo: viene mal acompañado por quita de derechos y paralización económica, y recae siempre en las mayorías populares.

JORGE RAMÍREZ

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