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Luces y sombras del proyecto de Alderete (PCR) sobre el litio

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            La rebelión popular en Jujuy, y en especial las movilizaciones de los pueblos originarios que protagonizaron muchos cortes de ruta contra la Reforma Inconstitucional del gobernador Gerardo Morales, pusieron una vez más sobre el tapete la cuestión del litio. Es que dos artículos de dicha reforma tenían el objetivo de desalojar a esas comunidades de sus tierras ancestrales para avanzar en proyectos extractivistas de litio y otros minerales a favor de multinacionales.

            En esa provincia ya opera un monopolio, Allkem, de capitales australianos, con sus socios Toyota, BlackRock y Vanguard Group; y en Catamarca está la norteamericana Livent junto a los bancos HSBC y JP Morgan; según informaciones periodísticas, ambas empresas ya se habrían fusionado.

            Si bien esos dos son los proyectos que están en marcha en la explotación del litio, hay otros 40 en etapas de estudio y prospecciones, siempre con empresas como las mencionadas, en asociación con bancos y fondos de inversión. También las hay de China. Lo positivo es que sin haber llegado a la etapa extractiva, hay proyectos de YPF Litio asociado a la provincial de Catamarca, CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) en Fiambalá.

            Son cuestiones muy importantes en juego, porque la modalidad extractiva del litio demanda mucha agua, un recurso vital que escasea en zonas mineras. Esas explotaciones, si no tienen un fuerte control estatal y social, también son contaminantes, como se ha comprobado con empresas en esas provincias, más Salta, San Juan, Mendoza, Chubut, Neuquén, etc.

            El otro factor a tener en cuenta es, como se dijo respecto a Jujuy, que por atraer inversores del litio no se desalojen comunidades originarias, que viven en esas tierras desde tiempos inmemoriales aunque la mayoría no tengan “títulos de propiedad”. No son okupas, son los dueños de esos territorios.

            Las grandes mineras, extranjeras en su mayoría, cometen otras fechorías, mientras los gobiernos provinciales y el nacional miran para otro lado, como cómplices: subfacturan sus exportaciones, declarando muchas menos toneladas de las que realmente extraen y venden afuera en dólares. Con un agravante, la retención a esas exportaciones es de apenas un 3 por ciento. Según el economista Horacio Rovelli es aún menos porque tienen ventajas impositivas y algunos reintegros.

            En esos negociados se nota la mano de administraciones provinciales, que se aprovechan de que, según la Constitución Nacional reformada en 1994 mediante el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, las provincias son las propietarias del subsuelo, no la Nación. Entonces los dueños de las mineras arreglan con los gobernadores, tipo Morales, radical; Jalil, de Catamarca, peronista, y Sáenz, de Salta, renovador.

PROYECTO POSITIVO PERO LIMITADO

            En este marco se debe analizar el proyecto presentado en mayo pasado por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, de la CCC-PCR, que integra desde 2019 la bancada del gobierno fondomonetarista del Frente de Todos-UP.

            El proyecto tiene un aspecto positivo, que es declarar al litio como “recurso estratégico”. “Lo que esta ley propone es que haya desde la Nación una mínima regulación sobre lo que hacen estas mineras (de capitales extranjeros) con lo que extraen porque el litio es de interés estratégico para la Nación y su soberanía”, declaró el diputado a Catamarca/12 el 30 de junio pasado.

            Como era de esperar, la derecha política, peronista y macrista, de Catamarca, Salta y Jujuy, pero también de esos partidos y coaliciones en el orden nacional, y por supuesto los círculos empresarios mineros, salieron con los botines de punta quejándose de que la iniciativa quería nacionalizar el litio.

            Alderete negó tal propuesta nacionalizadora. “Muchos están confundiendo el proyecto que presenté junto a otros 19 diputados nacionales del FDT. No hablamos de nacionalizar el litio, sino de nombrarlo recurso estratégico”, aclaró. Muy a la defensiva, indicó a aquel medio que esta “declaración del litio como recurso estratégico no va contra la Constitución nacional en su reforma del año´94, por lo que el litio seguiría siendo patrimonio de las provincias, y las regalías seguirían gestionadas (a favor de las provincias) por la Ley de Minería vigente”.

            Ahí se vio que el proyecto es muy limitado. No propone nacionalizar el litio, seguirán las bajas regalías manejadas por las mineras y las provincias, no quiere modificar la ley de minería ni nada por el estilo.

            Lo único importante sería que se declararía “de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados”. Así habría más control sobre los proyectos mineros, antes de su aprobación, y luego de su puesta en marcha. Habría un rol mayor del Estado, pero no como dueño sino con el derecho a comprar y pagar el litio que se extraiga. El artículo 5 del proyecto de Alderete define que “el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país”.         

            Si alguien tenía alguna duda, el propio diputado lo aclara: “Lo que esta ley propone es que haya desde la Nación una mínima regulación sobre lo que hacen estas mineras”. Repito, ¡una mínima regulación!

            La solución de fondo pasa por otro lado. Una YPF Litio totalmente estatal, completando la estatización mayoritaria, pero parcial de 2012, con participación de las 23 provincias y CABA, también con control de los trabajadores, pueblos originarios, usuarios, y municipios. Nacionalización del litio para poner coto a las amenazas de dominación de la generala Laura Richardson y el Comando Sur yanqui. Estricto control estatal de las exportaciones. Aumento sustancial de las retenciones. Priorizar la industrialización del litio en el país, para baterías, industria automotriz, tecnológicas, industria aeroespacial y defensa.

SERGIO ORTIZ

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