Los vetos de Macri

En la madrugada del 30 de mayo, el Senado aprobó un proyecto de ley que retrotraía las tarifas a noviembre pasado y limitaba los nuevos aumentos a los incrementos salariales. Hubo una holgada mayoría en diputados (133 a 94) y también en la Cámara Alta (37 a 30), a pesar de que aquí pesan los votos que orienta Miguel Pichetto (PJ) siempre propenso a acordar con el oficialismo.

Unas pocas horas tardó Macri en vetar esa norma, desmintiendo su declamado apego al republicanismo y la división de poderes. El anuncio estuvo a cargo del jefe de gabinete Marcos Peña, mientras el presidente volaba hacia Salta para reunirse con los gobernadores del NOA y sus acólitos.

Macri demostró una vez más que la defensa de las ganancias de los sectores más poderosos, de los monopolios (en este caso, las empresas Energéticas) es una prioridad de su gobierno, muy por encima de las necesidades acuciantes de quienes no pueden pagar los servicios, de quienes deben resignarse al frío sin prender la estufa o de quienes deben someterse a privaciones mayores para hacer frente a las boletas.

Entre las directas beneficiarias del veto macrista hay amigos y socios, del presidente y también de miembros de su gabinete.  La política tarifaria macrista apuntaló enormes ganancias, por ejemplo, para Marcelo Mindlin, el mismo que compró IECSA (empresa que fue de Macri y luego -en los papeles, al menos- de su primo Angelo Calcaterra). Midlin se quedó con acciones de Petrobras que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad previsional (sí, la “plata de los jubilados”), el mismo al que el gobierno le condonó millonarias deudas de su Pampa Energía. Entre los afortunados de la política oficial también podemos nombrar a Rogelio Pagano, del Grupo DESA, virtual monopolio de la electricidad en la provincia de Buenos Aires y también controlante de la distribuidora salteña Edesa.

Es claro que reconocer que las medidas tienen como verdadero objetivo asegurar ganancias fabulosas a monopolios y oligopolios no rinde en popularidad. El discurso oficial sostiene que los tarifazos son “necesarios” para aumentar la producción energética. Los datos desmienten rotundamente esa afirmación: según Ernesto Tenembaum (insospechable de opositor), en estos años se produjo menos que en tiempos de Kicillof, con una tendencia a la baja, y se importó mucho más. Para el periodista esa sería una paradoja, pero en realidad es una lógica consecuencia de las medidas del gobierno.

CAPITÁN VETO

Macri siempre estuvo dispuesto a aplicar el veto contra iniciativas que beneficiaran a las mayorías, que favorecen a la transparencia o que amplían derechos.

Como Jefe de Gobierno porteño vetó total o parcialmente nada menos que 128 normas, entre ellas la que establecía el protocolo de aborto no punible en la Ciudad de conformidad con el fallo de la Corte Suprema. También eliminó buena parte del articulado de otra ley que establecía pautas para regular la publicidad oficial.

Ya en la Rosada, bajó en 2016 la ley de emergencia ocupacional que impulsaron las centrales sindicales y en la que se establecía la doble indemnización en caso de despidos. A pesar de la dramática caída en el empleo, Macri la observó con argumentos neoliberales que pretenden que menos derechos implicarían más trabajo, aunque tal cosa no se haya verificado nunca, sobre todo en relación con políticas de impulso al consumo y de protección de los trabajadores.

También cayó bajo el veto macrista la ley que declaraba de interés público y sujeto a expropiación el inmueble donde la Cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional (BAUEN) mantiene en funcionamiento un hotel desde 2001, luego de que los antiguos dueños lo abandonaran. También fueron vetadas la norma que fijaba un “salario mínimo profesional” para cada actividad; los artículos del régimen jubilatorio para los ex combatientes de Malvinas, en los que se establecía un haber mínimo; y la que establecía la protección integral de las personas portadoras de trombofilia.

Las encuestas empezaron a reflejar lo que se percibe en la calle: la gran mayoría ya no cree en las justificaciones del gobierno, y tiene claro que su equipo de CEOs trabaja para los más ricos, los monopolios y los especuladores.

Necesitamos recuperar los recursos energéticos para ponerlos al servicio de las necesidades populares y la producción nacional. La estatización del sistema energético es vital en un programa para un frente antiimperialista como el que impulsa el PL.

MARÍA ALANIZ