Los números de la economía no cierran por ningún lado

            El gobierno sigue orientando su política a cumplir con el Fondo Monetario, lo que implica ajuste fiscal, prioridades a la exportación y fuertes restricciones a la emisión monetaria.

            Como en la remake de una película poco exitosa, el plan del organismo internacional viene de la mano de sufrimientos para la mayoría de la población, disminución de la actividad económica, ajustes que nunca resultan suficientes y pérdida de soberanía.

            El acuerdo firmado con el FMI el año pasado estableció un descenso acelerado del déficit fiscal, de modo que en todo 2023 debía representar a lo sumo un 1,9% del PBI. Para ello, el organismo fijó metas trimestrales, según las cuales en los primeros 3 meses del año el déficit debía ser como máximo de $441.500 millones. A pesar de la fuerte reducción en el gasto fiscal impulsado por Massa, el Estado erogó $689.928 millones más de lo que recaudó. En el cuarto mes, además, ya ocupó alrededor del 80% de lo autorizado entre ese mes y junio.

            Esa caída se explica fundamentalmente por la merma en la recaudación, donde la disminución de las exportaciones estuvo fuertemente influida por la sequía. El gobierno ajustó en subsidios energéticos (tarifazos sobre los bolsillos de una parte de la población), en las jubilaciones y en los tan cuestionados “planes sociales”, un paliativo mínimo para los sectores más postergados de la población. Pero los recortes no fueron suficientes para compensar lo que el fisco recaudó de menos.

            En abril la tendencia continuó de manera similar, con nuevos recortes en los mismos ítems e ingresos fiscales deteriorándose en mayor medida. En ese mes, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las jubilaciones y pensiones cayeron un 6,1%, Asignaciones Familiares 29,9%,  Potenciar Trabajo 12,2%,  Políticas Alimentarias  13,1%,  Becas Progresar 38,2% y Subsidios Energía 29,5%. Todos esos rubros cayeron.

            Es claro que los esfuerzos que demanda la política pro pago de la deuda recaen sobre los hombros de la mayoría de la población. Pero como ocurrió en numerosas ocasiones en nuestra historia, los sacrificios de los desheredados no alcanzan para cumplir con los objetivos impuestos.

            El acuerdo firmado en marzo del año pasado con el FMI, además de reconocer la brutal emisión de deuda externa ilegítima (perpetrada por el macrismo), implicó un nuevo aumento de la deuda. Lo que suscribió el gobierno fue un nuevo préstamo para pagar el anterior, el cual le fue otorgado en el marco de un convenio de “Facilidades Extendidas” por el cual se exigen a cambio reformas estructurales fuertes.

            El gobierno tomó más deuda, además, para costear el precio diferencial del dólar en favor de los exportadores (dólar soja, dólar malbec, etc.). Recientemente logró refinanciar buena parte de las deudas en pesos, aunque para ello debió concederles a los bancos intervinientes que se les pagará lo que haga falta para que esa deuda no se desactualice frente a la inflación ni frente a una eventual devaluación de la moneda. En resumen, el Estado garantizará las ganancias de esos bancos, algo que no puede ni quiere hacer frente a los salarios de trabajadores estatales, docentes, personal de Salud, jubilaciones, etc.

            Los economistas mediáticos y consagrados por el establishment siempre insisten en señalar al déficit fiscal como el mayor problema de la economía argentina. La reducción del mismo siempre pasa por achicar sueldos y disminuir el rol del Estado, algo que también elogian esos profesionales. Sin embargo, medidas de ese tipo fueron adoptadas en innumerables ocasiones en nuestra historia -muchas veces de la mano de dictaduras, pero también bajo ropajes constitucionales- y siempre han redundado en deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, contracción de la economía, y menos resortes económicos en manos nacionales.

            Las proyecciones del Fondo Monetario a lo largo de este año fueron mostrando cada vez menos optimismo respecto de la economía argentina en su conjunto. En el informe de mayo último (el World Economic Outlook de ese mes) preveía que el PBI nacional crecerá apenas un 0,2% en 2023, contra el 5,2% del año pasado. Otras previsiones ya esperan que la economía se reduzca: la OCDE calcula que el PBI caerá un 1,6%, mientras que el Banco Mundial augura un retroceso del 2%.

            Con menor producción, habrá menos para repartir. Peor aún bajo políticas que buscan favorecer a los exportadores, aunque sus productos tengan escaso o nulo valor agregado nacional, aunque sus dueños sean monopolios extranjeros (o de origen nacional pero ligados al mercado externo), y aunque dejen detrás suyo una fuerte destrucción ambiental.

JORGE RAMÍREZ