Libertad y no extradición de Facundo Molares

    El 7 de noviembre de 2021, la división Interpol de la Policía Federal Argentina, arrestó a Facundo Molares, en Trevelín, provincia de Chubut, por un pedido de un fiscal de Colombia con acusaciones relacionadas con su pasado como integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo.

  En 2016 se firmó un acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Colombia denominado Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera (vale la mención para mostrar que en  la realidad no se dio cumplimiento efectivo al Acuerdo por parte del gobierno colombiano). Las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. El gobierno colombiano se comprometió a asegurar la participación política si se convertían en un Partido o Movimiento político garantizando a sus miembros la representación parlamentaria durante dos períodos electorales (2018 y 2022).

    A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución colombiana, se otorgarían amnistías por delitos políticos y conexos, decididos por una Jurisdicción Especial para la Paz, que también promovería la participación y las garantías a los movimientos sociales. Nada de eso cumplió el gobierno de Colombia. Desde la firma de los  tratados de Paz, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad, 1.157 personas entre ex-guerrilleros y líderes sociales, campesinos e indígenas.

  Facundo Molares es un revolucionario internacionalista que militó en la Federación Juvenil Comunista y participó activamente de la rebelión popular del 2001 que echó del gobierno a De La Rúa. Para profundizar su experiencia revolucionaria, decidió incorporarse a las FARC, que es esos momentos crecían y cuestionaban el poder en Colombia reivindicando su condición de organización comunista y en lucha por el socialismo.

   Ya de vuelta a nuestro país se incorporó a la redacción de la Revista Centenario, como fotorreportero y en calidad de tal en noviembre de 2019  viajó a Bolivia donde cayó gravemente herido durante las movilizaciones populares contra el golpe cipayo digitado por EE UU, operado por la OEA y apoyado por gobiernos de la región como el de Macri, y ejecutado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad,  la Corte Suprema y los grupos de la derecha boliviana. Estando hospitalizado fue encarcelado en condiciones inhumanas, sin un tratamiento médico adecuado, lo que agravó su estado de salud y le ocasionó secuelas que aún padece. La movilización en nuestro país de sectores políticos, sociales, gremiales y de su familia para lograr su libertad y su repatriación, lograron que luego del triunfo de Luis Arce en Bolivia, fuera liberado y el 5 de diciembre de 2020 repatriado a la Argentina.

   La actual detención de Facundo y el pedido de extradición que realizó Colombia a través de una fiscalía, es violatoria de los acuerdos entre Argentina y ese país, porque el pedido de extradición debe hacerse a través de las Cancillerías y emanar de una autoridad judicial. Además de esta irregularidad que señala la Gremial de Abogados a cargo de la defensa de Facundo, agregan que la petición se hace en un período que ya está juzgado y resuelto por la Fiscalía y que la amnistía otorgada le corresponde también a Facundo. La Gremial asumió la defensa en medio del traslado de Facundo de la cárcel de Esquel a la Unidad 6 de Rawson, donde se encuentra actualmente, por eso el primer pedido fue el de excarcelación o arresto domiciliario, a la vez que se presentaba un Habeas Corpus correctivo por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.

   El juez federal que está a cargo de la causa por el pedido de extradición es Guido Otranto, el mismo que tuvo un accionar encubridor y cómplice en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eso explica, en parte, que él y el fiscal se hayan opuesto a conceder cualquier beneficio de los solicitados, invocando la “peligrosidad” de Facundo y la presunción de fuga. Tampoco se le dio curso al Habeas Corpus presentado por razones de salud; alegaron que está recibiendo la atención médica adecuada en la cárcel.

   Más allá de las cuestiones legales, podemos afirmar que la situación de Facundo  es política, no jurídica solamente y que se resolverá con decisiones políticas. El gobierno de Iván Duque ha decidido perseguir, reprimir y escarmentar a todos y todas los que se rebelaron y rebelan y se animan a luchar en su contra, como lo demuestran las medidas que tomó contra sus propios ciudadanos y ciudadanas. Detrás de esa persecución está la mano de Estados Unidos y la complicidad del gobierno argentino que por medio del ministro de Seguridad Aníbal Fernández rápidamente se puso a disposición de Interpol incluso cuando no se cumplían los requisitos legales que exige el proceso de extradición en nuestro país, más aún por tratarse de un ciudadano argentino.

   Las perspectivas son duras y difíciles. Hay que seguir exigiendo la libertad de Facundo y decirle NO a la extradición solicitada. Para eso es necesario impulsar una amplia unidad de acción que incluya actividades políticas, culturales, sociales y de agitación junto a Partidos políticos, movimientos sociales, artistas, intelectuales, estudiantes,  de otros sectores para llegar a configurar una amplia agenda del pueblo. El Partido de la Liberación está entre ellos visibilizando y cooperando.

ELENA RIVERO