Lamentable fallo favorable a extraditar a Facundo Molares

            El pasado 20 de abril, comenzaron las audiencias en el juicio de extradición de Facundo Molares, el militante internacional y revolucionario actualmente encarcelado en el penal de Ezeiza, reclamado por Colombia por haber integrado las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

            Luego de dos semanas, el juez federal de Esquel, Guido Otranto (conocido por su nefasta actuación en el caso de Santiago Maldonado), declaró “parcialmente” procedente la solicitud de extradición realizada por Colombia, a través de un fuero común, centrándola en los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado.

            El juez se refiere se refiere al secuestro del concejal colombiano José Armando Acuña Molina, donde Molares habría tenido la tarea de custodiarlo durante parte de su cautiverio, y la emboscada a una patrulla policial para robar sus armas.

            La defensa de Facundo ejercida por los abogados Gustavo Franquet y Eduardo “Negro” Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas, consideró inadmisible la extradición. Alegaron que las acusaciones formuladas, inciertas e infundadas, corresponden al período comprendido en los Acuerdos de Paz, y por otra parte que el fuero común colombiano no tiene competencia ya que todos los casos vinculados al accionar de la FARC, tienen un fuero especial que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

            La defensa apelará ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de Otranto declarando improcedente extraditarlo por los delitos de terrorismo, así como otros reclamados por la justicia colombiana. Esa misma visión de Otranto lo llevó a ordenar la extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile, acusado por el Estado chileno por un delito del que nunca se comprobó su autoría o participación.

            Para los organismos de Derechos Humanos, fuerzas políticas como el Partido de la Liberación, intelectuales y personalidades de nuestro país, no hay ninguna duda que este juicio tiene un carácter eminentemente político (aunque Otranto no lo reconozca así). La vergonzosa sentencia pretende sancionar y castigar a los militantes revolucionarios como  Facundo. Si la Corte Suprema de Justicia avala el fallo de Otranto, la decisión de conceder la extradición estará en manos del presidente Alberto Fernández, que si la concede replicará la posición de Macri, que firmó sin vacilar la extradición de Jones Huala. Eso, que ojalá no ocurra, cuestionaría más la política de Derechos Humanos de nuestro país.

            Considerar la protección de los DDHH en un proceso de extradición se refiere a la situación de los mismos en el Estado solicitante (Colombia) y no en el Estado que resuelve (Argentina). Nuestro país, tanto en el ámbito interno como internacional, por medio de los Tratados suscritos que tienen rango constitucional, garantiza el respeto de los Derechos Humanos, incluyendo el Tratado y Convención Interamericana sobre la extradición, que en su artículo 3 establece que “no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de  ser sometido a torturas o a tratos crueles”. 

            En el caso de Facundo, resulta claro que estaría en peligro su vida.  Colombia no puede garantizar el respeto a sus Derechos Humanos. Así lo demuestran los informes y denuncias de los organismos de DDHH de Colombia e internacionales; cada año hay decenas de masacres, asesinatos de líderes sociales, gremiales y campesinos, defensores y defensoras de los Derechos Humanos y de ex-guerrilleros que firmaron el Tratado de Paz. Desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, 318 ex guerrilleros desmovilizados fueron asesinados por fuerzas policiales, militares, parapoliciales, paramilitares, narcos, etc.

            A esto se suma el informe elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que señala la situación actual en las cárceles y centros de reclusión en Colombia: hacinamiento, falta de agua potable, deficiente atención de la salud de los reclusos por falta de insumos, personal especializado y sitios para realizar los tratamientos. El personal penitenciario y carcelario recibe entrenamiento militar y eso pone a los presos políticos en el papel de un enemigo a combatir. Los administradores de los establecimientos carcelarios son militares retirados que “dedicaron” su vida a combatir a los grupos insurgentes.

            Facundo Molares tiene graves problemas de salud que requieren tratamiento y cuidados especiales. El Estado genocida de Colombia no se los garantiza sino que, por el contrario, supone un grave peligro para su vida. Extraditarlo sería como una sentencia de muerte.

            Por eso desde el Partido de la Liberación llamamos a redoblar las campañas de solidaridad exigiendo su inmediata libertad y su NO extradición. Y advertimos al gobierno que no dé ese paso criminal.

ELENA RIVERO