FRENTE A TRIBUNALES DE CÓRDOBA

ATE repudió la criminalización de la protesta

            Este martes 14 la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezó una concentración frente al edificio de Tribunales II en esta capital.

La convocatoria, que culminó con una radio abierta, fue para repudiar la elevación a juicio de la causa que se tramita en la Justicia provincial contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y los dirigentes sociales Emanuel Berardo, Soledad Díaz García, Marisa Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Carezano, por “desacato a la autoridad y obstaculización del transporte público”.

            La elevación a juicio se funda en una resolución del juez de Control N° 10, Juan Fernández López, tras la instrucción encabezada por el fiscal Ernesto De Aragón. La denuncia fue realizada por la Cámara de Comercio de Córdoba y otros particulares y la evolución del proceso parece seguir los lineamientos, con algunas particularidades para Córdoba, del “Protocolo Antipiquetes” dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

            “Se construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública”, sostuvo el dirigente del gremio de los estatales, Federico Giuliani.

            En apoyo a la protesta, estuvieron frente a Tribunales II dirigentes y militantes del Polo Obrero y el MST, entre otros espacios. También manifestaron su adhesión la UEPC Capital y el Cispren. Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE nacional, llegó hasta Córdoba para expresar su solidaridad.

            Frente al edificio de Tribunales II, Federico agradeció la solidaridad y el apoyo recibido. “Pedimos esta Audiencia Oral para poder mirar a la cara a este Poder Judicial que es el brazo del cordobesismo que gobierna la provincia hace 25 años”, dijo. Y destacó que “hoy no es un día más sino un punto de inflexión en la pelea que se viene, no podemos permitir que el derecho a la protesta sea criminalizado y judicializado. Porque si los dirigentes que estamos al frente de las luchas sociales, ambientales, culturales, sindicales y políticas somos imputados, ¿Qué le espera al resto de las y los compañeros? Este intento de judicializar no puede pasarse por alto. Tenemos que seguir reclamando que la protesta es un derecho y no un delito”.

            El dirigente reclamó no dejar pasar por alto lo que consideró un atropello. “La protesta no es delito, es un derecho, por lo que debemos multiplicar estas acciones que llevamos adelante, para denunciar el accionar de la Justicia; no puede pasar esto por alto y tenemos que seguir reclamando. Por eso la importancia de estas acciones y que se muestre la pluralidad de voces en la lucha, que esa es la fortaleza de la unidad”, sostuvo.

            En ese marco, los abogados de ATE Eugenio Biafore y Claudio Orosz, solicitaron a la Cámara de Acusación Penal realizar “expresión de agravio”, rechazando lo actuado en el expediente judicial, y pidieron una investigación penal sobre el fiscal De Aragón y la jueza de Control Nº4 Anahí Hampartzounian, que dio la razón al fiscal y resolvió la citación a juicio. Al mismo tiempo se solicitó que la investigación penal incluya al juez de Control Fernández López que, al dictar un amparo inconstitucional que prohíbe las protestas en el centro de la ciudad, dio fundamento a la acción de De Aragón.

            El secretario General de ATE separó las estrategias distractivas del poder en Córdoba para impedir la protesta social de los verdaderos problemas que le interesan al pueblo. “Como dirigentes tenemos que saber dónde están los conflictos, potenciarlos para que el motor de la lucha social sea el quilombo. Por eso el 9 vamos a una movilización y el paro activo”.

            Días atrás y el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por ATE en todo el país, contra las nefastas políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que pulverizan salarios y jubilaciones mientras la inflación crece de manera constante, ATE Córdoba realizó un escrache a la Fundación Mediterránea, la usina ideológica y técnica de las políticas de ajuste donde mandan Arcor, Roggio, Astori, Urquía y uno de sus directivos era hasta hace poco el ajustador Carlos Melconian.

            Trabajadoras y trabajadores nacionales, provinciales y municipales se expresaron frente a la Mediterránea, en el barrio de Nueva Córdoba, y reclamaron que el ajuste lo paguen quienes generan el quebranto de las cuentas públicas, sus ideólogos e instrumentadores. No el pueblo que no alcanza a cubrir los gastos mínimos indispensables de las familias para llevar a fin de mes.

PABLO AGUIRRE