DELITOS DE LESA HUMANIDAD -Tres juicios con muchas y variadas condenas.

Julio comenzó con veredictos satisfactorios para familiares y víctimas del genocidio que protagonizaron las fuerzas conjuntas en nuestro país. En tan solo cuarenta y ocho horas dictaron sentencias tres Tribunales, dos en Argentina y otro en EEUU.

Masacre de Trelew. En pocas audiencias y por unanimidad, el Jurado popular de una Corte Civil en Miami falló contra el ex marino argentino nacionalizado en el país del norte, Roberto Bravo, acusado por el fusilamiento de 16 militantes políticos en agosto de 1972.

Bravo deberá resarcir con veintisiete millones de dólares por daños compensatorios y punitivos a cuatro familias de las víctimas directas. Esta condena no detiene la expectativa de una extradición para juzgarlo en Tribunal Penal y de esa manera llegar a una reparación amplia y abarcativa por Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Mario Delfino, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, Eduardo Capello, Carlos Rey, Alfredo Kohan, Humberto Toschi, Jorge Ulla, Ana Villarreal de Santucho, Jorge Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Sabelli y Humberto Suárez.

Vuelos de la Muerte. Primer juicio en debatir y condenar a Prisión Perpetua a personal del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo por la eliminación física de personas con el método de la desaparición de sus cuerpos arrojándolos al Mar Argentino y Río de La Plata.

Las cuatro víctimas arrastradas por la corriente entre 1976 y 1977 que son prueba en este juicio eran compañeros del PRT-ERP y de la UES quienes, luego de ser trasladados al CCDTyE en Campo de Mayo, fueron subidos a aviones que permitían la apertura de puertas en vuelo y arrojados al mar. Cuando aparecieron sus restos fueron enterrados como NN en cementerios de la zona costera.

Lo ocurrido a Rosa Novillo Corvalán, Roberto Arancibia, Adrián Accrescimbeni y Juan Rosace fue corroborado por un importante número de testigos que al momento de los hechos eran soldados conscriptos en el lugar. En varias oportunidades vieron personas encapuchadas y en estado deplorable de ambos sexos y edades ser subidas a fuerza de golpes a las aeronaves, también bolsas negras que aparentaban cuerpos humanos, encontraron al borde de la pista de vuelo elementos femeninos, jeringas y ampollas usadas de anestésico. Se les obligó a limpiar aviones y helicópteros manchados con sangre, vómitos, pelos y excrementos. Al predio llegaban con regularidad vehículos terrestres que no pertenecían al Ejército manejados por personas de civil como autos Torino, colectivos con rejas en sus ventanillas, camionetas y era muy frecuente un camión frigorífico con la inscripción “transporte de sustancias alimenticias”. Se dirigían directamente a la pista donde un avión estaba con los motores en marcha y cuando levantaba vuelo, los vehículos terrestres se retiraban.

Megacausa Campo de Mayo. Con la metáfora “Infierno a Cielo Abierto” la auxiliar fiscal Gabriela Sosti se refirió a los CCDTyE en Campo de Mayo después de doce audiencias en el juicio que unificó cuatro procesos de investigación sobre crímenes cometidos entre 1976 a 1978 que abarcaron secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, abusos sexuales, económicos y apropiación de niños. De las 347 víctimas gran parte eran trabajadores metalúrgicos, gráficos, ferroviarios, estatales y de salud, otros eran religiosos, estudiantes y conscriptos.

Las declaraciones contundentes que marcaron la base fáctica para el Tribunal 1 de San Martín, permitieron incluir claramente a la Gendarmería en estos delitos, como apoyo y protección del perímetro de “El Campito” e incluso dentro en tareas directas en colaboración con los militares.

Se presentó la reconstrucción virtual realizada por la Universidad de Gral. Sarmiento junto a Arquitectura de UNBA y colaboración del EAAF que muestra el interior hasta la tranquera de El Campito en base a datos testimoniales de hombres, mujeres e incluso menores sobrevivientes. Incluye el recorrido que hacían los vehículos carriers desde allí hasta la pista para los Vuelos de la Muerte.

El veredicto leído el pasado 7 de julio dictaminó diez condenas a prisión perpetua y nueve a penas menores. Como en tantos otros casos, el tiempo biológico de los genocidas no ha permitido el juzgamiento de todos los que debieron ocupar el banquillo de acusados. La Procuración y la Corte Suprema deben acelerar desde la justicia, y el Poder Ejecutivo realizar las reparaciones.

LAURA DI PAOLO