Convergencia tecnológica de Aguad-Macri favorece a Clarín

Entre las primeras medidas que adoptó el gobierno de Macri se destacó el desguace por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “Ley de Medios”. Mediante el DNU 267/15 unificó en el ENACOM los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la Ley e introdujo modificaciones favoreciendo la concentración mediática: aumentó el número de licencias de radio y de televisión abierta permitidos para una empresa y dejó fuera de la regulación a la TV por cable, y habilitó a las propietarias de cable a brindar servicios de telecomunicaciones. Así se aumentaron las ventajas de los grandes grupos mediáticos.

Este decreto fue avalado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, gracias a la inestimable colaboración del massismo.

Con el nuevo marco, el Grupo Clarín se hizo en enero del año pasado con el 100% de las acciones de Nextel; de esta forma, el Gran Daño Argentino (como lo denominaron los trabajadores de AGR) se posicionó para brindar el “cuádruple play”: telefonía móvil y fija, internet y televisión por cable. La compra de Nextel había sido frenada por la AFTIC, órgano creado por la Ley Argentina Digital, disuelto por el decreto mencionado.

Como no disponía de adjudicaciones de las frecuencias necesarias para brindar 3G y 4G (más allá de que la ley aún no lo habilitaba), Clarín compró 5 empresas que tenían asignadas distintas porciones del espectro radioeléctrico. Así pudo acceder al mismo sin que medie licitación alguna.

Un año después, Macri le dio un nuevo aliciente: otro decreto habilitó a Clarín para que brinde servicios de 4G, adelantando la llamada “convergencia”, con la posibilidad de brindar el cuádruple play. A continuación, el Ministerio de Comunicaciones emitió una resolución permitiendo que las empresas varíen las funciones para las que se les concedieron tramos del espectro, con lo que se removió el último obstáculo para que Clarín ingrese al negocio de la telefonía móvil.

Pero no sólo hubo regulaciones favorables a Magnetto: también recibió dinero contante y sonante del Estado, es decir, de todos los argentinos.

Por un lado, el Grupo recibió plata proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES -la plata de los jubilados- gracias a la intervención de quien fuera director del Grupo y que ejercía entonces la titularidad del fondo: Luis María Blaquier. La ANSES adquirió en junio Obligaciones Negociables de Cablevisión por 10 millones de dólares. Por este tema está denunciado por la Unidad Fiscal de la Seguridad Social. Blaquier es sobrino de Pedro Blaquier, involucrado en los secuestros de la Noche del Apagón de Ledesma, y también fue ejecutivo en Goldman Sachs.

Por otro lado, la distribución de la pauta estatal fue favorable al multimedio. Durante 2016, Clarín recibió $519.046.672 por publicidad de Macri., siendo por lejos el grupo más beneficiado. Mucho más atrás aparece Telefé, con $171.535.146.-

El gobierno destinó $2.439.627.484 a publicidad en 2.016. Esto significa un 4% más que en 2015, aunque ajustado según la inflación correspondería a un 25% menos que en el último año de la gestión kirchnerista. La discrecionalidad -que también existía en el kirchnerismo- ahora sirvió para acentuar la concentración, a favor del Grupo de Magnetto.

La consecuencia más notoria es la protección mediática al gobierno de Macri.  Los principales medios destinaron espacios marginales a temas que comprometen al gobierno -como los Panamá Papers o la vinculación Macri-Calcaterra-Odebrecht, por ejemplo- o las expresiones de protesta. En cambio, las denuncias contra funcionarios del gobierno anterior ocupan centímetros, bits y horas en los distintos medios.

La política a favor de la concentración mediática le brinda al gobierno la simpatía de la prensa hegemónica, y también implica un retroceso en derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la misma que pidió la libertad de Milagro Sala) señaló en varios instrumentos que los monopolios y oligopolios impiden el ejercicio de la libertad de expresión. Como en otras áreas, Macri favorece los negocios a costa de los derechos humanos.

JORGE RAMÍREZ