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Continúa el conflicto en Salud en Córdoba

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                El conflicto que llevan adelante los trabajadores de la salud de Córdoba desde hace un mes sigue adelante a pesar del “aumento de salario por decreto” emitido por la provincia.  Los trabajadores han rechazado la propuesta del gobierno por insuficiente y por qué no es inclusiva para los trabajadores administrativos del sector que todavía encuentran sus salarios por debajo de la canasta básica. A pesar de esto, los trabajadores han decidido disminuir la intensidad de la protesta y comenzar un canal de diálogo volviendo a las actividades, pero manteniendo las asambleas y así lo expresaron a través de un comunicado: “permanecerán en estado de alerta y monitoreo de cada una de las acciones”. Sin embargo, advierten, las medidas podrán recrudecer de no llegar a acuerdos en los meses previos a la elección del 2023.

                La batalla librada por los trabajadores de salud dejó dirigentes fortalecidos y otros que quedaron muy golpeados por la tensa situación que se vivió en el ámbito provincial.

                La “propuesta” salarial anunciada por el Gobierno con bombos y platillos en medios con un spot publicitario de más de 3 minutos, no satisface totalmente a los trabajadores que han visto languidecer su salario por años. Si bien tras un mes de conflicto los trabajadores lograron arrebatarle al gobierno un 148% con respecto al mes de enero de este año, todavía las mejoras no alcanzan de igual forma a un sector de los mismos. Dentro del sector de la salud provincial conviven trabajadores amparados por 2 leyes laborales diferentes: los profesionales de la salud (enfermeros, kinesiólogos, médicos, psicólogos, etc) englobados en la ley pcial 7625 y sector administrativo bajo la ley pcial 7233.

                Los beneficios alcanzarían en mayor medida a los profesionales ya que si bien todos recibirían un adicional remunerativo por recurso humano crítico del 40% que no impactaría en el básico, el sector de los profesionales además recibiría un blanqueamiento de adicionales no remunerativos que se sumarían al mismo.

                Las grandes diferencias salariales que existen entre los empleados provinciales de la salud llevó también a que los trabajadores exijan la “unificación de ambas leyes” en la ley 7625 como parte del pliego de reclamos. Éste incluye también el pase a planta de becarios y monotributistas y la contratación de más personal. Este segundo punto es el que ha sentado a los trabajadores en la mesa de discusión ya que de poder concretarse en los próximos meses mejoraría la condición del sector más postergado.

                Este logro de los trabajadores por fuera de la mesa de paritaria acordada entre la provincia y el sindicato de empleados públicos (SEP), ha molestado a su titular, José ‘Pepe’ Pihen, quien durante el conflicto ha sido enérgicamente resistido por el personal de Salud. Los colectivos de trabajadores sanitarios se negaron enfática y sistemáticamente, a reconocer al Sindicato de Empleados Públicos como la entidad que los representara. Esta decisión por parte de los colectivos de la salud nucleados en la “Coordinadora Salud de Córdoba Unida” llevó que la provincia tildara en un primer momento al movimiento como de ‘anárquico’, sin interlocutores válidos para la negociación. Esto ha sido desmentido en la práctica por los trabajadores que durante el conflicto lograron una gran organización de base con representantes de cada uno de los hospitales y dependencias de salud en una coordinadora que eligió un grupo representativo de siete personas que son sus interlocutores con el gobierno.

                En los últimos días el SEP levantó la voz para pedir que el aumento alcance al resto de los trabajadores del Estado y la reapertura de paritarias recientemente firmada por el mismo sindicato a lo que la provincia se ha negado, aunque la disputa ya pasaba por otro lado.

                En esta tensa tregua, días atrás a través de una nota de un medio periodístico oficialista se dio a conocer que el gobierno estaría dispuesto a modificar las leyes en salud a cambio de una “mejora de productividad”. Este viejo anhelo de la provincia de pago a los profesionales por producción, como si la salud fuera una línea de ensamblaje, vendría de la mano de un paquete de reformas del sistema de Salud que involucraría también al sector privado. Este trascendido, si bien fue negado por la ministra a los trabajadores en la última mesa de reunión, no deja tranquilo al sector que ya conoce cómo ha llevado adelante la provincia la privatización de amplios sectores de la sanidad.    

PABLO AGUIRRE

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