Ampliación de la denuncia por crímenes de guerra contra Netanyahu y otros

Amplía denuncia por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en ocasión de genocidio en Gaza por Benjamin Netanyahu y otros cuatro dirigentes israelíes

Córdoba, 29 de agosto de 2017

Señor Fiscal Federal Doctor Enrique Senestrari

Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba

Quien suscribe, Sergio Ortiz, DNI 8.363.331, periodista, dirigente político del Partido de la Liberación y de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares (personería 502 “A” 08), con domicilio legal en Chubut 148, PB “B” de esta ciudad de Córdoba, viene a ampliar su denuncia penal formulada ante su fiscalía federal el 29 de agosto de 2014 por la posible comisión de delitos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en ocasión de genocidio en la Franja de Gaza.

Esa denuncia penal por Gaza (“Sergio Ortiz su denuncia, Expediente 93190/2014”) fue presentada en esa ocasión y firmada por el suscripto junto a otras personalidades políticas, humanitarias y sociales de Córdoba, en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu y otras autoridades del Estado de Israel: canciller, Avigdor Lieberman; ministro de Defensa, Moshe Yaalon; Jefe del Ejército, general Benny Gantz, y vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio en Gaza, Moshe Feiglin.

Al cumplirse tres años de esa denuncia el suscripto se siente decepcionado por la justicia de Córdoba, que ante la gravedad de los hechos que la originaron y del pedido que en dos oportunidades hiciera personalmente para que se hiciera lugar a abrir una causa penal, no produjo novedades. Tres años es mucho tiempo. Demasiado, para una justicia como la argentina que sólo ocasionalmente ha dado lugar a causas de justicia universal. Afortunadamente en la justicia federal de Buenos Aires se hizo lugar a una similar impulsada por el abogado Carlos Slepoy (ahora fallecido) por delitos cometidos por el franquismo en España a partir de 1936, un buen antecedente que invocamos.

Lo peor del caso es que, desde la radicación de nuestra denuncia penal, el gobierno de Netanyahu, lejos de cambiar o morigerar su política de exterminio de los palestinos, la mantuvo y profundizó no sólo en Gaza sino también en Cisjordania y Jerusalén oriental. No revisó su política criminal, no pidió disculpas a los familiares de las víctimas ni a Palestina, y no reparó los daños materiales.

En Gaza, por ejemplo, ha mantenido un bloqueo total por tierra y por mar, con imposibilidad de recibir alimentos, medicinas y materiales de construcción necesarios para reconstruir lo devastado por la ofensiva criminal de julio y agosto de 2014.

A eso se agrega que restringió allí la luz eléctrica a sólo tres horas al día, lo que provoca sufrimientos enormes a la población y penurias inhumanas a los enfermos en hospitales que necesitan sí o sí la electricidad para sus tratamientos médicos.

Allí en Gaza sigue corriendo riesgo la vida del cura argentino Jorge Hernández, a cargo de la parroquia católica Sagrada Familia, bombardeada en 2014, un lugar donde el religioso de origen mendocino  está al cuidado de 29 chicos discapacitados, mujeres con bebés y un grupo de monjas. “Es una sangrienta guerra apuntada a los niños”, declaró entonces el sacerdote argentino, cuyo testimonio sería muy importante de recabar para esta causa que estamos impulsando.

En Cisjordania continúa la usurpación de tierras palestinas con la construcción de barrios y colonizaciones israelitas condenadas por las Naciones Unidas, porque además de resultar injustas e ilegales implicaron llevar al fracaso todas las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.

El 24 de agosto pasado Netanyahu dio la orden de comenzar obras preparatorias para ampliar la colonia judía de Karmiel, al sur de Hebrón, en la Cisjordania. El diario Maariv informó la construcción de tres nuevas colonias en el bloque de Gush Etzion, al sur de Jerusalén.

A la vez que amplían sus colonias ilegales, las fuerzas armadas israelitas continúan demoliendo construcciones, casas y escuelas palestinas. El 25 de agosto pasado los niños de la escuela primaria de Jubbet adh-Dibh debieron empezar las clases en una tienda de campaña, porque el día anterior Israel destruyó su escuela, justo cuando el nuevo año escolar estaba por comenzar.

Esa escuela palestina había sido construida con aportes de Francia, de allí la protesta de la cancillería gala: “esas destrucciones, contrarias al derecho internacional, son además muy preocupantes porque tiene lugar en la zona E1, situada entre Jerusalén-este y la colonia de Ma’ale Adumim”. El comunicado francés reclamó: “Demandamos a las autoridades israelíes restituir los bienes confiscados y poner fin a esas demoliciones que forman parte de su política de colonización”. Allí se denunciaba que en los primeros seis meses de 2017, un total de 259 estructuras han sido destruidas en la zona C y Jerusalén-este. Ese Ministerio de Asuntos Exteriores se refirió en particular a la demolición de aquella escuela, la destrucción de un círculo infantil y la confiscación de paneles solares que garantizaban la electricidad en otro centro de enseñanza.

En consonancia con esta posición, la Unión Europea pidió a las autoridades israelíes que “pongan fin a las demoliciones y confiscaciones de casas y bienes palestinos de conformidad con sus obligaciones como potencia de ocupación en virtud del derecho internacional humanitario y cesen la política de construcción y expansión de asentamientos, la designación de tierras para el uso exclusivo de Israel y la negación del desarrollo palestino”.

En estos tres años se mantuvo la política de violación a los derechos humanos para los 6.500 presos palestinos en las cárceles israelitas de Ramle, Hadarim, Nafha, Ramon, Ashkelon, Jalameh, Gilboa, Ha Sharon, Damon, Megido, Eshel, etc. Por eso en abril pasado y durante varias semanas aquéllos realizaron una huelga de hambre para reclamar un trato justo, visitas de familiares y abogados, medicinas y otras necesidades elementales. Muchos de esos prisioneros políticos llevan años detenidos por “detenciones administrativas” que no necesitan ser probadas y que se prorrogan cada seis meses. Muchos presos son mujeres y también hay unos 500 niños de 12 años de edad, cuando ya pueden ser procesados y condenados en una justicia que en el 90 por ciento de los casos tiene sentencias condenatorias contra los palestinos, en procesos viciados de nulidad.

En Jerusalén oriental, donde está emplazado el tercer lugar sagrado del Islam, la mezquita de Al Aqsa, desde julio pasado hubo represión del Ejército de Israel, con seis palestinos muertos y 1.090 heridos, como saldo de 10 días de brutalidad israelí. En forma ilegal, el gobierno de Netanyahu dispuso prohibir el ingreso a ese lugar sagrado de los palestinos a los menores de 50 años, lo que desató las protestas y la represión posterior.

Cabe puntualizar que desde la llamada “Intifada III”, en 2015, hasta hoy, se estima que la represión israelí, de sus fuerzas de seguridad y los colonos, ha provocado 300 palestinos muertos.

La suya es una provocación mayúscula, porque además de usurparle sus tierras, quitarles las libertades y el derecho a la existencia como nación con un estado propio, también le impide el ejercicio de su derecho al culto.

La feroz negativa del estado sionista por la entidad nacional al pueblo palestino choca con la tendencia mundial, pues Palestina es reconocida como estado por 135 países.

Finalmente cabe puntualizar que el primer ministro Netanyahu es un gobernante que afronta serias denuncias por corrupción. Un escrito divulgado desde Israel en el mes en curso y firmado por el Dr. Israel Rabinowicz, titulado “Netanyahu, una estrella política que se….apaga”, afirma: “Benjamin Netanyahu ha sido mencionado oficialmente en un informe de la policía como principal sospechoso en dos investigaciones con acusaciones de “fraude, violación de confianza y sobornos”, todo ello avalado con la firma de un acuerdo entre la fiscalía con su ex jefe de gabinete y principal confidente para declarar en su contra. Hace aproximadamente 6 meses que los rumores circulaban por los círculos políticos, Ari Harow,  era vox populi que no existía nadie más cercano a Netanyahu, le dijo a sus amigos que no le quedaba más remedio que convertirse en testigo del estado en dos casos relacionados con el primer ministro, solo así podía salvarse de la cárcel en una causa que lo tiene a él como imputado”.

Este es el primer ministro israelí que llegará en visita oficial a Argentina entre el 11 y 13 de setiembre próximo, luego de haber elogiado reiteradamente el modelo de ajuste y orientación pro norteamericana que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, sostuvo que “la Argentina tiene mucha importancia hoy en día. Con todos los cambios positivos que están pasando en el continente, pensamos que Argentina, con el gobierno de Macri, va a poder tener un liderazgo importante”.

PETICIÓN:

Por todo lo expuesto, señor Fiscal Federal doctor Enrique Senestrari, le solicito que:

 1) Impulse la acción penal contra Netanyahu y los otros cuatro cabecillas del estado de Israel, solicitada hace tres años, invocando el derecho a la justicia universal contemplado en la legislación argentina, y considerando que están acreditadas las conductas violatorias de aquellos contra los derechos humanos del pueblo palestino, no sólo entre julio y agosto de 2014 (Operación “Borde protector” con más de 2.200 muertos palestinos) sino que esos crímenes y otros nuevos continuaron cometiéndose hasta hoy.

2) Pida el testimonio por video conferencia del cura argentino Jorge Hernández residente en Gaza y cuya parroquia fue destruida parcialmente por los bombardeos israelitas de julio-agosto de 2014. Su situación era tan grave que el 29 de agosto de ese año fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano, quien quiso darle protección ante tan serios peligros para su vida y de la gente que vive con él en esa parroquia.

3) Solicite tomar declaración indagatoria al primer ministro israelí durante su próxima visita a Buenos Aires, entre el 11 y el 13 de septiembre próximo. Se lo podría citar con suficiente antelación, vía cancillería, para que concurra a declarar en la sede de la Procuradora General de la doctora Alejandra Gils Carbó, o bien en la misma embajada de Israel en Buenos Aires, para que a Benjamin Netanyahu se le lean los cargos y pueda ejercer -si así lo deseara- su derecho a hacer su descargo y dar explicaciones, ante tan graves acusaciones.

Sin más, lo saluda este humilde ciudadano cordobés comprometido con los derechos humanos de los pueblos oprimidos, en este caso de los hermanos palestinos.

SERGIO ORTIZ, DNI 8.363.331