Ajustan también en los planes sociales

            El gobierno de los Fernández y Massa reduce ayudas sociales pese al crecimiento de la indigencia. Sigue manteniendo el eslogan “primero la gente”. La expresión pudo tener algún sentido durante la pandemia, cuando Alberto Fernández gestionaba vacunas de distintos países, incluyendo a Rusia y China, y se adoptaban algunas medidas que chocaban contra la pretensión de ciertos sectores concentrados que esperaba que murieran “los que tengan que morir” (la frase es atribuida a Mauricio Macri). A pesar de actitudes puntuales, el gobierno salió al rescate de los grandes actores económicos y empezó a trabajar el acuerdo con el FMI, postura que fue profundizándose sobre todo a partir de la firma del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo.

            En el primer semestre del año, el INDEC dio cuenta de un leve descenso en la cantidad de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza, aunque esa escueta mejora general vino de la mano del incremento en el número de argentinas y argentinos que no perciben lo mínimo necesario para alimentarse: 2.568.671 de personas se encuentran debajo de la línea de indigencia. A eso se suman unos 8 millones en la pobreza no indigente.

            El último informe “Pobreza Multidimensional y Pobreza por Ingresos desde un Enfoque de Derechos Sociales. Argentina Urbana 2010-2022” del Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la Universidad Católica Argentina) puso de relieve otros graves problemas: por ejemplo, un 16% de la población vive en viviendas precarias, el 13,9% de la población sufre inseguridad alimentaria severa, el 13,1% de los menores de 17 años es indigente y el 61,6% está por debajo de la línea de pobreza.

            Frente a ese escenario, el gobierno prefiere reducir la ayuda social -recortando los llamados “planes sociales”- mientras continúa desplegando políticas a favor de agroexportadores, bancos y mineras, con el objetivo de obtener divisas para pagar la deuda.

            El 6 de diciembre el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz dio de baja a 20.410 planes “Potenciar Trabajo”. La decisión afectó -según el gobierno- a personas  que percibían el plan y habían comprado dólares o realizado gastos con tarjeta de crédito que serían incompatibles con el beneficio. Si bien esas causas podrían revelar la existencia de beneficiarios que no pertenecen a los sectores más vulnerables, es obscena la inacción oficial frente a los miles de millones de dólares que un puñado de argentinos mantiene en el exterior o los lujos que ostenta una minoría sobrefavorecida. La gravosa deuda externa, incluso la comprometida por el gobierno de Macri ante el FMI, no ha sido objeto de un escrutinio similar.

            En similar sentido, la gestión de los Fernández y Massa ha sometido al erario público a los intereses de sectores poderosos, con medidas como el “dólar soja” que le reconoció a los monopolios exportadores un valor de la moneda verde $50 por encima del precio oficial. Esa diferencia la asumió el Estado, diferencia que atendió generando más deuda en Leliq… lo que implica más beneficios para quienes acceden a ese instrumento, gente y empresas poderosas a las que no se le cuentan las costillas. Se trata de $382.000 millones que fueron a 44.000 productores y personas jurídicas, según explicó Horacio Rovelli en el artículo “Como por Arte de Magia”, publicado en El Cohete a la Luna. En breve, el gobierno volverá a implantar un esquema similar en favor de los agroexportadores.

            En línea con el ajuste que requiere el Fondo Monetario, el gobierno está decidido a reducir ayudas sociales. Antes del último tijeretazo, había decidido quitar los planes Progresar a estudiantes que recibieran otro plan, afectando a 40.000 jóvenes.

            Además, las quitas se realizaron con un contenido ideológico propio de la derecha más rancia. Tolosa Paz indicó que se les quitó la ayuda a quienes habían hecho compras en moneda extranjera, algo que puede ocurrir si contrataron Netflix o Spotify. El gobierno, a través de la gestión de la contadora platense, entiende que una persona pobre no debe estudiar, no debe acceder a servicios de streaming, ni comprar dólares, que sólo pueden ser parte de la vida de gente acomodada.

            En la misma senda del ajuste a los sectores más vulnerables, el gobierno se propone desacoplar el monto de las ayudas del valor del Salario Mínimo (que, además, desde hace tiempo que no cubre ni siquiera la Canasta Básica Alimentaria) para achicarlos más.

            La corporación judicial también hace su parte para direccionar el ajuste. El juez Lijo y el fiscal Taiano, muy vinculados al macrismo, aseguraron que había “inconsistencias” en la situación de más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo.

            Todas estas medidas antipopulares tampoco están surtiendo el efecto macroeconómico que el gobierno espera. En el artículo de Rovelli citado se muestra que el dólar soja alentó a los agroexportadores a liquidar divisas… pero no engrosaron las reservas del Banco Central, sino que fueron a pagar deudas del sector privado e intereses de la deuda externa argentina. Las reservas disminuyeron. Es previsible que -como en tantas otras ocasiones en el país- esa disminución obligue a mayores y más duros ajustes, siempre contra las mayorías populares, en perjuicio de la economía nacional.

            El achicamiento de la ayuda social es sólo una parte del ajuste que lleva adelante el gobierno y que seguramente se profundizará mediante el plan del FMI.

JORGE RAMÍREZ