El general Roca que tanto reivindica Milei

            Frente al recién inaugurado busto de Carlos Menem, el martes 13 de mayo Milei se refirió a Julio Argentino Roca diciendo que “si no fuera por el Carlos, hubiera sido el mejor presidente de la historia”.

            Poco más de un mes atrás, le había adjudicado al general tucumano el primer lugar en el fantasioso y derechista ranking del mandatario. En esa ocasión, mientras le quitaba el nombre al salón de la casa de gobierno llamada “Pueblos Originarios”, manifestó que por Roca “la argentina se pobló” pasando a ser de “una tierra de bárbaros” a una de inmigrantes.

            Las loas al general genocida de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX encajan perfectamente con las intenciones políticas del actual presidente. Roca no sólo fue el emblema del genocidio indígena, sino también un represor de opositores políticos e incluso de las primeras manifestaciones obreras del país.

            Alejo Julio Argentino Roca Paz nació en julio de 1845 en Tucumán. Su padre fue José Segundo Roca, militar que participó en las guerras de la independencia integrando el Ejército del Norte que conducía Manuel Belgrano. Su madre fue Josefa Agustina Paz Pereyra Mariño, hermana de Marcos Paz, quien fue vicepresidente de Bartolomé Mitre y gobernador de Tucumán y Córdoba.

            Precisamente por la influencia de su tío Marcos, Roca contó con grandes oportunidades en el ejército, en particular en la represión contra caudillos federales, donde el tucumano ganó prestigio en las élites y cimentó su futura carrera política.

Pero fue en el ataque violento contra los indígenas del sur donde tomó mayor relevancia. Cuando reemplazó a Adolfo Alsina al mando de la campaña de desalojo de los indígenas, aplicó una estrategia de aniquilamiento que costó la vida de miles de indígenas, otros tantos fueron sometidos para repartirlos como mano de obra en distintos puntos del país, mientras a las mujeres y niñes les destinaban a servir a las familias ricas de Buenos Aires, a cambio de que fueran catequizadas y hasta reemplazados sus nombres.

            Al final de la ofensiva, Roca informaba como ministro de guerra de Avellaneda que habían muerto 1.313 indígenas, que habían tomado 1.271 prisioneros y consignaba también  “10.513 indios de chusma cautivos y 1.049 reducidos”. La expresión “indios de chusma” se refería a mujeres y niñes, en tanto que los reducidos eran los destinados a confinamiento a la espera de convertirse en mano de obra.

            Las tierras quitadas a las comunidades fueron a parar a amigos del poder. En el listado de beneficiarios aparecen apellidos que al día de hoy siguen teniendo protagonismo en el poder: Unzué, Alvear (tanto Diego como Torcuato recibieron miles de hectáreas), Martínez de Hoz, Luro, Peralta Ramos, De la Plaza (Victorino, específicamente), Durañona y siguen las firmas.

            Ese escenario llevó al militar tucumano a la presidencia de la nación, donde encarnó el proyecto de las clases dominantes, incluyendo la represión contra las protestas de trabajadores, muchos de ellos de origen europeo. Las palabras de la Constitución de ‘53 que postulaba la libertad “para todos los hombres del mundo” eran y siguen siendo letra muerta cuando se trata de indígenas y de luchadores, sin importar dónde hayan nacido. Por el genocidio contra los pueblos originarios y el robo de sus tierras, y por la represión posterior al creciente movimiento obrero, este personaje se convirtió en el favorito de la oligarquía, que lo apoyó en sus dos mandatos (1880/1886 y 1998/1904).

            Roca impulsó la Ley de Residencia explícitamente para enfrentar a las primeras huelgas obreras lanzadas por la FORA y la UGT. La ley surgió de una iniciativa del senador Miguel Cané y proponía deportar a los extranjeros que “comprometan la seguridad nacional o perturben el orden público”.

            “El 1 de mayo de 1904 ordenó la represión por la policía de una reunión de aproximadamente 70.000 trabajadores en el barrio porteño de La Boca, la cual produjo la muerte de Juan Ocampo, un marinero de dieciocho años; durante su velatorio la policía también irrumpió y se llevó su cuerpo”. Memoria Departamento Guerra y Marina (Roca a Avellaneda). 

            Cabe señalar que Roca es endiosado por Milei aunque incluso referentes de similar signo ideológico lo impugnaron en su momento.

            El propio Domingo F. Sarmiento cuestionó el genocidio indígena, en una nota de 1879 en “El Nacional” en la que se pregunta  “de dónde ha salido ahora este derecho de exterminio y de persecución de tribus que (…) no nos han hecho mal?”. Sarmiento calificó de “acto salvaje” a la persecución y asesinato de indios, contrastando con países como Estados Unidos o Nueva Zelanda que les reconocieron el carácter de seres humanos y su derecho a existir.

            También “La Nación”, hoy elogioso del genocida, criticaba en aquellos años el asesinato de indígenas en un corral, sin ningún respeto por “las leyes de humanidad ni las que rigen los actos de guerra”. En 1903, el conservador diario La Prensa también manifestaba que el Estado de Sitio y la Ley de Extrañamiento “fueron en sus manos instrumentos de terror” que negaba los más elementales derechos a los ciudadanos.

            La reivindicación que Milei hace de Roca refleja una vez más para quién gobierna y a quiénes se propone reprimir, exterminar o reducir.

MARÍA ALANIZ