LLARYORA DESCENTRALIZA LA GESTIÓN HOSPITALARIA

Un paso más a la privatización de la salud pública

            En campaña el actual gobernador Martin Llaryora apoyó el reclamo de los trabajadores de la salud provincial de una recomposición salarial al entonces representante del Ejecutivo, Juan Schiaretti.

            Pero eligió comenzar su gestión cumpliendo las promesas al sector de los monopolios de la salud privada y no a los trabajadores estatales.

            Así, la suba de los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y la Apross fue una primera batalla ganada por el gobernador Llaryora. Así si bien en una sesión polémica el oficialismo no pudo aprobar un proyecto ingresado a último momento para que los agentes públicos cubran parte del déficit previsional con mayores aportes, Llaryora insistió y logró días después, subir el aporte de los estatales para financiar la Caja y la Apross. Con la ley sancionada, elevó en 4 puntos los descuentos (2 para la Caja y dos para el Apross) y quedó con la potestad de subir otros dos puntos los aportes para el sistema previsional.

            A renglón seguido desconoció el acuerdo salarial firmado por Schiaretti, por lo que los salarios no tendrán ya la recomposición prevista, atada a la inflación. En Año nuevo, aprovechando la desmovilización de los trabajadores, Llaryora despidió a personal de Salud y SeNAF. Por medio de la plataforma virtual CiDi fueron notificados del “Vencimiento de Contrato de Servicios” informando que a partir del 1 de enero de 2024 ya no continuarían trabajando en las dependencias correspondientes. Así, Llaryora mostró una vez más, estar dispuesto a ser el mejor alumno de Milei.

            Esta medida de inmediato generó la reacción de las y los trabajadores que comenzaron a organizarse para conocer el verdadero alcance de la medida en las reparticiones. En el caso de las y los trabajadores de la Salud provincial entre la última semana del 2023 y los primeros días del nuevo año empezaron las asambleas en hospitales y CAPS.

            El Gobierno provincial dio de baja 1.300 contratos, de los 6.500 que vencieron el 31 de diciembre pasado, prometiendo que se renovarían alrededor de 5.200 y que solo esos 1.300 se caerían de manera definitiva. Según fuentes oficiales, cada ministro recibió la orden del gobernador -a través del secretario General de la Gobernación- para que haga un “análisis profundo” en su área, a la hora de renovarlos o no.

            Ante la reacción de los trabajadores y la opinión pública el gobierno desplegó una campaña de desprestigio, acusando a los trabajadores de la salud de ser unos vagos.

            Bajo estadísticas que no aclaran como fueron tomadas, acusó al personal de enfermería de un gran ausentismo y bajo las mismas circunstancias comparó a los médicos del sector público con el sector privado, denunciando que aquéllos tienen una “muy baja productividad” a pesar de que su administración realiza inversiones, tiene equipamiento, y paga mejores sueldos y jubilaciones.

            El clima que ya venía tenso se enardeció tras el discurso con que Llaryora presentó el Programa de Fortalecimiento Hospitalario, una iniciativa que crea un fondo de 7 mil millones de pesos y que delega facultades del Ministerio de Salud en los directores de hospitales, un paso más en la descentralización de la salud pública y la privatización de la misma en favor de los grandes monopolios de la salud de Córdoba. Allí el gobernador pidió a los directores de los hospitales provinciales un mayor esfuerzo y liderazgo. Un cambio rotundo de paradigma en la administración de los recursos destinados a la Salud.

A LUCHAR JUNTOS, SALUD Y DOCENTES

            Las medidas del Gobernador, presentadas también por el flamante ministro de Salud, Dr Pieckesteiner, anterior director del Hospital Privado, generaron una serie de movilizaciones y asambleas en los lugares de trabajo. Estas lograron la reincorporación de los trabajadores despedidos, pero con un golpe al bolsillo de los empleados provinciales ya que la Provincia y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) firmaron una vez un acuerdo salarial hasta marzo con cifras no remunerativas, a espaldas de sus bases. A partir de enero ya no se actualizarán siguiendo la inflación, sino que tomarán sólo el 50% del valor. En enero, los empleados recibirán un 10 por ciento de incremento sobre todos los componentes salariales remunerativos y un plus de 40 mil pesos no remunerativos; los jubilados y pensionados tendrán la misma suba del 10% y 15 mil pesos no remunerativos.

            Para febrero, el incremento será del 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un monto no remunerativo de 40 mil pesos.

            En marzo se concretará un idéntico porcentaje siguiendo el 50% del IPC para el básico que también impactará en los pasivos y un no remunerativo de 50 mil pesos y finalizado el primer trimestre habrá una revisión del acuerdo y las sumas no remunerativas pasarán a conformar el salario “en blanco”.

            Este ajuste a la Salud pública se asienta sobre un sistema de salud cada vez más desmantelado y con un aumento cada vez mayor de la demanda, dada la imposibilidad de la población de acceder a una prepaga, los despidos, y el aumento de la medicina privada. Es un paso más en el camino al gerenciamiento de la Salud pública por parte de los Monopolios de Salud Privados.

            Además, la baja de contratos pone al descubierto la profunda precarización laboral por parte del gobierno de Córdoba. Hace muchos años que viene empleando a trabajadores bajo contratos temporales o monotributos; por ejemplo, algunos trabajadores despedidos llevaban 5 años en la función pública.

            El conflicto de la Salud sigue abierto, y espera a que los docentes estatales comiencen sus actividades para poder empujar como un único bloque en la lucha por mejores condiciones laborables, como se hizo en las calles en 2023, en un clima de cada vez mayor recesión económica y ajustes en la provincia y el país.

PEDRO SOCOMPA