La privatización de los medios públicos y la concentración monopolista

            Las primeras medidas de Milei en lo que se refiere a medios de comunicación apuntan a erigir a los grandes monopolios como los únicos actores en el sistema.

            Mediante el DNU 70/23, bajo el Título XII (Comunicación), eliminó las restricciones para que alguien acumule licencias en el plano nacional y el tope al porcentaje de la población al que puede prestar servicio (que era del 35%). Para ello modificó el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además derogó el artículo 46, que limitaba la posibilidad de que quienes tengan licencias de radiodifusión satelital o móvil puedan hacerse de licencias de otro tipo.

            Ante esta ampliación de las posibilidades de expansión monopolistas, AMARC Argentina (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), FATPREN, SIPREBA, CELS y otros elevaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que tal concentración atenta contra la libertad de expresión.

            Esas organizaciones advirtieron que la política del gobierno deja como único sector posible a los medios privados y con fines de lucro, desarmando los sistemas de la sociedad civil sin fines de lucro y el público/estatal.

            El DNU también modificó la ley Argentina Digital (27.078) quitando la necesidad de autorización para el acceso a uso satelital, por lo que el Estado argentino perdería herramientas ante el control extranjero o monopólico de dicho acceso.

            Como anunció ya en la campaña, Milei avanzó rápidamente hacia la privatización de los medios públicos.

            El DNU mencionado y el proyecto de “ley Ómnibus” (caído en Diputados, a pesar de la complacencia de radicales y sectores peronistas) intentaron sentar las bases para la privatización de todas las empresas del Estado.  El Decreto dispuso la transformación en Sociedades Anónimas de todas las empresas en las que el Estado controla o en las que participa, y las somete al imperio del “mercado” al quitarle prerrogativas (como la de tener preferencia en las contrataciones del propio Estado.

            El 26 de enero pasado Milei intervino el ENACOM, órgano de aplicación de la Ley de Medios creado por Macri en reemplazo de la AFSCA plural que había creado la ley mencionada. Al frente de aquél fue designado Juan Martín Ozores, Licenciado en Administración de Empresas y con posgrado en Marketing. Además trabajó como consultor de Telecom y es sindicado como “hombre de Santiago Caputo”, uno de los asesores más cercanos al presidente.

            El 2 de febrero se publicó el decreto 117/24, disponiendo la intervención de Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Sociedad del Estado y Contenidos Públicos Sociedad del Estado (del que dependen Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Banco Audiovisual de Contenido Universal Argentina). Como interventores designó a un ex directivo del grupo América (Diego Chaher) y un ex legislador del PRO (Diego Marías). Ambos tendrán amplias facultades, orientadas a preparar la privatización de las empresas, pudiendo alterar sus organigramas, cambiar el Estatuto del Personal, despedir y contratar funcionarios, etc.

            Para el discurso oficial, los medios públicos serían agentes de “adoctrinamiento” o “propaganda”, como si los medios privados fueran modelos de objetividad e independencia. Esa visión olvida deliberadamente el rol que cumplen los medios estatales en distintas partes del mundo, dando lugar y voz a miradas que quedan afuera de los mandatos del mercado, además de ser herramientas para difundir información del quehacer gubernamental, favoreciendo (al menos, potencialmente) el acceso a la información pública de los actos de gobierno. Ese discurso cuenta con el poderoso apoyo de sus principales beneficiarios: los medios de comunicación concentrados, grupo Clarín a la cabeza.

            SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) advirtió que la función social de los medios públicos no puede ser reemplazada por sociedades comerciales con fines de lucro. Destaca que esos medios son necesarios para asegurar el cumplimiento del art. 13 de la Convención Americana de DDHH, referida a la libertad de pensamiento y expresión, y donde se establece que no se puede coartar el derechos a informarse y difundir opiniones por “medios indirectos” (controles oficiales o control de recursos por parte de privados, como el papel o los medios mismos).

            Con la “Ley Ómnibus”, el gobierno mostró que quiere además eliminar la Defensoría del Público y los Fondos de Fomento Concursables para Medios Audiovisuales (FOMECA), que permitió -más allá de ostensibles limitaciones- financiar actividades de medios comunitarios y alternativos. Las carreras de Comunicación y Periodismo del país (nucleadas en REDCOM y FADECCOS) cuestionaron duramente esas medidas, así como la privatización de los medios públicos, pidiendo a los legisladores que pongan freno al DNU y a las iniciativas del proyecto actualmente frenado en Diputados.

            Estas decisiones van de la mano con el ataque físico contra comunicadores desplegado en las brutales represiones perpetradas por fuerzas federales durante el tratamiento de la ley referida. Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación mantienen a su personal con salarios de hambre, lo que llevó a sucesivas medidas de fuerza de sus trabajadores y trabajadoras.

            En el marco de una política brutalmente antipopular y antiargentina, la batalla por medios públicos y por la vigencia de los derechos a la información y la comunicación serán una parte relevante en la lucha popular.

MARÍA ALANIZ