La lucha ancestral de los pueblos originarios

            En 1878, Roca lanzó una invasión masiva contra los territorios indígenas del sur: la llamada Conquista del Desierto. Tropas numerosas del Ejército equipadas con modernas armas de fuego, avanzaron sobre la Patagonia. La diferencia tecnológica entre los indígenas y los “winkas” era tan aplastante, que no hubo una guerra. Fue una cacería humana.

            Al norte del país se dio un proceso parecido: la Conquista del Chaco, una guerra de anexión y expolio no menos violenta y asimétrica que su homóloga austral. Miles de indígenas muertos, despojados de sus tierras, encerrados en reducciones, deportados y esclavizados. La conquista del Chaco, por razones geográficas, resultó más trabajosa y prolongada, desde 1870 hasta 1930 y fueron dos campañas: la comandada por el general Benjamín Victorica, en 1884, y la del coronel Enrique Rostagno, en 1911. Se violaron los acuerdos con las comunidades indígenas y se instauró una colonización a través de la entrega de territorios de pueblos originarios a particulares terratenientes y empresas agrícolas.

            Ya a fines del siglo XIX había comenzado un paulatino proceso de desarticulación del modo de vida cazador-recolector-pescador de las poblaciones indígenas del Chaco. La acumulación capitalista en el norte argentino y la demanda de mano de obra estacional en los ingenios azucareros de Jujuy y Salta fueron factores cruciales en tal proceso que se desenvolvía en el marco de la conformación de los Territorios Nacionales y la consolidación del moderno Estado-Nación Argentino.

            Las grandes y densas selvas, los numerosos esteros y el clima tropical favorecieron la lucha guerrillera contra el invasor, pero finalmente las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y desplazadas de sus territorios. La provincia de Santa Fe duplicó su extensión. Salta y Santiago del Estero también aumentaron sus territorios. Las tierras usurpadas fueron repartidas entre los oficiales de mayor rango del Ejército y los grandes estancieros.

            La conquista de Chaco implicó matanzas contra los pueblos indígenas hasta mediados del siglo pasado (la masacre de Rincón Bomba ocurrió en 1947, durante la presidencia de Perón).

            El 3 de agosto de 1946, un grupo de collas ilusionados con las palabras del nuevo presidente: “la tierra debía ser para quien la trabajase”, llegaron a Buenos Aires con esperanzas y fueron recibidos con promesas. Pero semanas después se los reprimió con gases y golpes, fueron subidos a un tren a la fuerza y llevados nuevamente al norte, donde arribaron de la misma forma en la que habían salido: con las manos vacías.

            Hoy, los pueblos originarios de Argentina siguen reclamando la devolución de sus tierras ancestrales. Exigen que su cultura, identidad y  derechos sean respetados, tal como establece la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17). Aspiran a un mayor grado de autonomía política y territorial. Las luchas indígenas constituyen en más de un caso, la vanguardia de la resistencia popular contra el capitalismo extractivista trasnacional: megaminería a cielo abierto, empresas forestales, agronegocios, etc. La plurinacionalidad, reconocida en otros países, es una de las mayores deudas pendientes de la democracia burguesa argentina. Ni neoliberales ni progresistas han querido comprometerse con una reforma constitucional en esa dirección.

            En Salta, Jujuy y Santiago, campesinos y pueblos indígenas denuncian el avance del desmonte nativo para la soja. Desalojos violentos y éxodo rural son las consecuencias del monocultivo transgénico. Por ello, cuestionan el uso de los agrotóxicos, el vaciamiento del campo y el modelo de agronegocios.

            En 2008, la comunidad guaraní Jasy Endy Guazu que vivía en tierras fiscales de El Talar, en Jujuy fueron desalojadas por la fuerza. El gobierno entregó los terrenos a productores agropecuarios, que pidieron el desalojo a la Justicia. “Llegaron en la oscuridad, con topadoras”.

            Hoy los pueblos indígenas de esa provincia están en pie de lucha contra la reforma constitucional violatoria de sus derechos. Lo hacen junto con organizaciones sociales y sindicatos pues criminaliza la protesta social e ignora la voz de los pueblos originarios al momento de decidir el uso que se le dará a la tierra, hoy codiciada para explotaciones mineras, puntualmente la extracción de litio.

            El 14 y 15 de junio, las comunidades indígenas comenzaron una caminata a la capital provincial, San Salvador. La llamaron Tercer Malón de la Paz, porque se asienta en los mismos reclamos de aquel histórico de 1946. En ese entonces caminaron más de 2.400 kilómetros para llegar a Buenos Aires para exigir la titularización de los territorios. A este Tercer Malón le agregaron consignas de la actualidad: el rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes y el rechazo a la “reforma inconstitucional”.

            Se oponen a esa reforma porque los despojará de sus territorios ancestrales; la mayoría de esas comunidades no cuentan con títulos de propiedad. En muchos casos soportan la presión de particulares que nunca ocuparon la tierra, pero dicen tener títulos. La modificación del artículo 36: “derecho a la propiedad privada” favorece a titulares registrales que disputan tierras con comunidades originarias, pues incorpora “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. Establece que se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, y se impulsa la sanción de una ley que determine “las condiciones para el desalojo”.

            La Asamblea Nacional de los Pueblos de la Puna decidió cortar por tiempo indeterminado las rutas nacionales que van a Chile y Bolivia. El cruce de las rutas nacionales 52 y 9 en Purmamarca, a 65 kilómetros al norte de San Salvador, es el núcleo de la resistencia. Simboliza el punto de encuentro de las comunidades originarias del oeste (Olaroz, Susques, Laguna Guayatayoc) y las del norte (La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca), todas representadas en el Tercer Malón de la Paz.

            Los pueblos originarios cuestionan que el Estado provincial tenga el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua, con un enfoque productivista y la explotación del litio como objetivo. Por esta razón resisten a las fuerzas represivas de Morales bajo la consigna “¡ARRIBA LAS WHIPALAS, ABAJO LA REFORMA!”.

            La represión sistemática llevada adelante por el gobernador no sólo es la manifestación de la violencia del Estado que recuerda los momentos más oscuros de nuestro país y esa provincia, sino también una medida disciplinaria y ejemplificadora en momentos donde la derecha avanza en el mundo y en nuestro país busca reposicionarse en las próximas elecciones. Esta violencia institucional, racista y patriarcal, busca imponer un orden económico basado en la explotación y el extractivismo.

PABLO AGUIRRE CASTILLO