Súper ganancias de los monopolios de la alimentación

            La inflación volvió a acelerarse en los últimos meses, con los precios de los alimentos como principal motor. El dato pone de manifiesto el deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población, ya que los sectores de menores ingresos son los que mayor proporción de los mismos destina a su alimentación.

            La inflación de febrero, medida por el IPC del INDEC, alcanzó el 6,6% en el promedio ponderado de bienes y servicios que releva el organismo. Sin embargo, el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió un 9,8% a nivel país, con picos en las regiones del Gran Buenos Aires, Noroeste y Cuyo, donde superó el 10%. Aún no se conoce el dato para marzo, pero el IPC de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 7,1% en marzo, con 9,1% de aumento en el rubro en cuestión.

            Ante ese escenario, el gobierno recorta en número y valor los planes sociales, y restringe el acceso a la moratoria jubilatoria recientemente aprobada en el Congreso nacional. En lugar de proteger a quienes más sufren las consecuencias de la escalada de precios, opta por subsidiar a los mismos que ganan con ese escenario. Con la nueva edición del “dólar soja”, el gobierno reconoce un mayor precio a la divisa verde para los exportadores, conformando un subsidio que costará, al menos 480.000 millones de pesos, según estimó Horacio Rovelli en su artículo “El Rol del Estado en la Economía” (9 de abril en El Cohete a la Luna). Para costear esa ayuda, apela a nuevo endeudamiento, que terminará engrosando las arcas de los bancos.

            Esas medidas del gobierno obedecen directamente a los dictados del Fondo Monetario, que pone como horizonte el aumento de divisas para pagar la deuda contraída durante el macrismo (y convalidada por el gobierno de los Fernández), mediante las consabidas recetas de ajuste fiscal (menos erogaciones del Estado en necesidades sociales) y liberalización económica. El organismo cuestiona la alta inflación, pero las vías que exige para bajarla no tienen ese efecto: insisten en vincularla al déficit fiscal y en atacarla con la suba de tasas de interés, aspectos que podrían tener incidencia pero que de ningún modo explican el escenario nacional.

            Para el Fondo (y por ende, para el gobierno) no entra el juego la brutal concentración económica, ni el efecto inflacionario de aumentar tarifas y otros precios regulados, ni la consecuencias en los precios internos de atar la política al incremento de la exportación que en la Argentina se refiere a principalmente a productos agrícolas y alimentos.

            Precisamente, en febrero los mayores incrementos se produjeron en carnes (más del 30% en un solo mes), que en los datos de CABA vuelven a mostrar similar comportamiento en marzo. Se trata de un rubro en el que se exporta el 29% de lo que se produce, por lo que los precios internacionales y el disminuido valor de la moneda nacional inciden gravemente en los precios internos. La harina de trigo también subió por encima de la inflación promedio, siendo que -precisamente- el 67% de la producción triguera se destina al mercado externo (véase “¿Qué queda del granero del mundo?”, artículo de Ernesto Mattos y Patricio Vértiz en Página /12).

            A ello se suma la fuerte concentración en la producción de alimentos, donde sólo una veintena de empresas (lideradas por la británico-neerlandesa Unilever) explican el 74% de las ventas en el mercado interno. Se destaca allí Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc, que produce el 22% del aceite nacional, el 22% de la harina de trigo, y el 38% del mercado de pastas secas. Y al mismo tiempo es la novena exportadora de granos.  No sorprende, entonces, que Gregorio “Goyo” Pérez Companc sea el tercer argentino más rico, según informó la revista Forbes.

            Los procesos de concentración y extranjerización tienden a profundizarse, lo que trae mayor impacto en la formación de precios por parte de unos pocos actores. Según informó El Destape, Arcor (que tiene altas cuotas del mercado en aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo y dulces) se encamina a concretar la adquisición del control de Ingrear Holding S.A. (junto a la estadounidense Ingredion), lo que le permitiría manejar el 60% del negocio del almidón, el 80% de los endulzantes y el 70% de los coproductos.

            También pesa fuerte el Ingenio Ledesma, de inversiones diversificadas, del recientemente fallecido y socio-cómplice impune de los genocidas, Carlos P. Blaquier.

            Los pulpos de la alimentación están agrupados corporativamente en COPAL, presidida por Daniel Funes de Rioja, que también preside la Unión Industrial “Argentina”.

            Mientras se mantenga la sujeción al FMI y continúen las mismas prioridades, no aparece probable un descenso a corto plazo de la inflación, al tiempo que se reducirán cada vez más los márgenes de autonomía económica y soberanía del país.

            Es imprescindible dejar de pagar al Fondo, salir de su recetario y controlar los monopolios. De mantenerse el camino actual, las condiciones empeorarán para la mayoría, con la latente posibilidad de que el próximo gobierno (de signo similar al actual o aún más a la derecha) avance con mayor rapidez hacia el desmantelamiento de derechos, el desmantelamiento de todo atisbo de soberanía y la destrucción ambiental que viene de la mano de un esquema extractivista y pro exportador primario.

JORGE RAMÍREZ