Por los derechos de los pueblos originarios

            Dos meses pasaron desde que la guardia de seguridad privada de Joe Lewis retuviera a los participantes de la Sexta Marcha por la Soberanía que se realizó en Río Negro en febrero sin que la justicia actuara contra las denuncias por el hecho.

            La patota conformada por más de cincuenta hombres, armados y montados a caballo impidieron  el paso y  retuvieron en  contra de la voluntad, por varias horas, a quienes participaban de esta simbólica acción de protesta, atentando contra el derecho a circular presente en la Carta Magna. Mientras tanto, la gobernadora Arabela Carreras, de esa línea represiva, era premiada con su integración a la delegación presidencial que viajó a Rusia y China.

            Luego de este hecho, un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra la guardia privada del empresario por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición, y atentados contra la soberanía nacional.

            Lewis posee en  el sur argentino 11.200 hectáreas. Fueron adquiridas en la década de los ‘90 y a partir de ese momento tiene múltiples denuncias por la apropiación de un reservorio de agua. Siendo que la justicia no actuó nunca a favor de estos reclamos. El magnate se hizo de esas tierras mediante la cesión de las mismas por parte de una empresa argentina que las había adquirido, maniobra que le permitió eludir la normativa que impide que un extranjero se adueñe de tierras de frontera.

            Mientras la justicia “resguarda” la integridad de las tierras de Lewis, poco hace por el derecho de las comunidades mapuches a la tierra que ancestralmente ocupan. La justicia no como una entelequía sino como institución conformada por sujetos con intereses políticos e ideológicos que quedan plasmado en fallos, acciones e inacciones.

            En septiembre del año pasado la comunidad lof Quemquemtrew, en el proceso de recuperación de tierras que el pueblo mapuche viene realizando, procedió a la ocupación de un campo de explotación forestal  “propiedad” de Rolando Rocco.

            Tras la denuncia de Rocco fueron imputados seis miembros de la comunidad mapuche bajo el cargo de usurpación.  Como enunciaba Galeano “la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.

            En ese predio fue asesinado Elías Garay en noviembre de 2021. Los integrantes de la lof Quemquemtreu denunciaron públicamente que personas desconocidas, que indicaron ser cazadores, se acercaron al predio portando armas y mantuvieron una discusión con los ocupantes. En ese momento asesinaron a Elías e hirieron a otro joven. Por el asesinato fueron imputados dos hombres y aún no se concretó un juicio por la causa.

            El 18 de febrero último, representantes de la comunidad llegaron a un acuerdo provisorio con los fiscales intervinientes y el empresario Rocco que reclama la propiedad de los territorios en cuestión. En virtud de ello, se suspenden los desalojos por los próximos 6 meses, durante los cuales se espera que avance el relevamiento territorial que permita acreditar la vinculación ancestral de la comunidad mapuche con el lugar. La suspensión puede prorrogarse por 6 meses más.

            El afán del gobierno nacional de cumplir con el Fondo Monetario puede acarrear nuevas trabas a los derechos de la comunidades indígenas, ya que las autoridades priorizarán los intereses de los terratenientes.

            Mientras los mapuches y demás comunidades indígenas siguen postergadas, en condiciones de vida dramáticas por la falta de acceso a los territorios que ocuparon históricamente y sobre los que tienen derechos reconocidos en la normativa nacional e internacional. Hay casi 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros, entre los que se destacan el propio Lewis, Benetton, Angelini y numerosas empresas offshore, además de los latifundistas y oligarcas locales como Braun, Blaquier, etc. El Poder Judicial ha jugado y sigue jugando a favor de los terratenientes, dando lugar a desalojos violentos y a la privación de recursos a las comunidades.

            La solución para estos pueblos originarios demanda políticas públicas que no se queden en los papeles sino que sean reales, algo que los sucesivos gobiernos han evitado. Hace falta una reforma sustancial del poder judicial que desarme la “justicia” clasista que impera en los juzgados.

MARÍA ALANIZ