Breves Internacionales

ESCANDALOSO ROBO A VENEZUELA

            El 12 de febrero se consumó un alevoso robo contra Venezuela, cuando su avión propiedad de la venezolana EMTRASUR, retenido ilegalmente en Argentina desde junio de 2022, fue llevado a Estados Unidos, por requerimiento del Pentágono y con el aval del juez federal Villena, con jurisdicción sobre Ezeiza donde estaba la máquina.

            En su momento también fueron detenidos ilegalmente los 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, pero un tiempo después fueron liberados porque la cómplice justicia argentina no encontró motivos para prolongar esa situación.

            “Ambas naciones (EE UU y Argentina), de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región”, denunció el Gobierno venezolano. En el comunicado del canciller Yván Gil en su cuenta oficial de la red social X, Venezuela califica de vergonzosa operación de rapacería el robo de la aeronave.

            Esa no fue una operación aislada sino parte de las 930 sanciones adoptadas por Washington contra la República Bolivariana, entre otras el robo de los activos de la petrolera CITGO. Venezuela denunció, ante la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la violación, por parte de ambos Gobiernos mencionados, de las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los Estados en materia de navegación aérea, lo que genera una situación grave de inseguridad jurídica y operacional sin precedentes en nuestra región.

            Los que salieron a respaldar a Venezuela fueron los países integrantes del ALBA-TCP encabezados por Cuba. El resto por ahora guarda silencio. Cabe puntualizar que el secuestro del avión, en la fecha mencionada, junio de 2022, se produjo cuando gobernaba Argentina el Frente de Todos, o sea el terceto Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y Sergio Massa, este último muy amigo de Estados Unidos y en su momento del fantoche Juan Guaidó.

COMANDO SUR EN ECUADOR

            La jefa del Comando Sur estadounidense, generala Laura Richardson, estuvo por segunda vez en Ecuador el 22 de enero, acompañada de un numeroso grupo de militares estadounidenses. La vez anterior gobernaba el banquero ladronzuelo Guillermo Lasso, y ahora el millonario Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más adinerados.

            Noboa ganó el balotaje de octubre pasado frente a la correísta Luisa González, pero su mandato es corto. Se limitará a completar el mandato que Lasso dejó incompleto en medio de gravísimas acusaciones en su contra, hasta el 24 de mayo de 2025. Luego habrá nuevas elecciones en un país que tiene gravísimos problemas y que, lejos de ser solucionados, la injerencia norteamericana, sobre todo la militar, agravará.

            A los dramas habituales en la mayor parte de Latinoamérica, de desigualdad, hambre, pobreza, endeudamiento, inseguridad, postergación de los pueblos indígenas, dependencia de los poderes monopólicos y del capital financiero internacional, Ecuador suma otros, viejos y nuevos.

            Un problema viejo era su satelismo dependiente de EE UU con su base militar de Manta, que utilizaban las fuerzas norteamericanas y que el ex presidente Rafael Correa desmanteló en 2009. Ahora este fenómeno volverá a ser muy grave porque tanto Lasso como Noboa han recibido a la generala Richardson y firmado acuerdos para aumentar la presencia militar estadounidense.

            Lo acordado fue detallado por Richardson: “tenemos una Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, llamada ESAR, con Ecuador. Y solo hay otro país en la región con el que tenemos firmada esta hoja de ruta. Eso implica un plan de cinco años, establece la hoja de ruta para la cooperación en materia de seguridad que haremos. Hemos creado un grupo de trabajo de defensa bilateral y así hacemos intercambios entre el Pentágono y Ecuador. Está el acuerdo SOFA, que se acaba de aprobar (en inglés, Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco bajo el cual el personal militar estadounidense opera en un país extranjero). Y también lo que yo llamo ‘el acuerdo de navegantes’, que permite a las fuerzas del orden de Ecuador estar en buques de Estados Unidos. Eso es enorme. Lo hacemos con otros países de la región también. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que tiene su sede en Key West (Florida), para la detección y el seguimiento del tráfico ilícito de drogas, marítimo y aéreo. Y debido a toda la actividad en Galápagos, hemos estado haciendo misiones. Acabamos de tener una en diciembre con la Armada del Ecuador” (Fuente: Resumen Latinoamericano, 6/2).

            Semejante intromisión política y militar tiene el “premio consuelo” de 93,4 millones de dólares que el Comando Sur dará en materiales y equipos.

            Por otro lado esa injerencia yanqui, con su embajador Michael Fitzpatrick a la cabeza, pretende justificarse con la existencia del narcotráfico y el aumento de la violencia. ¿Acaso el imperio puede ser considerado ajeno a ese drama siendo el principal mercado consumidor de drogas y sus bancos los lavadores de ese dinero sucio?

            Es al revés. Los países que quisieran combatir el narcotráfico deberían aprender de los ejemplos de Cuba, en nuestra región, y de China, en el mundo: sociedades con alta educación y cultura, igualdad, atención sanitaria, solidaridad, leyes que se cumplen, altos valores sociales, y gobiernos y fuerzas de seguridad no corruptas.

            Ecuador tiene un plus en contra, porque su economía está dolarizada desde 2000 y eso a los narcos les favorece su negocio. Teléfono para los argentinos que compraron la basura mileísta de la “dolarización”.

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES