Se prepara ley a favor de las multinacionales petroleras

Una de las principales apuestas de Alberto Fernández para obtener dólares es el desarrollo del mega yacimiento de Vaca Muerta. Para ello, desde su entorno han dado indicios de que impulsarán una ley ventajosa para las multinacionales petroleras, con el repetido argumento de que tales beneficios atraerán la inversión. Sobran ejemplos de que el capital trasnacional apunta a obtener ganancias lo más rápido posible y al menor costo, sin importar las consecuencias que acarree para la economía local y el medio ambiente.

¿Cuáles serían esas ventajas? Según un artículo publicado en Página/12, las compañías tendrían garantía de acceso a dólares, beneficios impositivos para girar dividendos y la posibilidad de guardar sus fondos en fideicomisos radicados en el extranjero. Además, se les garantizaría la “estabilidad”, es decir, blindaría la legislación ante futuros cambios de gestión.

Fernández se reunió con varias de las empresas con intereses en la zona, como Exxon, Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, que ya tuvieron importantes beneficios y subsidios en la gestión macrista.

La tesis de que Vaca Muerta puede ser una solución para la llamada “restricción externa” (falta de dólares para pagar deuda, pero también para importar) tampoco tiene un sustento tan firme. Según el investigador Álvarez Mullaly (Observatorio Petrolero Sur), la producción a través del fracking genera inestabilidad, ya que depende del precio internacional del petróleo. Para ilustrarlo, repasa los últimos años de Neuquén, donde la aparente prosperidad esconde que es la provincia más endeudada, y donde ya hubo períodos de baja en los cuales arreciaron los despidos, cayó la producción y la recaudación.

Además, la obsesión con Vaca Muerta deja de lado los efectos ambientales y la invasión de territorios ancestrales mapuches. Sobre este último punto, el Estado está en deuda en asegurarles la propiedad de esos territorios (en los términos previstos en la Constitución y en normativas internacionales), y está aún más lejos de contar con el consentimiento Libre, Previo e Informado de dichas comunidades para las explotaciones que se plantea.

Pero por sobre todo, el otorgamiento de más facilidades a las multinacionales podría atraer algunas inversiones -en el mejor de los casos-, pero que mayormente no quedarían en nuestro país: entre el envío de dividendos, el control de la producción, el desinterés de las firmas por el carácter sustentable del desarrollo, etc, auguran una pérdida del control de recursos estratégicos a favor de la lógica de lucro.

En todo caso, una ley de hidrocarburos que priorice las necesidades nacionales debería pasar por el manejo estatal del crudo y el gas, completando el objetivo declarado en la ley 26.741 (expropiación de la mayoría accionaria de YPF): la exploración, explotación, industrialización, comercialización y transporte “a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos”. Esto implicaría completar la estatización de la principal petrolera y otros actores del sector. Y poner énfasis en la explotación convencional y la recuperación secundaria de pozos de YPF, y no tanto en el fracking.

Recién entonces, desde otro lugar y bajo una lógica distinta, se puede contemplar alianzas puntuales con algunos inversores (como China o Bolivia), sólo en tanto y en cuanto estén alineados a las necesidades y proyectos estratégicos del país.