¿Quién paga la crisis derivada de la pandemia?

Según cifras de finales de abril, son más de 300.000 los trabajadores y trabajadoras del sector formal afectados por los despidos y suspensiones. Las víctimas de rebajas y reducciones salariales son muchos más. Mientras tanto, el miércoles 13 de mayo sesionaron las dos Cámaras del Congreso de manera virtual y no se trató el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Así, queda claro que quienes están pagando el costo de la gran crisis económica que afecta a Argentina desde antes de la pandemia, pero agravada y profundizada por la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, son los sectores del trabajo y los más vulnerables.

El gobierno de Alberto Fernández tomó medidas para paliar el efecto del parate económico por el aislamiento, otorgando sumas a los beneficiarios de la AUH, desocupados y monotributistas; decretó la prohibición de despidos por 60 días, dispuso créditos a tasa cero para empresas pequeñas y medianas, y está pagando el 50% de los salarios en el sector privado, para evitar despidos y rebajas salariales. Pero igual la crisis se está haciendo sentir de manera muy desigual.

La actitud de la burocracia de la CGT fue vergonzosa. En lugar de resistir las presiones de la UIA, siempre dispuesta a despedir, suspender y reducir salarios cuando la crisis aprieta, pero nunca a repartir las ganancias cuando las han obtenido, acordó con esos empresarios que puedan reducir salarios en caso de suspensiones. O sea, una agachada doble: considerar “suspensiones” a los trabajadores que no pueden ir a trabajar por la medida del ASPO, y que a esos trabajadores se les reduzca el salario en un porcentaje que va desde el 25% hasta el 40%. El jefe del Sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra, fue de los que más se agachó, porque acordó con las empresas petroleras una reducción del 40% para los suspendidos, aclarando que aquellos que sí iban a trabajar no iban a tener ninguna reducción ¡como si fuera un gran logro! Y enfatizó esto, porque según él, las empresas pretendían una disminución del 70%. No fue mejor el titular de la Federación de Petroleros, Pedro Milla: se justificó porque según él con la reducción salarial “se evita el despido de 25.000 petroleros”. Y fue más allá cuando dijo que la disminución de sueldos era “necesaria para evitar despidos masivos ante la crisis en la que nos vemos sumidos”, por la baja de la demanda y el cierre de pozos (Mundo Gremial, 29/04/2020).

El DNU de AF prohibiendo despidos por 60 días no fue acatado por el más rico de los empresarios argentinos: Paolo Rocca, que despidió a 1.450 trabajadores. Él y sus colegas resisten a capa y espada la implementación de un impuesto a las grandes fortunas, por única vez, del 1%. O sea, a los y las laburantes se les reducen sus ingresos hasta un 40%, pero a los ricachones no se les puede afectar por única vez un 1%.

Queda claro entonces, que a pesar de las “buenas intenciones” del gobierno nacional, la crisis y sus tremendos efectos de hambre y pobreza, está recayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora, sea formal o informal o de la economía popular, y sobre los más vulnerables.

El papel de los sindicatos en esta etapa es fundamental, porque están acordando el quite de las conquistas obreras, con honrosas excepciones, como los Aceiteros que acordaron un aumento del 25%, llevando el básico inicial a 68.678 pesos más un bono que va desde los 55.000 a los 70.000 pesos. Los camioneros tampoco han aceptado despidos ni suspensiones ni reducción salarial, luego de haber firmado en febrero un aumento del 26,5% de enero a junio, que lleva su paritaria anual al 49,5%.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los despidos están “contenidos”. Su informe es elogioso de las medidas del gobierno del Frente de Todos, como la prohibición de despidos por 60 días; el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las empresas con caída en sus ventas y créditos para el pago de sueldos que beneficiarán a cinco millones de trabajadores; también créditos a tasa cero para monotributistas o autónomos; el pago de 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (para los trabajadores informales y autónomos) y unos 130.000 seguros de desempleo. “Si a esto se suma el empleo público, se ve una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa”, exageró el titular del CEPA, Hernán Letcher.

Sin embargo, ese esfuerzo del Estado, no se sostiene de manera equitativa si se analiza que nuestro sistema tributario es muy regresivo. Sigue pendiente una profunda reforma en esa área. El impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que todavía no se sabe qué porcentaje será y sobre cuánto patrimonio, no estuvo en el temario de las sesiones virtuales del Congreso. De esta forma, las buenas medidas del gobierno siguen saliendo de las arcas del Estado, incluso beneficiando a empresas de 800 empleados. Quienes obtuvieron enormes ganancias y engrosaron sus fortunas gracias a las políticas neoliberales de Mauricio Macri (también venían de antes, hay que decirlo) no van a aportar en la misma medida.

CEPA destaca las políticas de protección del empleo en nuestro país, pero no profundiza en este aspecto de la crisis: quienes están haciendo sacrificios extraordinarios son los sectores populares, mientras los empresarios no quieren dejar de ganar ni un centavo.

De las empresas que despidieron trabajadores violando el DNU que los prohibía, las dos primeras son de dos conocidos empresarios: Paolo Rocca (Techint) y Nicolás Caputo (Mirgor), éste último el “hermano del alma” de Macri. ¿A tipos como éstos no les podemos gravar ni con el 1% sus enormes fortunas, amasadas con el sudor de miles de argentinos y argentinas que hoy están sufriendo?