PARA MILAGRO, LA LIBERTAD

Tiene que haber indulto

La situación judicial de la lideresa jujeña, con prisión preventiva desde hace seis años y medio, en una provincia donde no existe Justicia independiente, justifica que el presidente de la Nación decrete el indulto, facultad que le confiere la Constitución Nacional.

Y si bien fue un buen gesto que Alberto Fernández visitara a Milagro Sala en el hospital donde estaba internada por un grave cuadro de trombosis venosa, no alcanza. Su última visita había sido en 2016, cuando la reconocía como “presa política” del gobierno de Mauricio Macri y Gerardo Morales. Luego, ya como presidente, cambió esa calificación para hablar de “detención arbitraria”, y durante los dos años y medio que lleva de mandato se ha negado a indultar a Milagro, una facultad que la Constitución Nacional le otorga en su art. 99, inc. 5. Primero argumentó que considera a ese instituto como un “resabio monárquico”, aunque ha sido utilizado por varios presidentes a lo largo de la historia argentina.

Ahora AF dice que no puede indultar a Milagro porque las causas por las cuales está presa son de jurisdicción provincial y no federal. Es parcialmente cierto, pero hasta agosto de 2021 había una causa en el fuero federal, la de los “huevazos” contra el gobernador Morales cuando era senador, en la que la dirigente tupaquera fue condenada por “instigadora”. Ese juicio fue cerrado sin que el presidente promoviera el indulto que habría favorecido a Milagro.

JUSTICIA “INDEPENDIENTE”

Son vanas las apelaciones al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, conformado por acólitos de Morales, desde que en diciembre de 2015, a cinco días de asumir como gobernador, hizo aprobar una ley para sumar cuatro ministros más a ese Tribunal, poniendo allí a dos diputados radicales que habían votado la ley ampliatoria. También forma parte del máximo tribunal jujeño el ex ministro de Seguridad Ekel Meyer, quien comandó en enero de 2016, el operativo policial que culminó con la prisión de Milagro. Es Justicia “colonizada”, como bien la calificó el abogado Jorge Elizondo en “El Cohete a la Luna” (03/07/2022).

Morales, ofuscado por la visita presidencial a Milagro, dijo que esperaba su “pronta recuperación” para que vuelva a “cárcel común”. Fue otra demostración de la injerencia del poder político sobre las decisiones judiciales. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado argentino a garantizar la salud de Milagro, para que se le concediera la prisión domiciliaria que solicitaba su defensa. Y tuvo que intervenir la Corte Suprema a regañadientes, para que esa recomendación se cumpliera.

INDULTO SÍ, INDULTO NO

Hay opiniones a favor y en contra del indulto presidencial. La abogada Graciana Peñafort lo promovía cuando había causa federal, pero ahora critica con dureza a quienes piden que haga uso de esa facultad constitucional. Visto el tiempo transcurrido y la actitud del Poder Judicial jujeño y de la Corte Suprema, que tiene hace dos años la causa “Pibes Villeros” sin resolver, donde Milagro fue condenada a 13 años de prisión, está claro que no queda otra solución.

Elizondo en cambio, es firme partidario del indulto, pues considera que el entramado de causas contra la tupaquera constituyen una violación a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que ha firmado el Estado argentino. Similar posición sostiene el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, quien no se pronuncia por el indulto, pero sí por la intervención presidencial, por ser el responsable del cumplimiento de esos Pactos, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico por mandato constitucional (art. 75, inc. 22).

El agravamiento de la salud de Milagro, originó un nueva intervención de la CIDH, que ha formulado un requerimiento al Estado argentino para que eleve un informe sobre la situación de la detenida antes del 13 de julio.

Era la oportunidad para poner fin a la persecución judicial que sufre Milagro, hoy presa política de su gobierno, aunque sean decisiones judiciales las que la mantienen en prisión, hasta ahora domiciliaria. La maraña judicial armada en su contra, expresión del lawfare (guerra judicial), sumado al hostigamiento que ha sufrido aún estando internada en grave estado de salud, constituyen un fuerte argumento para que el presidente ponga fin a esa situación, ordenando a los órganos pertinentes (por ejemplo, el Poder Judicial) que cumplan con los Pactos Internacionales que están siendo violentados. El Estado nacional está obligado a cumplir con esas normas, como la que expresa que la prisión preventiva no puede extenderse por un tiempo prolongado (¡seis años y medio lleva Milagro en esa condición, sin sentencia firme!).

REFORMA JUDICIAL URGENTE

El ensañamiento del Poder Judicial jujeño amerita que el Congreso Nacional trate y apruebe la intervención del mismo, propuesta que ya formulara el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Si bien ello es improbable porque el oficialismo no cuenta con los votos, ni siquiera se ha formulado un proyecto en tal sentido.

La tan anunciada Reforma Judicial que el presidente prometiera en sus discursos de apertura del Congreso ni siquiera fue llevada al recinto para su tratamiento. Vanas son entonces las apelaciones de AF para que el TSJ de Jujuy o la Corte Suprema resuelvan la situación judicial de Milagro. La “persuasión” de la que habló en su discurso en el aniversario de la muerte de Perón, no sirven cuando enfrente hay un gobernador déspota y un Poder Judicial que persigue a dirigentes sociales. Eso está ocurriendo en Jujuy, donde la persecución se ha extendido a otras organizaciones sociales, con allanamientos y detenciones arbitrarias.

No se trata sólo de “lapicera” para firmar el indulto, hace falta voluntad política. La visita fue importante para el ánimo de Milagro, pero ella sigue presa, señor presidente. Y no es la única, hay una treintena más de presos políticos…

IRINA SANTESTEBAN