Nuevo pacto de los burócratas de la CGT con la UIA y el gobierno

EDITORIAL SINDICAL

               Los burócratas sindicales, en lugar de estar recorriendo los centros de trabajo, para conocer los problemas de sus bases y hacer asambleas para debatir la difícil situación que atraviesan, se la pasan de reunión en reunión con el empresariado y funcionarios del gobierno nacional.

               El 5 de abril volvieron a encontrarse con los popes de la UIA, como Daniel Funes de Rioja, el mismo que proclama a los cuatro vientos la necesidad de una reforma laboral, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni.

               Quizás algún ingenuo o ingenua pueda pensar que los dirigentes de la CGT pelearon como leones para reclamar aumentos salariales y exigir un freno al aumento de precios de los alimentos, que afectan gravemente al pueblo trabajador. Tanto en el sector formal como informal, la carestía de la vida hace estragos en los ingresos populares y con mayor saña en quienes intentan sobrevivir con planes sociales (1,2 millón de personas, cuando son más de tres millones las inscriptas en el registro de la Economía Popular). El Plan Potenciar Trabajo aumentará este mes a 20.000 pesos, la cuarta parte de la Canasta Básica Total.

               El gobierno anunció el aumento en la Tarjeta Alimentar que perciben 2,4 millones de beneficiarios: a partir de mayo será de 9.000 pesos para las familias con un solo hijo o hija menor de 14 años o con discapacidad, 13.500 pesos para dos hijos/as y 18.000 para quienes tengan tres o más hijos/as. También cobran esta Tarjeta las mujeres que perciben asignación por embarazo y será de 9.000 pesos. Aunque sea una leve mejora en los ingresos de los y las que menos tienen, son montos exiguos en relación a lo que necesita una familia para vivir.

               Según el Indec, el ingreso promedio de los hogares durante el último trimestre de 2021 fue de 52.553 pesos, con una CBT (en ese momento) de 76.146 pesos. Hoy ese límite de la pobreza supera los 84.000 pesos, pero para el gobierno nacional, lo positivo es que durante aquel trimestre la pobreza bajó del 40% al 37%. Si fuera cierto, y habiendo ya transcurrido el primer trimestre de 2022 con fuertes aumentos en los principales productos de consumo popular, no se entiende tanta contentura. Máxime cuando las previsiones de inflación para el presente año son del 60%. ¿Aumentarán los salarios por encima de esa cifra, como promete el gobierno? Por ahora los empresarios se han comprometido a la apertura de paritarias, en un contexto harto difícil para los sectores populares pero de una gran prosperidad para esas patronales, en particular las alimenticias, de la construcción, energéticas, etc.

               Los trabajadores y trabajadoras no podemos esperar nada de esta dirigencia sindical, que hace mucho tiempo se olvidó de luchar por sus bases, y en cambio está muy dispuesta a negociar con las patronales que explotan, despiden y exigen quitar conquistas históricas del movimiento obrero.

               El cambio en la dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica, donde Antonio Caló perdió frente a Abel Furlán, después de 18 años de conducir ese poderoso sindicato, no preanuncia grandes cambios en la política sindical. Es más el reflejo de la disputa interna en la alianza gobernante, entre albertistas y kirchneristas, ya que Furlán no representa un modelo de sindicalismo combativo, como el que hace falta en la situación actual, para enfrentar las políticas antiobreras de la UIA y el gobierno. Furlan y sobre todo su adjunto Naldo Brunelli, son más de lo mismo.

               Es una vergüenza para la tradición combativa del movimiento obrero argentino, que las centrales obreras y la mayoría de los sindicatos hayan estado ausentes en las movilizaciones contra la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que traerá más ajuste sobre el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables. El verso oficial de que el acuerdo “no prevé ajustes” porque no plantea abiertamente reformas laborales ni previsionales, no se lo cree nadie. Las revisiones periódicas por parte del FMI y las metas a las que se comprometió Argentina (reducción del déficit y de la emisión monetaria, por ejemplo) son indicadores de quiénes sufrirán cada pago al organismo financiero.

               Por ello, la tarea hoy en la clase obrera es ganar la calle, tal como lo están haciendo las organizaciones sociales y el movimiento piquetero. Unir esa lucha de los de abajo, los y las que más están sufriendo la crisis, con las luchas obreras, no sólo por apertura de paritarias, como hoy parece haber acordado la CGT con la UIA y el gobierno, sino por aumentos salariales que además de ganarle por unos puntos a la inflación, se plantee recuperar la pérdida del poder adquisitivo (del 20%) que dejaron los cuatro años de Mauricio Macri.

               Esa pelea deberá comenzar desde las bases, porque son muy pocas las organizaciones gremiales que hoy están dispuesta a dar batalla al poderoso frente empresario-gobierno-FMI. Por ello, hay que trabajar en los cuerpos de delegados y delegadas, en las comisiones internas, en las agrupaciones antiburocráticas, con el activismo que va despuntando disconforme con la situación actual de explotación y precarización laboral. Que la movilización crezca “desde el pie”, para arrancar a las burocracias un plan de lucha y un paro general, para derrotar el pacto con el FMI y suspender el pago de la deuda. Si un sector del gobierno propone “que la paguen los fugadores”, desde las ABC decimos que ese dinero que se recupere de la evasión y fuga de capitales, debe servir para la deuda interna: aumentar salarios y crear fuentes genuinas de trabajo, aumentar jubilaciones y mejorar las condiciones de la educación y salud públicas. Las estafas no se pagan.