Más voces, más democracia

El 28 de agosto la Coalición por una Comunicación Democrática presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una serie de propuestas para el desarrollo de políticas públicas de comunicación en vistas a fomentar la soberanía, el trabajo y el pluralismo informativo.

Al cumplirse diez años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y luego de diversos Foros que realizó en todo el país, se presentó este documento que busca sea tomado por parte del próximo gobierno.

La Coalición es una organización Multisectorial integrada por comunicadorxs, cooperativistas, organizaciones sindicales, movimientos sociales, universidades, organismos de derechos humanos, etc. Trabaja en forma continua desde 2004, año en el que se lanzaron públicamente los primeros 21 puntos que fueron la base y los principios para la Ley de Servicios de Comunicación que reemplazó a la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. Aquel primer listado se dio a conocer un 27 de agosto, Día Internacional de la Radio, en una emisión de Radio Nacional.

LOS NUEVOS 21 PUNTOS

Ante el avance feroz del gobierno de Mauricio Macri en contra de la Ley de Medios, que con Decretos de Necesidad y Urgencia desguazó esta la Ley, la Coalición presentó 21 nuevos puntos propositivos que vienen a enriquecer y actualizar los de 2004. Se tomará algunos de los puntos para su análisis y discusión:

El documento declara en su Primer Punto a la Comunicación como un Derecho Humano y no como una mera mercancía, incluyendo todos los soportes y plataformas. Desde esta perspectiva todas las personas son sujetos de derecho, y el acceso tanto a la información como a la producción de la misma tiene que estar asegurados por el Estado. También en el punto 15 se plantea el acceso a Internet como un derecho humano y habilitante, ya que el acceso a la misma permite buscar, recibir y producir información.

La propuesta de regulación de monopolios y oligopolios de la comunicación a fin de garantizar la pluralidad y diversificación de voces está presente en su punto dos. Pone en el centro el rol del Estado, que debe garantizar que sectores que se encuentra fuera del espectro comunicacional lleguen a la toma de la palabra real, lo que va de la mano con limitación en la concentración de medios.  En la actualidad los medios de comunicación imponen la agenda dejando de lado a sectores importantes de la sociedad, acallando voces, limitando la democracia y dando una posición preponderante a las empresas.

El Rol del Estado planteado en ese punteo debe ser activo, con acciones específicas que fomenten la desconcentración, la promoción, el pluralismo y la diversidad de voces. Que ese 33% mencionado en la Ley de Medios no quede sólo como letra progresista, sino que vaya acompañado con políticas de acceso y fomento a la producción de contenidos de los medios comunitarios, públicos y sociales sin fines de lucro. Eso requiere que el Estado regule insumos, recursos e infraestructura.

La redacción de estos puntos viene a traer una mirada superadora respecto de lo plasmado en la LSCA y en la Ley Argentina Digital, ya que declara a los servicios de comunicación como de Interés Público y donde el Estado debe actuar activamente evitando situaciones anticompetitivas de las empresas con mayor poder económico y regulando tarifas para que sean razonables. Impulsa la promoción del Contenido nacional, propio, local e independiente mediante cuotas de pantalla y difusión de esta producción en los medios de comunicación, fijando además cotas económicas de ayuda a la producción local. Siendo que las producciones mediáticas son culturales, no pueden estar regidas por la “mano invisible” del mercado y los intereses de empresas privadas.

Como hemos visto en nuestro país muchos de los considerados grandes medios desarrollan formas de trabajo precarizado y poco seguro.  Relacionado con lo anterior, es necesario mencionar la inclusión de la adopción de normas que estimulen la producción en forma plural, la diversidad y el trabajo en todas las áreas creativas, éstas deben desarrollarse bajo condiciones de trabajo seguro y digno.

La aplicación efectiva de la LSCA es un tema pendiente. Desde su sanción en 2009 se ha visto cómo los conglomerados mediáticos frenaron su aplicación mediante estratagemas judiciales. Y desde 2015, Macri tomó numerosas medidas para desarmar esta Ley, favoreciendo aún más la concentración de los medios de comunicación en pocas empresas.

Es imprescindible que desde el gobierno y desde el Estado se entienda a la comunicación en su carácter de Derecho Humano. Y esto se logrará con un debate profundo, inclusivo y superador de la legislación existente; que incluya voces y que limite a medios como Clarín y otros monopolios.