Los Jueces y Fiscales marionetas de Magnetto y Clarín

            La publicación de mensajes y audios de un grupo de Telegram dando cuenta de un viaje de jueces y funcionarios políticos del macrismo a la mansión del magnate inglés Joe Lewis, en Lago Escondido, constituye un escándalo de corrupción judicial.

            La prensa corporativa, encabezada por el multimedios, ha silenciado este episodio, y no es casualidad, ya que fue el grupo el que financió ese lujoso tour a la propiedad del multimillonario, que posee 11.000 hectáreas en la Patagonia y sigue sin acatar la decisión judicial de permitir el acceso al lago.

            Mientras tanto a las comunidades mapuches se las demoniza y desaloja de escasas 20 hectáreas en la lof Lafken Winkul Mapu y se mantiene a 4 hermanas detenidas con sus pequeños hijos.

            La información sobre este viaje la dieron los periodistas Tuny Kollman e Irina Hauser el 17 de octubre pasado en Página/12. Allí se sugería que el objetivo de ese cónclave era planificar la estrategia judicial y mediática para garantizar la impunidad de Macri en las numerosas causas judiciales que lo tienen como acusado.

            Ante esa publicación, el mismo día, el directivo de Clarín Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, formó un grupo de Telegram en el cual incluyó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques; al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; al procurador de CABA, Juan Bautista Mahiques; a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia – AFI, Leonardo Bergroth y Tomás Reinke (hoy consultor de medios); y al CEO de Clarín, Jorge Rendo, sindicado como heredero de Magnetto.

            En esas conversaciones se revela la preocupación de los viajeros por la investigación que se abrió a raíz de ese periplo, en la fiscalía federal de Bariloche, a cargo de Cándida Etchepare, por presunta “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”.

            Es la misma fiscal que la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que defiende a integrantes de la comunidad mapuche en las causas armadas para desalojarlos de sus territorios ancestrales (aunque ocupen escasas hectáreas frente a las miles que tienen Lewis, Benetton, Soros, empresarios sauditas, etc.), está denunciando por su accionar en el juicio por los hechos de la lof Winkul.

            Haber designado numerosos jueces y fiscales federales “amigos”, y destituir a quienes consideraban “kirchneristas”, fue uno de los objetivos exitosos del gobierno macrista. Y no haber desactivado esas maniobras, uno de los estrepitosos fracasos del gobierno del Frente de Todxs; no propició una profunda reforma judicial para cambiar la actual configuración del Poder Judicial, tan promiscuo con empresarios mediáticos y las corporaciones económicas y financieras.

            De los chats surgen afirmaciones que avergonzarían a cualquier persona honesta, mucho más a un magistrado judicial.  Frases como “Para anotarlo porque es el responsable”, dicho por el juez Yadarola, en relación al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinsky, sindicado como el autor de la filtración. Y agrega: “Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento”. D’Alessandro, a quien Rodríguez Larreta respaldó luego de conocidos los chats, fue más directo con las amenazas: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.

            El juez Mahiques, junto con el ex AFI Luciano Bergroth, hablan de una “estrategia para pasar a la ofensiva”, en directa alusión a instalar la idea del espionaje ilegal. Esa estrategia ya está en curso, porque D`Alessandro realizó una denuncia por ese motivo, y el 5 de diciembre, Joaquín Morales Solá, lo dijo sin tapujos en su columna de “Desde el Llano” (TN). Denostan la filtración como una “intromisión” en la privacidad de las personas, sin embargo, cuando difundían audios de CFK con el senador Oscar Parrilli, no les preocupaba tanto la “privacidad” de la afectada.

            Desde WikiLeaks hasta la actualidad, pasando por los Panamá Papers, toda filtración de información que pueda ser de relevancia pública y constituir un delito, por parte de quien la produce, es admitida como válida y puede servir de base a investigaciones judiciales. Es lo que debería ocurrir con la causa que se instruye en Bariloche, pero con la fiscal Etchepare es muy difícil pensar que pueda llegarse a la verdad. Esto es: cuál fue la motivación de esa reunión en la mansión de Lago Escondido, qué se trató en la misma, si fue la única o hubo otras reuniones, etc.

            Las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional en relación a este escándalo, como bien lo señala Alessandra Minnicelli, abogada y esposa de Julio De Vido, son absolutamente inútiles. Instruir a los legisladores de la ciudad y al Parlamento nacional para denunciar lo sucedido ante el Consejo de la Magistratura, no procedería por falta de mayorías suficientes. Además el Consejo de la Magistratura está inmovilizado porque la Corte Suprema no admite a los representantes designados por el Senado, y los de los diputados fueron removidos por la presidenta de ese cuerpo, Cecilia Moreau. La instrucción al ministro de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal y el macrista Eduardo Casal, por la causa que le instruyó el juez Cayssials, implicado en los chats, es otra medida inútil. Para Minnicelli, esas decisiones debería tomarlas el Presidente de la Nación, a quien le cuesta usar “la lapicera” contra los poderosos. Además, debería explicar por qué aparece en los chats el jefe de sus asesores (hoy renunciado) Julián Launde, quien le habría prometido a los viajeros que la noticia no sería replicada en los medios que maneja el empresario Fabián De Souza (C5N).

            Es muy grave lo que está pasando en el Poder Judicial, pero lo es también la inacción del gobierno para cambiar esa realidad, que hoy se vuelve en su contra. En particular, de la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada por “administración fraudulenta” dos días después de conocerse el escándalo de los chats. Ella calificó al accionar de los jueces como “mafia” y a los implicados en el escándalo como “mascotas” de Héctor Magnetto.

            Hace falta una reforma integral del Poder Judicial y una Ley de Medios que desapodere en serio a los monopolios de la desinformación.

IRINA SANTESTEBAN