Los derechos mapuches

En el último mes y luego de la represión de la comunidad Pu Lof Vuelta del Rio Cushamen en Chubut y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los medios hegemónicos han difundido una serie de notas para desacreditar la preexistencia del pueblo mapuche. Periodistas como Rolando Hanglin y otros publicaron en medios nacionales acerca de la “cuestión mapuche”. Estas notas de autores no especializados son presentadas como una verdad absoluta. Sin embargo, carecen de la base científica que han aportado las diferentes disciplinas sociales, etnológicas, antropológicas y genéticas en las últimas décadas a la historiografía indígena y en particular a la mapuche.

El pueblo mapuche, al igual que otros originarios, viene protagonizado una serie de conflictos como resultado de diversas actividades económicas que impactan en sus territorios, tanto por intereses nacionales como internacionales, como también múltiples procesos de reconfiguración y movilización étnica que redefinen su relación con su ámbito territorial.

Los argumentos de la derecha incurren en falacias antropológicas, ya que recurren a explicaciones esencialistas y biologicistas de las identidades, niegan el hecho que la identidad se construyen en la interacción y no en el aislamiento. Definen a las poblaciones como una sumatoria de rasgos biológicos y culturales, centrándose en análisis estáticos de la identidad. Por otro lado, se apoyan maliciosamente en teorías históricas sostenidas durante años y elaboradas por etnólogos e historiadores al servicio de la oligarquía terrateniente.

Uno de los primeros en plantear el origen chileno de los mapuches fue Estanislao Zeballos, etnólogo e historiador, que fue diputado de la nación, presidente de la Sociedad Rural y uno de los ideólogos de la “Campaña del Desierto”.

En estos pseudo informes periodísticos, una de las formas de negar el derecho del pueblo mapuche a reclamar por sus territorios y su identidad, es afirmar que jamás existió una etnia llamada mapuche dentro del territorio argentino (Hanglin, 2009).

Como afirma la etnohistoriadora Lidia Nacuzzi, estos nombres provienen de documentos escritos por misioneros, funcionarios coloniales y viajeros, que posteriormente fueron retomados en forma acrítica por los primeros etnógrafos.

Estas construcciones, la mayoría de las veces fueron escritas por los sectores dominantes según sus prejuicios e ideologías.

Una limitación de retomar estas fuentes sin ningún tipo critica, es que estas denominaciones fueron de los españoles y que por lo tanto, no necesariamente coinciden con la que los propios grupos se han dado a sí mismos. Corresponden a terminologías utilizadas para denominar a otros pueblos en su afán de ordenamiento para la dominación. Así, el término araucano constituye una atribución efectuada por otros. En cambio, la denominación de mapuche (gente de la tierra) se corresponde con una identidad que engloba diferentes parcialidades (picunches, mapuches, huilliches y pehuenches) y que implica su propia identificación.

Otro argumento esgrimido, es la araucanización de la Patagonia con la conquista y exterminio del pueblo Aonikenk (Tehuelche) por parte de los Mapuches. Desde la antropología social, la etnohistoria y la arqueología, el concepto de araucanización, ha sido ampliamente cuestionado por diversos autores (Bandieri, Mandrini, Berón, Radovich, Balazote y Radovich entre otros). Esta noción, sostiene que este grupo indígena ingresa, se establece en las pampas a partir del siglo XVII y su presencia se hace efectiva en el siglo XVIII.

Sin embargo, estudios arqueológicos recientes han refutado estas teorias, ya que demuestran una presencia más temprana de contactos continuos en la región pampeano-patagónica entre los pueblos ubicados a ambos flancos de la Cordillera. Registros arqueológicos evidencian procesos de interacción social, tan tempranos como mediados del Siglo XIII.

Estos postulados, no sólo omiten que la región cordillerana ha sido un espacio sumamente dinámico, sino que desconocen los múltiples relatos que evidencian la temprana presencia mapuche en las pampas, muy anterior a la conformación de los ambos Estados-nación.

Otro de los discursos promovidos es asociar a los mapuches con el terrorismo, en un creciente escenario de conflictividad territorial en donde se acusa a los indígenas de diferentes “ocupaciones” que pondrían en peligro el progreso de la región. Los potenciales inversores no arriesgarían su capital ante esta “inseguridad jurídica”. Lo que se oculta es el incumplimiento de las legislaciones vigentes en relación a los pueblos originarios, de allí la precariedad jurídica de la posesión de los territorios en que se asientan estas poblaciones.

Otro aspecto que se oculta es la negativa de la oligarquía terrateniente a aplicar la Ley Nacional 26.160 de Emergencia y Regularización de la Propiedad Comunitaria Indígena. Así también deben entenderse la demora y dificultades para firmar los convenios entre los organismos involucrados (el INAI, Mesa de trabajo y diálogo de los pueblos originarios, las Provincias, las Universidades Nacionales de cada región y organizaciones indígenas). La Cámara de Senadores rechazó por gran mayoría tratar la prórroga de esa ley.

Refutando estas falacias, el Partido de la Liberación exige el fin del hostigamiento y debido reconocimiento de los pueblos originarios, la plena vigencia y cumplimiento de la ley 26.160, liberación de los presos políticos Agustín Santillán y Jones Huala, y aparición con vida de Santiago Maldonado.

PEDRO SOCOMPA