Ley antipiquetes en Salta de Sáenz, socio de Massa

            El 14 de mayo de 2023, el actual gobernador de Salta, Gustavo Saénz, ganó las elecciones y fue reelecto con el 47,56  % de los votos superando por más de 30 puntos a su principal adversario, Miguel Nanni, de Juntos por el Cambio que obtuvo el 17,27 %. Antes del 2015, Saénz fue concejal 3 veces y senador provincial entre 2009 y 2013, Militaba entonces en el Partido Justicialista.  En 2015 abandona al justicialismo y hace una alianza con el ex gobernador y actual senador Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo  y consigue ganar la Intendencia de Salta Capital. Y ese año llega a la escena nacional cuando Sergio Massa lo escogió para ser su compañero de fórmula en las presidenciales.

            La euforia y los festejos por el triunfo, donde el más entusiasta fue Massa en el orden nacional, duraron poco. A mediados del mes de mayo los Docentes Autoconvocados de la Provincia, inician medidas de fuerza reclamando mejoras salariales y laborales. El Gobierno convoca entonces a una paritaria con los gremios del sector (justamente los que han motivado la autoconvocatoria desde hace varios años por no defender ni luchar por sus afiliados). A través de los medios de comunicación amigos, trata de instalar que los docentes salteños son los “mejor pagados” del país y que el 34 % convenido en la paritaria es lo justo y necesario.

            Los autoconvocados obviamente no participaron de la paritaria y además tienen en claro sus reclamos salariales: salario básico igual a la canasta familiar y cláusula gatillo para paliar la inflación. Lógico, intensificaron las medidas de fuerza en toda la provincia. Además del paro, con altísimos niveles de acatamiento, comenzaron a realizar marchas y cortes de ruta en toda la provincia. En Salta Capital, el punto más álgido fue el del ingreso a la ciudad, llamado, aunque ya no funciona como tal, el Peaje de Aunor. Aunque es una ruta nacional, la policía de la Provincia despejó violentamente el corte el 25 de mayo, con un saldo de varios docentes lesionados y 19 detenidos y procesados. Eso provocó  el repudio y las manifestaciones de la mayoría de la población. Organizaciones sociales,  de DD HH, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, centros de estudiantes y autoconvocados de otros sectores como el de la Salud, se suman a la lucha.

            El gobierno no abre ningún canal de diálogo sino que activa a través del Parlamento, (donde tiene mayoría) una ley que lleva  el pomposo título de “Ley de Convivencia y Conciliación Ciudadana”. El Proyecto (autoría de dos diputadas de derecha, una del PJ y otra del Partido Renovador), data de abril de este año. Y el Ejecutivo resolvió que era el momento de tratarlo, aprovechando la mayoría propia y para frenar el ascenso de las protestas. En Diputados se aprobó sobre tablas y una de las autoras reconoció que votó en contra del momento del tratamiento por no ser el adecuado y señaló que “muchos diputados no lo conocían”. Se aprobó con 29 abstenciones. Los Senadores, también lo votaron sobre tablas (sin informe ni dictamen de Comisión) y lo aprobaron con …un voto de diferencia (11 a 10).

            La ley aprobada pretendía regular  “la convivencia”, mediante un articulado que: establecía requisitos para llevar adelante una protesta. notificar el lugar dónde se va a realizar, horario de inicio y tiempo de desarrollo, lugar de concentración, motivo de la protesta y nombre de los responsables u organizadores (todo eso ante la comisaría o puesto policial más cercano al lugar de la protesta). Este atropello a los derechos consagrados por la Constitución nacional afecta el derecho a la vida y a la integridad física,  al dar amplias facultades a los cuerpos de “seguridad” para impedirla; a la libertad de expresión, de reunión y al derecho de peticionar a las autoridades lo que torna a la ley como inconstitucional e inviable. En la provincia de Salta el corte de calles y rutas tiene una historia de represiones en las que las fuerzas de seguridad asesinaron o hirieron gravemente a los manifestantes.

            Por esa memoria histórica y por el autoritarismo que expresaba la ley, ésta cosechó el repudio generalizado de organismos como la Mesa de Derechos Humanos, sindicatos como ADIUNSa, partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación y todas las organizaciones sociales. Además, obviamente, de los sectores que están luchando por sus reivindicaciones: docentes, personal de salud, pueblos originarios, municipales, trabajadores de las minas, ambientalistas y estudiantes de los distintos niveles. Tan grande fie el repudio que el gobernador Saénz vetó parcialmente la ley (los artículos 3 y 4) para, según sus voceros, preservar el orden y la paz social con el respeto de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de peticionar pacíficamente y la libre circulación.

   Este veto parcial, no es suficiente. La ley debe ser derogada en su totalidad. Algunos sectores ya han presentado recursos de inconstitucionalidad y otros han efectuado denuncias a nivel nacional e internacional porque constituye una violación a normas establecidas por Tratados que tienen rango constitucional. Todas estas acciones son legítimas y las apoyamos. Pero creemos firmemente que estos intentos de reprimir las protestas contra el ajuste, la inflación, el hambre, el convenio con el FMI, serán derrotados con el pueblo movilizado en las calles.

ELENA RIVERO