Las ABC contra la reforma laboral

El 4 de octubre pasado el Jefe de Gabinete Marcos Peña aseguraba ante los diputados que no existía “ninguna cuestión oculta ni ningún proyecto concreto que esté definido”, en respuesta a una pregunta sobre los lineamientos de la reforma laboral que propondría el gobierno. Sin embargo, mostrando el poco apego a la verdad que ostenta el macrismo, unos pocos días después de los comicios se conoció una iniciativa con 145 artículos en los que se plantea “promover la liberación de las fuerzas de la producción”, repitiendo el léxico de Martínez de Hoz cuando criticaba “el intervencionismo estatizante y agobiante”.

Una reforma para despedir más fácil y bajar los sueldos. El proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno plantea una serie de cambios en contra de los trabajadores. La puesta en vigencia de esta ley implicaría:

– Será más fácil y más barato despedir.        Cambia la forma de calcular las indemnizaciones (pagarán menos por despidos sin causa). No se tomarán en cuenta aguinaldos, adicionales ni horas extras.

– Los empleados podrán trabajar más de 8 horas sin que se paguen horas extras. Habrá un “banco de horas” que permitirá que el el empleado trabaje después de su horario algunos días sin que se paguen como horas extras, las que se compensarán con la salida anticipada en otros días.

– La empresa podrá tener trabajadores sin contrato. Los llama “trabajadores autónomos económicamente dependientes”: serán los que trabajen para una persona o empresa y que cobren por ello hasta el 80% de sus ingresos anuales.

– Bajarán las multas por tener empleados en negro. Actualmente el empleador que tenga trabajadores en negro tiene que pagarle a los empleados la cuarta parte de los salarios no pagados; la nueva ley lo reduce a la cuarta parte del Salario Mínimo Vital y Móvil, y no irá al laburante sino a los organismos de seguridad social. Del mismo modo se reduce la sanción por registrar a un trabajador en una fecha posterior a la que efectivamente comenzó a trabajar.

– Permitirá “pasantías” para estudiantes que sólo cobrarán un “estímulo”. Estos pasantes no tendrán derechos laborales ni se realizarán aportes ni contribuciones por su ocupación.

-El empleador podrá cambiar libremente las funciones del empleado. El trabajador sólo lo podrá denunciar si eso está explicitado en su respectivo Convenio Colectivo de Trabajo; los convenios vigentes no suelen reglamentar esta tarea.

– A los empleadores les convendrá despedir a los trabajadores con mayores sueldos y más antigüedad (para eso pagarán menos indemnizaciones), y contratar nuevos con sueldos bajos, con muy poco o nulo aporte patronal.

Menos aportes, desfinanciamiento de la Seguridad Social. Además de los retrocesos en las condiciones de trabajo, la iniciativa oficial prevé la reducción de aportes patronales.

El artículo 28 del proyecto crea un “mínimo no imponible”, que irá modificándose año a año según los valores del índice de precios al consumidor del INDEC. Los aportes patronales se calcularán sólo por la parte del salario que esté por encima de ese mínimo.

Según CEPA, las contribuciones pasarían de más de $370.000 millones en este año a poco más de 274.000 millones. El sistema de seguridad social recibiría $43.000 millones menos, lo que significa una reducción del 11% respecto de lo que actualmente se recauda para el sistema por estos conceptos.

Estas decisiones van de la mano de la decisión de eliminar la movilidad jubilatoria, reduciendo la capacidad adquisitiva de los haberes de los jubilados.

GANADORES Y PERDEDORES

A las facilidades para disponer de trabajo precarizado y la reducción de su colaboración para el sistema previsional, el proyecto agrega otras ventajas para los empleadores, aunque el gobierno los presente de manera inversa. El “blanqueo” de trabajadores implica el perdón total de las multas y sanciones que le cupieran al empresario que tenga empleados en negro; el proyecto prevé incluso que el patrón que acceda al beneficio será retirado del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, como si nunca hubieran tenido trabajadores “en negro”.

Si la empresa no pusiera sus empleados en blanco, el trabajador sólo tendrá un año para litigar ante la justicia; hasta ahora ese plazo es de dos años, y antes de la dictadura era de cuatro.

La posibilidad de despedir más barato y con mucho menor costo comparativo para los menores sueldos, conforma el combo que piden la UIA y los monopolios. A corto plazo, y con el aporte de los despidos del Estado, se conformará una masa de trabajadores desocupados obligados a aceptar sueldos más bajos y malas condiciones de trabajo.  Y con sueldos más bajos, la economía de las mayorías se verá deteriorada.

La CGT ha actuado como un cómplice necesario en esta embestida. Se sentó a “negociar” sobre un proyecto que implica retrocesos para los trabajadores y no articuló ninguna instancia de lucha; ni siquiera de debate. Es urgente articular formas de lucha, uniendo las expresiones combativas, junto a organizaciones sindicales, políticas y sociales que se planteen poner freno a esta reforma y otras medidas que vienen a deteriorar aún más las condiciones de vida de los trabajadores.

JORGE RAMÍREZ