La represión policial va en aumento

            Dirán que vivimos en democracia, lo que es cierto, pero con la aclaración de bien burguesa, dependiente y en forma creciente asentada en los palos, golpes y gases de la policía, en sus diversos componentes, provinciales y nacionales.

            Y eso, aunque se trate de ocultarlo, tiene múltiples causas. La injusticia en general, que aumenta las necesidades de la gente, cada vez más pobre. La historia y doctrina de fuerzas policiales entrenadas para reprimir el conflicto social. Y las líneas políticas de los diferentes gobiernos que, con matices, no le hacen asco a dar la orden de reprimir.

            En eso último los gobiernos macristas llevan la delantera, en su momento con la doctrina Chocobar y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, con la desaparición de Santiago Maldonado y el crimen de Rafael Nahuel. Eso más lo que hacen sus aliados y socios como Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, socio del PRO en Juntos por el Cambio, encarcelando hasta hoy durante más de seis años a Milagro Sala. Hoy Morales sigue reprimiendo a los reclamos de los desocupados, como lo grafica las detenciones de Sebastián Copello del Polo Obrero y Juan Choroloque del MTR 12.

            Pero los kirchneristas, en coincidencia con los macristas no se quedan muy atrás, como lo se vio en la represión policial contra lo reclamos de documentalistas y estudiantes de cine en la puerta del INCAA, donde reclamaban la renuncia del director Luis Puenzo. Sufrieron golpes y hubo tres detenidos. Si bien la policía que hizo eso es de la CABA, el justo reclamo está orientado contra una dependencia del gobierno nacional por los ajustes que allí se realizan: van a eliminar los aportes al INCAA, el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y bibliotecas populares de todo el país. Otra vez se nota la mano del acuerdo con el FMI, de achicar el gasto público. Y si es en cultura, mucho más.

            Y unos días atrás se vio también esa coincidencia entre larretistas-macristas y frentetodistas, en relación a las demandas de los desocupados. Unos y otros calificaron esas demandas como “extorsión”, como delitos, y plantearon una línea represiva, que no pudieron llevar a cabo porque hubiera tenido un altísimo costo político para ambos, toda vez que el 1 de abril hubo 60.000 personas y 2.500 carpas acampando frente a Desarrollo Social. Pero la línea represiva contra los desocupados quedó claramente expuesta.

            El kirchnerista que lo expuso en forma más brutal, como es su estilo facho, fue Sergio Berni, todavía ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, quien dijo coincidir completamente con Larreta y Bullrich contra los movimientos de desocupados. Antes de eso como secretario de Seguridad nacional reprimió muchos conflictos obreros en la avenida Panamericana. Y luego, ya como ministro del gobernador Kicillof, lo hizo en forma criminal contra los sin techo que ocuparon tierras en Guernica.

            La coincidencia entre unos y otros gobernantes, más la actuación acelerada de la justicia oligárquica, se vio ante la protesta multitudinaria contra el acuerdo con el FMI, el 10 de marzo pasado. Hubo militantes que arrojaron piedras al Congreso, indignados por la votación de ese acuerdo fondomonetarista. Los reprimieron, los detuvieron y ahora la jueza María E. Capuchetti decidió el procesamiento de Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos. Les imputó los delitos de intimidación pública y daño calificado.

            El 8 de abril efectivos de la Policía de Córdoba reprimieron un acampe que se desarrollaba sobre Ruta 5 km 47 en contra de la construcción de otra autovía. El desalojo fue violento y terminó con dos vecinos detenidos, según denunció la Asamblea Paravachasca. Intervinieron Policía, Guardia de Infantería, E.T.E.R y otros cuerpos especiales, que dependen del gobernador Schiaretti.

            La policía en nuestro país, con pocas excepciones, es la del “gatillo fácil” y la represión a los movimientos sociales. Es también la que se usa para garantizar los acuerdos con el FMI, los ajustes y el pago de la fraudulenta deuda externa.

PABLO LOZA